OVIEDO.- Una vez más la ley de Amnistía, la Transición, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de juzgarlo, habría que hacerlo en España. La Fiscalía General del Estado ha esgrimido estos motivos para pedir la suspensión de la declaración de los 19 altos cargos del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. Asimismo, la Fiscalía también ha pedido suspender la declaración de los querellantes, entre ellas la de Gerardo Iglesias, que tenía que haberse producido este martes y que finalmente ha suspendida. 

El escrito presentado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, pero no la defensa de Gerardo Iglesias, se opone a dar cumplimiento a la diligencia de auxilio judicial tramitada por la juez argentina María Servini de Cubría e incide en que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española y no a la argentina e incide además en que estarían "claramente prescritos".

Según el Ministerio Público, el objeto "indeterminado" del proceso y la extensión temporal que trata de abarcar, entre 1936 y 1977, "apuntan a una especie de causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores". Además, incide en que, pese a que los tratados internacionales determinan que los delitos contra la humanidad no prescriben, esa exigencia ha sido llevada al ordenamiento jurídico español, tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica.

Asimismo, subraya que a los hechos investigados en Argentina les sería de aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 que fue, afirma la Fiscalía, "consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo" así como una reivindicación "necesaria e indispensable dentro de la operación llevada a cabo para desmontar el entramado del régimen franquista".

Según el Ministerio Público, dado el "evidente" sentido de reconciliación de la Transición, que "exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo", la Ley de Amnistía no fue una normativa "aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes" y la Constitución sí derogó otras normas pero no ésta al ser "un pilar esencial para superar el franquismo".

Dado que la Transición fue "voluntad del pueblo español, articulada en una ley" que continúa vigente y cuya derogación correspondería al Parlamento, ningún juez o tribunal puede, según la Fiscalía, "cuestionar la legitimidad de tal proceso". La Fiscalía rechaza también la apertura de una causa en Argentina sobre los menores sustraídos durante el franquismo dado que se está investigando en los tribunales españoles.

Por su parte, la responsable federal de Memoria Democrática de Izquierda Unida, Esther López Barceló, ha tachado de “intolerable cacicada” e “impresentable trato judicial” esta actuación de la Fiscalía, que “sigue garantizando la impunidad del franquismo y no los derechos de las víctimas”.