Pazo de MeirásLa familia Franco se hizo con el pazo de Meirás a través de un "contrato simulado"

Un informe jurídico elaborado por encargo de la Diputación de A Coruña concluye que la transmisión del Pazo de Meirás a la familia Franco se hizo mediante un contrato simulado en 1941, pues el dictador ya lo utilizaba desde 1938, por lo que plantea acudir a los tribunales para solicitar la nulidad.

Xabier Ferreira, coordinador jurídico del estudio, ha considerado en una rueda de prensa que se ha celebrado en la Diputación de A Coruña que acudir a los tribunales es la "acción necesaria" para recuperar el Pazo de Meirás como bien público.

Ha añadido que ese proceso judicial debe emprenderlo "cualquier persona o administración con interés en demostrar que aquella compraventa no fue tal".

Según los datos históricos que maneja, la donación del Pazo de Meirás se concretó en el año 38, en el año 40 se aprobó la ley del patrimonio nacional y en el 41 se formalizó "una compraventa ficticia" de esas instalaciones porque así se evitaba que fuera incorporado como bien público.

"En marzo del año 38 figura en un documento privado una donación (del Pazo) aceptada en diciembre de 38 por el propio Franco con su firma" y cuando el dictador "ya ocupaba el bien", se escrituró notarialmente la compraventa por parte de una heredera lejana de Emilia Pardo Bazán a Franco y Carmen Polo, ha detallado.

El Pazo de Meirás fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y sirvió de residencia de verano durante muchas décadas al dictador. Dicha escritura, ha apuntado el experto, refleja un precio de venta bajo, recoge que no se entrega físicamente el dinero ante notario e incluye una cláusula por la que "no se puede reclamar nada contra esa transmisión" por las partes que acordaron la compraventa.

base a esos datos históricos, Ferreira ha argumentado que el contrato es simulado porque "en el año 1941 está comprando" el Pazo de Meirás "una persona que ya es poseedora y lo está vendiendo una persona que ya había vendido el bien".

"La consecuencia es la nulidad plena de la existencia de ese contrato. La compraventa no existió o es nula de pleno derecho y la acción para negarla no prescribe con el tiempo", ha advertido el profesor universitario sobre este inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Ferreira ha insistido en que "se estaba simulando" con una compraventa, a tenor del "relato histórico", cuando en realidad era la donación de "un bien al jefe del Estado para uso del jefe de Estado", como sucedía con el Palacio del Pardo, por lo que ha sentenciado: "No se donó el bien a Franco, sino al jefe del Estado".

"De esos bienes que se donan o se transmiten para uso del jefe de Estado los juristas venimos discutiendo la necesidad de distinguir el patrimonio de la persona rey del patrimonio de la Corona", ha sostenido. En este sentido y en opinión de los autores del informe, el Pazo debería "formar parte del patrimonio nacional" por ser "fruto de negocios simulados o ficticios" y, en consecuencia, deben instarse "acciones de naturaleza civil y jurídica".

La vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha asegurado que encargaron el estudio para revelar "cómo fue el proceso" de transmisión de este pazo y ha considerado que ha quedado "claramente demostrado" que se trató de un "expolio y robo al pueblo gallego".

De los informes se desprende que "los Franco pretendían dejar todo atado y bien atado a través de una clarísima superposición de cuestiones y bienes que pertenecen a la esfera de lo público y de lo privado con una confusión de los dos planos: intentaron impedir que este bien fuera considerado un regalo al dictador", ha zanjado.

Por ello, Sanmartín ha advertido de que deben "actuar de manera contundente y con agilidad", sin perder "mucho tiempo" porque la venta del pazo ha sido anunciada en una inmobiliaria cántabra de lujo."Los interesados (en comprarlo) deben conocer los problemas que tiene esta propiedad producto de un proceso ilícito de apropiación", ha añadido la vicepresidenta de la Diputación, que ha insistido en que el Pazo de Meirás debe ser un bien público.

El informe encargado por la Diputación será analizado y explicado en la reunión de la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás que se celebrará este jueves, de la que deben salir las "iniciativas necesarias para contribuir y acelerar ese proceso de devolución".