El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha devuelto al Parlamento de Andalucía la tradicional división de dos bloques: las izquierdas se entienden con las izquierdas y las derechas con las derechas. Los cinco grupos han registrado en la Cámara sus propuestas para mejorar la financiación de Andalucía, un trabajo arduo y arenoso que resume cinco meses de reuniones con expertos y revisión bibliográfica. Ahora los letrados del Parlamento deben unir los puntos en común y elaborar un dictamen de consenso que se hará público el próximo 27 de febrero, a las puertas del Día de Andalucía.

Todos los grupos coinciden en que la región necesita más recursos, pero la izquierda y la derecha disienten en el modo de lograrlo. PSOE, Podemos e IU quieren que el Gobierno central ceda a las comunidades un mayor porcentaje de la recaudación tributaria para costear mejor su sanidad, su educación y sus políticas sociales. El PP, en cambio, rechaza que el problema esté en la insuficiencia financiera de las comunidades, y pone el acento en la “mala gestión de recursos que hace la Junta”. La posición de Ciudadanos es intermedia, levemente escorada hacia la postura del PP. Sin embargo, la presidenta Susana Díaz se ha empeñado a fondo estos días para retener a sus socios de investidura dentro del pacto andaluz por la financiación, y visualizar así el aislamiento político de su gran rival: el PP.

Susana Díaz quería llevar a Madrid “una voz conjunta, única y fuerte en materia de financiación”, un gran pacto de todos los partidos para fortalecer la posición de Andalucía en el debate territorial que sentará en la misma mesa a Gobierno y comunidades. “No será la posición del PSOE ni del PP ni de Podemos ni de Cs ni de IU. Será la posición de Andalucía”, advierte, con un pie ya en el 28F, la efeméride más importante de la autonomía. Una vez conocidas las propuestas y el grado de implicación de cada grupo, parece que la presidenta ha abandonado la pretensión de lograr unanimidad y se conforma (o se alegra) con que el acuerdo concilie a todos los partidos menos al PP.

En este punto hay dos versiones enfrentadas: los socialistas dicen que el PP se ha autoexcluido ya del pacto andaluz para hacer seguidismo del Gobierno de Mariano Rajoy. “El PP en realidad no quiere el acuerdo, porque si lo quiere debe demostrarlo participando de una forma más honesta y coherente en este debate”, denuncia el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco. Los populares, en cambio, denuncian justo lo contrario: que Díaz busca marginarles de la foto porque su verdadero objetivo es confrontar con el Gobierno de Rajoy. “Está aterrada porque cree que puedo llegar a un acuerdo con usted, porque eso le rompería el titular de prensa”, espetó el líder del PP-A, Juanma Moreno, a la presidenta en la última sesión de control.

Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía, y Juan Marín, líder de la formación naranja. EFE/Archivo

Dejando las declaraciones a un lado, en el papel se perciben notables diferencias de enfoque. La mayor de todas es que las fuerzas de izquierda piden que el Gobierno amplíe la tarta de la financiación autonómica en una horquilla que va de los 16.000 millones (que cifra el PSOE) a los 21.000 (de Podemos), de los cuales a Andalucía le corresponderían entre 4.000 y 5.000 millones de euros más. Ese dinero sería detraído de las arcas del Estado, que además aceptaría una mayor corresponsabilidad fiscal, sin aumentar los impuestos ni crear nuevos. Las comunidades retendrían más porcentaje de la recaudación del IVA y los impuestos especiales, como el tabaco o el alcohol, y el reparto del IRPF seguiría siendo al 50% con el Gobierno central. De modo que el nuevo modelo profundizaría en una mayor descentralización financiera y, por tanto, política.

Oxígeno a Cs; asfixia al PP

Es evidente que Rajoy, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Juanma Moreno no van a firmar esta tesis, y es discutible que la formación de Albert Rivera vaya a hacerlo. Las propuestas de PP y de Ciudadanos también admiten que las comunidades necesitan más recursos, pero no los buscan en el Estado. Confían en obtener más recaudación con la buena marcha de la economía y planean una lucha más incisiva contra el fraude fiscal y el mercado negro (por esta vía Cs calcula unos ingresos de 26.000 millones). Además, PSOE, Podemos e IU proponen fórmulas contra el dumping fiscal o competencia desleal entre las comunidades ricas, que más recaudan, y las más pobres. Mientras PP y Cs han hecho batalla por eliminar el impuesto decido de sucesiones y donaciones, emulando a Madrid.

En la recta final de las negociaciones, las tiranteces entre PSOE y PP se han acrecentado, como si ambos forcejeasen por culpar al otro de un escenario previsible: la falta de entendimiento y la ruptura del acuerdo unánime. En las últimas semanas, los socialistas han puesto mucho empeño en atraerse a las fuerzas de izquierda -Podemos e IU- con quienes han estado enfrentados toda la legislatura, y han hecho equilibrios para que la alianza eventual con la formación morada no empuje a sus socios de Ciudadanos fuera del círculo de confianza.

Susana Díaz no podrá formar un frente común andaluz para defender los intereses de su tierra en materia de financiación, pero aún aspira a lograr algo que Pedro Sánchez intentó sin éxito en junio de 2017: una gran alianza política entre Podemos y Ciudadanos auspiciada por el PSOE y con el objetivo común de confrontar las políticas de Rajoy. La presidenta de la Junta ha convocado a la formación morada y a la formación naranja para explorar si pueden colaborar juntos con el objetivo de cambiar la política del Gobierno del PP respecto de Andalucía.

La base del acuerdo es garantizar 4.000 millones de euros más de fondos estatales para la región y defender un nuevo modelo de financiación con el que ganar más autonomía financiera y política. “A Díaz no le preocupa dar oxígeno a Ciudadanos porque su objetivo es asfixiar a su verdadero rival, el PP, sobre todo ahora que Rajoy está volcado en Andalucía y viene todos los fines de semana a pelearse con el partido de Albert Rivera”, dice un veterano del PSOE-A.

La fragmentación de la derecha andaluza beneficia a Díaz. Los socialistas se entienden bien con la formación naranja, han aprobado juntos tres presupuestos autonómicos en una legislatura sin apenas roces. A la presidenta andaluza no le interesa darse codazos con ellos, ni siquiera ahora que sus socios tratan de endurecer su oposición a la Junta con la vista puesta en las elecciones de 2019, porque previsiblemente volverán a necesitarse la próxima legislatura. Cosa muy distinta es que Albert Rivera, que cabalga sobre el electorado del PP en las encuestas, vaya a permitir que su partido se dé la mano con el de Pablo Iglesias para la foto de un pacto andaluz sobre financiación.

Susana Díaz es consciente de que Rajoy y Montoro tienen paralizado el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, que caducó en 2014. Pero también es consciente del riesgo al que se enfrenta Andalucía si, como todo apunta, el epicentro del debate territorial se sitúa muy al norte, condicionado por las tensiones con los independentistas en Cataluña, y olvida las necesidades del sur. Los socialistas andaluces, que van camino de cumplir 40 años ininterrumpidos en el poder, dicen que “se juegan los próximos 40 años de autonomía andaluza”. No es casual que el desenlace de las negociaciones con el resto de partidos, que impulsó Díaz el pasado mes de septiembre, vaya a conocerse en la antesala del 28-F.