Una fiscal general en 'la silla eléctrica'

Madrid.- Si algo se propuso Eduardo Torres-Dulce cuando accedió al cargo en 2011 fue que la Fiscalía lucharía contra la corrupción, “venga de donde venga”, al considerarla el mal de la democracia. Sus palabras sonaban algo manidas en las Cortes Generales, y siguieron sonando huecas tiempo después cuando insistía en la independencia de los fiscales.

Estos tres años transcurridos han confirmado que se tomó en serio su anuncio al subirse a “la silla eléctrica”. Así tildan al puesto de Fiscal General del Estado quienes conocen la santabárbara del ministerio público. Eléctrica, por las descargas de presiones políticas y económicas que recibe el máximo responsable de la acusación pública en España.

Torres-Dulce tenía asumidas las descargas, pero dimite cansado, harto de desaires y desencuentros con el Gobierno que lo nombró, y que no ha tenido en cuenta su opinión en las reformas que emprendía, junto a su reclamación de más medios materiales y de recursos humanos para la Fiscalía.

Sus pulsos ‘silentes’ con el Gobierno eran constantes, a causa de su tendencia a dejar libres a los fiscales en los casos de corrupción. Hace un mes empezó a decir en público lo que aseguraba en privado: que no aceptaba presiones de nadie. Tiempo que coincide con las filtraciones del entorno del Ejecutivo para forzar su renuncia al cargo.

Los rumores sobre su dimisión circulaban desde hace un año y medio, por sus desavenencias con el Gobierno a causa de la libertad que había dado a los fiscales Anticorrupción en los casos de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas; la trama corrupta de Gürtel; el Instituto Nóos; la investigación de los ERES de Andalucía, y, en especial, la querella sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre en Catalunya.

Consuelo Madrigal, Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, sonaba con fuerza para el cargo el mismo día de la dimisión

Su salida ha sido también silente: tan sólo dos párrafos ocupaba el comunicado de su dimisión de un cargo de la importancia social como la dirección del ministerio público de un estado de la Unión Europea. Sólo argumenta “motivos personales”, que es en lo que se basa el Gobierno para echar balones fuera.

Suena con firmeza una mujer como sustituta. Es Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de Sala Coordinadora de Menores desde el año 2008 en la Fiscalía General del Estado.

Madrigal es una fiscal de prestigio y la máxima responsable de la coordinación del ministerio público para la protección de los menores en situación de riesgo o desamparado y ante las infracciones de los menores españoles. Su desginación es histórica, ya que hasta ahora nunca una mujer había alcanzado la máxima responsabilidad del ministerio público.

Su perfil cuadra con el que buscaba el Gobierno: alguien próximo desde el punto de vista de sensibilidad ideológica, fiscal ejerciente, que no le importe estar sólo un año en el cargo al tener colmadas sus aspiraciones, porque el nuevo Gobierno que resulte elegido en las próximas elecciones generales tendrá que designar un Fiscal General del Estado.

Todo eran quinielas este jueves. Así, Europa Press apuntaba a Pilar Fernández Valcárcel. Es delegada para la atención de las víctimas de delitos violentos, como los terroristas, desde el año 2004. Fue la primera mujer que accedió a la cúpula de la carrera fiscal, cuando en 2003 fue nombrada fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Nacida en 1952, es Licenciada en Derecho e ingresó en 1977 en la carrera fiscal.

También sonaba una tercera mujer: Nuria Díaz Abad, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Abogada del Estado, de la confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno.  Pero el manto de sospecha extendido con la salida por “motivos personales” de Torres-Dulce, hace que algunos sectores populares coloquen como prioritaria la necesidad de nombrar a un fiscal ejerciente para el cargo.

Visto bueno de los tres poderes

Otros tres candidatos habrían sido sondeados sin éxito o sus nombres nombre se habían barajado.

Era el caso Antonio del Moral, fiscal de prestigio como todos los demás que suenan. Magistrado del Tribunal Supremo y doctor en Derecho, diversas fuentes sostienen que habría rechazado la oferta porque sólo estaría un año en el cargo.

