La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha recurrido en apelación la inadmisión por el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona la querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo durante su detención en los años 70. 

La Fiscalía considera que el archivo resulta "prematuro", puesto que, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD), no cabe el rechazo de plano de la querella, sino que es necesario llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto para poder adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento.

Recuerda, además, que la doctrina jurisprudencial alegada en el auto recurrido corresponde a un marco jurídico anterior a la Ley de Memoria de 2022. 

Para el Ministerio Fiscal, se trata de "realizar una aplicación del principio pro actione y del derecho a la justicia integradora de una interpretación con enfoque de derechos humanos y respetuosa con los principios vertebradores del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Tratados y Convenios sobre la materia, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución". 

Este recurso, el primero que interpone la Fiscalía en un caso de torturas a militantes antifranquistas, abre la línea de actuación de la Fiscalía de Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, ante otros futuros archivos judiciales, según fuentes del departamento, que sostienen que se recurrirán las inadmisiones de querellas de este tipo, para forzar su investigación, como obliga la Ley de Memoria Democrática. 

"De acuerdo con las previsiones de la LMD, el derecho a la justicia debe operar con mayor rigor cuando se trata de investigaciones de graves violaciones de los Derechos Humanos que pueden constituir crímenes contra la Humanidad o cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad", subraya la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, en un informe dirigido a la Fiscal jefa de Barcelona.

Delgado alega, apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo, así como en tres votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que "el deber de investigar está aquí íntimamente ligado con el derecho a la justicia, así como con el derecho a la verdad".