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Fondos europeos: qué queda por repartir y qué pasa si cambia el Gobierno

España es el único país de la UE que ha recibido tres pagos de un plan de recuperación que tiene todavía un largo recorrido y al que el próximo Ejecutivo deberá dar continuidad.

Sánchez y Von der Leyen
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Mariscal / EFE

Con la legislatura terminada, la valoración que hace el Gobierno de cómo se están aprovechando los fondos de recuperación tras la pandemia que aprobó la Unión Europea (UE) se resume en una cita extraída de un documento de Presidencia del Gobierno al que ha tenido acceso Público: "España es el país más adelantado". Sin embargo, el Plan de Recuperación todavía tiene recorrido.

¿Cuánto dinero del que se ha recibido tiene que repartirse todavía? ¿Y cuánto queda por recibir? Por otra parte, con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿un cambio en Moncloa tendría alguna implicación en la recepción de los fondos?

Lo primero que hay que considerar es la horquilla temporal que la UE ha fijado para desembolsar los fondos: 2021-2026. Hasta entonces, el plan puede llegar a movilizar hasta 160.000 millones de euros, algo más del 12% del PIB español. Esa es la cifra total que se maneja tanto en concepto de transferencias no reembolsables, como de préstamos.

Pero, ¿en qué punto está España? En estos momentos, el país ya ha recibido 37.073 millones de euros en transferencias no reembolsables, esto es, que no tienen que devolverse. En total, tiene asignados 70.000 millones en ese mismo concepto. Sin embargo, de esos más de 37.000 millones que ya le han sido otorgados, unos 10.000 todavía no se han adjudicado a proyecto alguno.

¿Qué dicen los números?

  • El Plan de Recuperación europeo puede llegar a movilizar 160.000 millones de euros para España.

    Están a disposición 70.000 millones de euros en concepto de transferencias no reembolsables, de los cuales ya se han cobrado 37.037. Unos 10.000 de ellos todavía no se han adjudicado.

    84.000, en concepto de préstamos, que se irán solicitando, por partes, en las próximas fases del plan.

    7.700 millones, en forma de transferencia adicional.

    2.586 millones, a través del fondo REpowerEU.

Ese es un primer paso para determinar qué parte de los fondos está, todavía, sin repartir. Si se tiene en cuenta el dinero que ya está en mano del Gobierno, son esos 10.000 millones. No obstante, como explica la experta en Derecho europeo Julia Fernández Arribas, "a medida que España vaya cumpliendo los hitos que se han acordado con la UE, el gobierno podrá solicitar progresivamente el desembolso de la cuantía restante", por lo que carece de sentido centrar el tiro únicamente en ese porcentaje (el 30% de lo recibido) no adjudicado.

Movilización de otros 94.000 millones

En la adenda al plan de recuperación que aprobó el 6 de junio el Consejo de Ministros, el Gobierno incorpora tres novedades con respecto al documento que se aprobó en 2021. Si la Comisión Europea diera su visto bueno, se desbloquearían otros 94.400 millones de euros.

De ese monto total, 84.000 serían préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y tampoco llegarían al arca española de forma automática, sino que quedarían disponibles para solicitarlos a medida que el país fuera encontrando vías para invertirlos.

España dispondría de otros 7.700 millones en forma de transferencias adicionales y 2.586 corresponderían a los fondos del plan REPowerEU, aprobados por motivo de la guerra en Ucrania con el objetivo de producir energía limpia, además de diversificar las fuentes por las que se obtiene en el marco de un mercado estresado por el conflicto. 

Desde el Gobierno apuntan que ya se han llevado a cabo más de 400.000 proyectos de empresas gracias a los fondos Next Generation y que, en la actualidad, hay varias convocatorias abiertas, como la H2 Pioneros o la Misiones Chip, por poner dos ejemplos.

Recursos por CCAA de los fondos de recuperación publicado en la adenda.
Mapa del reparto de los fondos por comunidades autónomas extraído de la Adenda al Plan de Recuperación, publicada el 6 de junio de 2023. Gobierno de España

En la propia adenda, también se especifica qué cantidad de dinero se va a transferir a las comunidades autónomas, toda vez que una parte de los fondos europeos se ejecuta directamente desde la Administración Central, por ejemplo, los PERTE; pero otra, desde las autonomías. En concreto, el 6 de julio se aprobó transferirles 23.458 millones de euros. Andalucía (3.689), Cataluña (3.489), Comunidad de Madrid (2.536) y Comunidad Valenciana (2.210) son las que más van a recibir.

Y si hay cambio en Moncloa… ¿Qué?

Un eventual cambio en el Gobierno de España podría dar lugar a un aumento de la cuantía desbloqueada "únicamente si el nuevo gobierno  solicitara una sucesiva ampliación de los fondos disponibles a la Comisión Europea", zanja Fernández Arribas. En lo referente a la estructura general del Plan de Recuperación, además, "el nuevo gobierno podría proponer modificaciones de los hitos o reformas negociados originalmente, pero esto solo sería admisible bajo circunstancias excepcionales", de acuerdo con la propia Comisión.

¿Y en lo referente a la adjudicación de ese dinero? "En los proyectos que reciben fondos", argumenta, "hay bastante margen de maniobra".

Otro factor sensible es el cumplimiento o no de los hitos que marca la UE, que tienen que ver, sobre todo, con cuestiones relativas a transición ecológica, digitalización y cohesión territorial. Una de las razones por las que España es el único país que ha recibido el tercer pago de los fondos de transferencia estriba, precisamente, en que es uno de los que más hitos (121 de 416 que propone la UE) ha logrado asumir.

El próximo Ejecutivo, tanto si continúa en manos de Pedro Sánchez, como si hay un cambio de signo político, deberá continuar la misma senda si quiere conservar "el ritmo de crucero", como lo llaman desde la Administración, de recepción de partidas.

Lo más inmediato, eso sí, tiene que ver con la adenda en cuestión. La Comisión Europea tiene que aprobarla, como máximo, en dos meses, pero el Gobierno que resulte de las elecciones del 23J tiene plena potestad para modificar su contenido. 

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