También figuraba en las quinielas Miguel Colmenero, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como el anterior y exportavoz de la Asociación de Fiscales. Sin embargo, es un fiscal de la confianza de Torres-Dulce por lo que este jueves diversas fuentes daban por hecho que no sería propuesto por el Gobierno.

El cargo de Fiscal General del Estado es el único que tiene que tener el visto bueno de los tres poderes. El Ejecutivo, que lo propondrá este viernes. El Judicial, cuyo pleno del CGPJ ha sido convocado para este lunes 22 de diciembre con el fin de examinar la idoneidad del candidato o candidata. Y, por último, el Legislativo, cuya Comisión de Justicia ha sido convocada para el 8 de enero con el fin de estudiar la candidatura.

Antes de la dimisión de Torres-Dulce se sondeó para el cargo al magistrado Fernando Grande-Marlaska, vocal del CGPJ y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero, al parecer, él transmitió que declinaba el ofrecimiento. Su aspiración pasa por ser miembro de la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces después de que dentro de año y medio cese como presidente de la Sala de lo Penal de la AN.

Todo hubiera sido diferente si la renuncia se hubiera producido antes del 30 de septiembre. Ese día Manuel Marchena, fiscal de fuerte carácter, de la confianza del Gobierno, fue elegido por el CGPJ como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Y el sector conservador tampoco quiere ahora perder esta baza al frente del tribunal que juzgará a los aforados más importantes de los escándalos de corrupción.

Esa lucha contra la corrupción que Torres-Dulce se propuso como prioridad en 2011. Es más, ha dimitido reforzando la Fiscalía Anticorrupción con cuatro plazas más. El acuerdo fue adoptado en el Consejo Fiscal de este miércoles, donde retiró otros nombramientos porque quería “reflexionar sobre su futuro”, con la intención de dejar estos puestos claves libres para su sucesor... O sucesora.

Una dimisión anunciada

Hasta su dimisión, formalizada este jueves, Eduardo Torres-Dulce ha reforzado la Fiscalía Anticorrupción y ha respaldado las actuaciones de sus subordinados mientras recibía descargas de presiones, a medida que se negaba a encauzar los escándalos de corrupción para embarrancarlos en diques secos.

Se negó a parar la investigación sobre los papeles del extesorero popular Luis Bárcenas que arrastra a este partido durante su instrucción; ha aguantado el tipo en el caso Gürtel, con el partido del Gobierno en el epicentro del escándalo; ha respaldado la actuación de la fiscalía en la instrucción del Instituto Nóos, y ha defendido la independencia de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ante la querella que anunciaba el PP antes de tiempo sobre la consulta alternativa del 9 de noviembre.

Desde hace un año y medio circulaban los rumores de su posible dimisión. Esta ha sido la crónica de una dimisión anunciada. A pesar de las presiones y los vacíos, Eduardo Torres-Dulce quería continuar hasta el final y completar los cuatro años de su mandato. Es más, rechazó una salida que le ofreció Alberto Ruiz-Gallardón: ser magistrado de enlace en París, toda una perita en dulce que él no aceptó porque “no le compraba nadie”, como dicen que contestó a la oferta.

En el último mes asistía a maniobras del Gobierno para forzar su dimisión, ya que el Fiscal General del Estado sólo cesa a petición propia. Recibía fuego granado desde los cenáculos de ministros y políticos del PP con periodistas, donde expresaban su malestar contra Torres-Dulce y hasta filtraban nombres de sustitutos, con el fin de hacer palanca y provocar que saltara.

Fue entonces cuando dejó de callar, y comenzó a hablar y asegurar en público que no aceptaba presiones de nadie. Pero la gota que colmó el vaso de la paciencia del dimitido Fiscal General del Estado ha sido que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, emulara a su antecesor Ruiz-Gallardón y no le consultara la batería de reformas que acaba de remitir a las Cortes, en especial la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ahora regresa a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional.