El fiscal Alejandro Luzón solicita cinco años de cárcel para Rodrigo Rato, ex presidente de Bankia, así como penas de prisión para sus exdirectivos José Luis Olivas (cuatro años), José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Hacienda (tres años de cárcel) y Francisco Verdú (dos años y siete meses de prisión) por falsear la información de la entidad financiera en la salida a Bolsa de 2011.

La fiscalía ha presentado su escrito de acusación después de que el 11 de mayo el juez Fernando Andreu diese por concluída esta investigación. 

El ministerio público solicita sentar en el banquillo al exministro de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y sus tres exdirectivos por falicitar información falsa sobre la situación económica a los inversores, lo que está penado en el Código Penal (articulo 282 bis).

La Fiscalía pide para Rato cinco años de cárcel, petición que implica la pena agravada prevista en dicho artículo, que establece prisión de uno a seis años a los administradores que causen un perjuicio de notoria gravedad a los inversores.

Además, solicita una multa para el exministro de 60.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo y la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.
En el caso 

Luzón ha dado marcha atrás a su posición anterior a la llegada de José Manuel Maza a la Fiscalía General del Estado. Así, ha pedido el archivo de la causa para 33 antiguos consejeros por el delito de falsedad contable, así como el archivo de las responsabilidades penales de Bankia y su matriz, BFA.

La Fiscalía rechazó en su día enjuiciar al ex Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura,  debido a que no los consideró responsables de lo sucedido.

El juez deberá abrir un juicio oral tras recibir los escritos de acusación. Rodrigo Rato ya ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black.

Ocultaron un riesgo "cierto y real"

La Fiscalía acusa a Rato y a la cúpula de Bankia de ocultar un "riesgo cierto y real" a los inversores en la salida a bolsa de 2011.

El hundimiento de Bankia fue un "espectacular quebranto" y "los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar [la situación] a los potenciales inversores para no frustrar la operación".

Anticorrupción admite que los acusados suscribieron un folleto en el que informaban "de manera exhaustiva de los factores de riesgo que conllevaba la oferta de los títulos de Bankia", llegando a identificar hasta 36, pero estas advertencias "estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que la inversor, especialmente el minorista, incapaz de asumir semejante lista de riesgos".

"El cúmulo de contingencias descrito, precisamente por su extraordinaria amplitud, acabó dibujando un riesgo remoto y ocultando, por el contrario, el riesgo cierto y real: el de un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales", explica.

'Hazte bankero'

Tanta información que ocultaron contrasta con la intensa campaña publicitaria desplegada en la salida a bolsa y que explicaba la "supuesta potencia del grupo". Así, la Fiscalía recuerda el eslogan de 'Hazte bankero' utilizado en dicha campaña y las alusiones a los "11,2 millones de clientes, 21.000 empleados, 3.500 oficinas, 7.500 cajeros y 272.000 millones de activos totales del grupo".

"Paralelamente, la dirección de Bankia encomendaba a la red de oficinas de las cajas el enorme esfuerzo de vender las acciones entre sus clientes habituales" quienes "nunca recibieron información adicional acerca de la debilidad del proyecto, ni públicamente a través del folleto ni privadamente de los empleados de las sucursales".

La inversión mayorista "tampoco fue fácil" debido a que estos fondos disponían de "mayores recursos para acceder a una información notablemente superior" a los minoristas.

Por ello, Bankia recurrió a la "colocación de acciones a acreditados con operaciones refinanciadas y con retrasos generalizados en el pago de las cuotas o a otros que sólo compraron porque Bankia les protegió de las minusvalías futuras que pudieran registrar las acciones, caso de Corporación Gestamp".

"Fue así que se consiguió sacar adelante una operación en la que los inversores minoristas asumieron un riesgo extraordinariamente superior al que conlleva siempre una inversión bursátil, merced a una información que no les advertía de los riesgos ciertos de su inversión al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia", explica.

La inviabilidad de Bankia

Los potenciales inversores "tampoco fueron advertidos en el folleto o en la información complementaria difundida sobre las consecuencias del fuerte descuento del precio de las acciones, que chocaba frontalmente con las expectativas de recuperación de los flujos recogidos en las valoraciones contables que los principales responsables de Bankia habían considerado como las óptimas y adecuadas para preparar la información contable".

"Esta circunstancia, junto con la incapacidad de la entidad de generar beneficios, ocultadas ambas a los inversores, evidenciaba la inviabilidad de Bankia y su necesidad de solicitar nuevas y cuantiosas ayudas públicas", subraya la Fiscalía.

"La salida a Bolsa, con un descuento del 74% sobre el valor contable, llevaba implícito lo que se quería evitar: el incumplimiento del coeficiente de solvencia. Ello determinó que sólo unos meses después el FROB se viera obligado a facilitar nuevas ayudas públicas, entrando en el capital de BFA y Bankia", concluye el escrito.