La Fiscalía se querellará contra Mas y Joana Ortega por la consulta del 9-N

La Fiscalía Superior de Catalunya se querellará contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9-N en Cataluña, según fuentes jurídicas que cita Efe. La querella se presentará probablemente este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada la condición de aforados de los denunciados, a los que el ministerio público podría atribuir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

La Fiscalía de Cataluña está trabajando esta tarde en el borrador de la querella que les ha remitido la Fiscalía General del Estado, en el también aparece como denunciada la consellera de Enseñanza, Irene Rigau. El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9-N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes. Según el borrador que le ha transmitido la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña baraja en la querella varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9-N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

"Sin precipitación"

Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado por la mañana que el ministerio público se pronunciará "sin ninguna precipitación" sobre el 9-N y ha añadido que "los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos".

La querella de Fiscalía podría acumularse con la denuncia que el sindicato ultraderechista Manos Limpias ha presentado contra Mas y algunos consellers, y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no ha admitido a trámite, precisamente a la espera de que el ministerio público se pronuncie sobre la misma, según las mismas fuentes. El TSJC deberá decidir también si asume en la misma investigación las denuncias presentadas por formaciones políticas y particulares que se están investigando en juzgados de toda Cataluña por el proceso participativo.

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