La Fiscalía de la Comunidad de Madrid se acaba de pronunciar sobre la comisión rogatoria cursada por la Justicia andorrana ante la imputación del expresidente Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz en la investigación sobre la derivada andorrana de la operación Cataluña, llevada a cabo por la llamada brigada política. Y lo hace para pedir que no se suspenda cautelarmente la comisión rogatoria, tal y como ha solicitado Rajoy. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había paralizado hasta este jueves la tramitación, a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Ahora esta ha remitido un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM en el que se opone a la suspensión cautelar solicitada por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la resolución del Secretario de Estado de Justicia del pasado 30 de septiembre de 2022, que inadmitía el recurso de alzada contra el acto de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra. 

De esta manera trata Rajoy de paralizar el envío de la información recibida del Juzgado de Instrucción 32 a las autoridades andorranas, en el marco de la comisión rogatoria para investigar la presunta participación de Rajoy y de sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz en las presuntas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información sobre independentistas catalanes, en lo que se ha llamado operación Cataluña.

Para la Fiscalía, la alegación de Mariano Rajoy sobre una posible vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva lo que encubre "realmente" es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid y la Sección de la Audiencia Provincial "ajenos a esta jurisdicción y sin perjuicio de los derechos que a la parte pudieran asistir en el ámbito de la jurisdicción penal".

El escrito subraya que el "cuestionamiento" que se realiza a la actuación de la Dirección General, que a juicio del recurrente es más que "un acto de mero trámite", "sería en su caso un examen de legalidad ordinaria, no susceptible de evaluarse por el procedimiento especial de derechos fundamentales al no estar acreditada la vulneración del artículo 14 que se invoca". 

El objeto de la solicitud de medidas cautelares se centra en la petición del expresidente Rajoy de suspender la ejecución de la resolución impugnada, esto es, la que inadmitía el recurso de alzada contra el acto de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la Comisión Rogatoria Internacional procedente de Andorra, según la Fiscalía.

Rajoy está imputado por la Justicia andorrana por los presuntos los delitos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión. La jueza Stéphanie Garcia Garcia le investiga por utilizar presuntamente medios ilegales para obtener de la Banca Privada d'Andorra datos sobre líderes políticos catalanes, presionar al Gobierno andorrano para que interviniera la entidad bancaria y propiciar con datos falsos su caída.