El fiscal pide al juez Castro que investigue la compra y reforma ilegal de la sede del PP balear

PALMA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha entregado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, las facturas relativas a la reforma de la sede del PP, que junto a su compra fue financiada de forma presuntamente ilegal por parte de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que, junto a las facturas, el representante del Ministerio Público ha presentado la declaración que prestó en su día el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien confesó estos hechos ante el fiscal. La documentación prevé ser incorporada al caso Palma Arena.

El fiscal ha desgajado de este modo las investigaciones que lleva a cabo en torno a la financiación supuestamente irregular del PP, remitiendo al magistrado los datos recabados hasta el momento en torno a su sede. Documentos de los que, una vez Castro los una a la causa que instruye desde hace más de cinco años, dará traslado a las partes para proseguir con las pesquisas.

Precisamente, sobre estos hechos fue inquirido el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, a través de videoconferencia, al recordar que un empresario gallego, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, colaboró en la adquisición y financiación del inmueble junto a otros empresarios.

El propio Castro investiga en el marco del caso Palma Arena la supuesta financiación irregular del partido bajo el mandato de Matas, principalmente a través de los pagos que varias empresas llevaron a cabo con destino a las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos.

Entre ellas se encuentra Over Marketing, en cuyo beneficio habrían sido amañados diversos expedientes de contratación investigados en el marco de la pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares. En este fleco están imputados tanto Matas como el exdelegado del Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el expresidente del Parlament Pere Rotger, y el extesorero de la formación Fernando Areal.

Tal y como confesó el propio administrador de Over, Daniel Mercado, éste pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó en su día el declarante.

Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña de los 'populares'.

Sobre ello, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.

El propio administrador de Nimbus, Miquel Romero, reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.

Trabajos en beneficio del PP apgados con dinero público

Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado. En el marco de este fleco -pieza 4- figura además el pago de tres facturas por servicios prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.

Una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de 'servicios de Atesa'. "Nota común a todas estas facturas es que fueron pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos", incide Castro en uno de sus autos.

El instructor aludía asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern'.