Si, históricamente, el motor tractor de la corriente federalista del PSOE se tenía que buscar en el PSC, ahora parece que es el PSPV quien ha cogido el relevo. Desde que en 2012 Ximo Puig se convirtió en el secretario general de la federación valenciana –entonces en plena crisis y en medio de una larga travesía del desierto que parecía eterna-, esta ha ido girando paulatinamente hacia posiciones más abiertamente federalistas.

Esta apuesta ahora ha quedado plasmada en la ponencia política que el PSPV ha publicado para su 14º congreso, convocado para el 12, 13 y 14 de noviembre. El texto, titulado "Avanzando en el estado autonómico: hacia una cogobernanza federal", apuesta por un "cambio radical en la concepción territorial del estado", para "profundizar en la federalización del Estado" y "avanzar hacia una España policéntrica".

Este debate llega casi ocho años después de que el PSOE aprobara la Declaración de Granada –en los primeros inicios del proceso soberanista catalán-, donde fijaba su proyecto de estado federal condicionado, eso sí, a una hipotética reforma constitucional "cuando se den las condiciones políticas". Desde entonces, pero, las "condiciones políticas" parecen ir más bien en dirección contraria, con un rearme de las pulsiones centralistas del estado, el crecimiento de Vox con un discurso que aboga incluso por la eliminación de las autonomías y los tics uniformizadores también entre parte importante del mismo PSOE.

En este contexto llega la nueva propuesta federalitzante que, a diferencia de las anteriores, no requiere ninguna reforma de la carta magna. "No renunciamos a renovar la Constitución ni al horizonte de la Declaración de Granada, pero podemos ir avanzando en la federalización del estado autonómico", explica en Público –Zuleima Pérez, Directora general del Diálogo Social, profesora de Derecho Constitucional de la UV y autora de la ponencia. Para Pérez, la pandemia ha demostrado que la gestión autonómica "es más eficaz". "Durante el primer estado de alarma se opta por la hipercentralitzación y resulta un fracaso", insiste Pérez.

Su propuesta es trasladar esta experiencia a la gestión ordinaria, reforzando mecanismos que ya existen, como la Conferencia de Presidentes o las conferencias sectoriales, donde las autonomías puedan consensuar políticas comunes sin la tutela del Estado central, de la misma forma en que lo hacen estados federales como Alemania o Suiza. "Esto puede tener grandes ventajas para la ciudadanía –continúa Pérez- sobre todo en áreas donde las competencias ya están transferidas, como por ejemplo en agricultura, ya que, además, permitiría acordar posiciones comunes hacia Europa que sean mucho más sólidas".

La propuesta, asegura Pérez, es "absolutamente constitucional", incluso teniendo en cuenta las interpretaciones cada vez más restrictivas del Tribunal Constitucional en cuanto a la recentralización de competencias. "En realidad, el TC ya ha aceptado la cooperación horizontal entre autonomías, lo que pasa es que hasta ahora, estas solo se han desarrollado en acuerdos bilaterales y ahora queremos ir hacia otros más multilaterales", concluye Pérez.

Más pesimista es el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Albert Noguera, quien alerta de la evolución recentralitzadora de la jurisprudencia del TC. Para Noguera, las propuestas en el marco legal actual "son muy limitadas" y "una mayor descentralización no es federalismo, sino un maquillaje para conseguir un encaje más estable" al marco actual. "Un modelo federal implica desmontar el actual estado autonómico", insiste Noguera.

Política de hechos consumados

En cierta forma, la estrategia fijada en la ponencia, ya está aplicándose por parte de la Generalitat valenciana. No solo en la reestablecida Conferencia de Presidentes o en la gestión de la pandemia, sino en la intensa actividad "diplomática" desplegada por Ximo Puig en múltiples frentes. Desde la alianza con las Baleares de Francina Armengol para reforzar la corriente federalista dentro del PSOE, hasta el restablecimiento de las relaciones con la Cataluña de Pere Aragonès, el frente común con Andalucía y Murcia –gobernadas ambas por el PP- para reivindicar una solución a la infrafinanciación, un movimiento que causó mucho malestar a Ferraz. O la última cumbre empresarial con todos los territorios que conformaron la histórica Corona de Aragón.

Esta actividad ha convertido Puig en una especie de contrapoder a la idea del hipermadrileñismo personalizado en la figura de Isabel Ayuso y su discurso "de España es Madrid". Su tesis, que fija el "problema territorial" español en la extrema preeminencia de la capital y no en el conflicto catalán, acompañada de la propuesta de una descentralización real, que incluya el reparto territorial de parte de las instituciones del estado, ponen a Puig a la contra del discurso mayoritario –político y mediático- con sede a Madrid, pero que está consiguiendo calar en las periferias.