MADRID.- "La democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país, haciendo posible, en suma, que el pueblo gobernado pueda ser, en mayor medida, pueblo gobernante". Esa es la conclusión principal a la que ha llegado el Comité Técnico de Expertos designado por el Gobierno para elaborar el informe previo de lo que iba a ser el II Plan de Derechos Humanos. 

En el documento —hasta ahora censurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que será publicado próximamente por la Editorial Tirante Blanco—, los profesores universitarios expertos en derechos humanos abogan por reformar la Constitución, el sistema electoral, las leyes de financiación de partidos y fomentar las iniciativas legislativas populares y los referéndums con el fin, dicen, de conseguir una "democracia real".

"La democracia española tiene mucho que ganar y nada que perder mejorando la implicación de la ciudadanía en la vida política del país"

Lejos de quedarse en una simple expresión popularizada en su día por el 15-M, el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera encargado del capítulo de "Derechos de Participación Política" en Los derechos humanos en España: un balance crítico recurre al Derecho Constitucional y al Derecho comparado, así como a teorías de distintos expertos, para argumentar sus propuestas de mejora. 

Para empezar, Presno considera que "es necesario que la elección de los representantes se desarrolle a través de una fórmula que dote de pluralismo al sistema político". "En España las limitaciones a la igualdad de oportunidades y de resultados electorales datan del Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977, que reguló las primeras elecciones después de la Dictadura", recuerda, para citar las claves del sistema electoral: un mínimo de diputados por circunscripción, una distribución de escaños que, "paradójicamente, en un sistema proporcional, 'suaviza los efectos de nuestra irregular demografía y atiende a un mayor equilibrio territorial en la representación'", las listas cerradas y la ley D'Hondt. 

"El propio Consejo de Estado ha señalado 'que el sistema electoral presenta algunos aspectos que podrían ser susceptibles de mejora en aras de garantizar la igualdad de electores y partidos políticos en el proceso electoral y de revalorizar la participación de los ciudadanos en la designación de sus representantes'", cita el experto. Y cita, como ejemplo de mejora, el sistema electoral de los comicios al Parlamento Europeo, con una circunscripción única —y no 52—, "de manera que ningún voto se pierde para el recuento final". "Cada voto debe tener una influencia similar en la composición del órgano representativo", opina.

El comité propone incluir a los extranjeros residentes y a los jóvenes de entre 16 y 18 años como votantes

Además, los expertos —dirigidos por el profesor de la Universidad de Valladolid Fernando Rey incluso después de haber dejado de trabajar para el Gobierno— censuran la "denigración de los extranjeros residentes y los menores de edad con capacidad de autodeterminación política" en cuanto al derecho de sufragio se refiere, por lo que proponen incluirlos como votantes.

"La definición del pueblo del Estado no con arreglo al criterio de la nacionalidad, sino con el de la residencia favorecería la igualdad jurídica y el pluralismo participativo consustanciales a un sistema democrático", argumentan. Y piden un cambio "en el artículo 13 de la Constitución, que hoy impide el sufragio de los extranjeros en los comicios autonómicos y generales". 

Del mismo modo, Presno considera "constitucionalmente posible y democráticamente conveniente reflexionar sobre una rebaja de la mayoría de edad electoral por debajo de los 18 años [...], como sucede en general con la capacidad para el ejercicio de otros derechos". Entre ellos, los de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión o de elección de representantes sindicales, así como el de contraer matrimonio y otorgar testamento, enumera el experto. En España, la edad penal comienza a los 14 años y se puede trabajar a partir de los 16, esgrime también para justificar su recomendación.

"La propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó, el 23 de junio de 2011, a todos los Estados a 'estudiar la posibilidad de rebajar la edad para votar a los 16 años en todos los países y en todo tipo de elecciones'", recuerda. Una propuesta para la que "bastaría con modificar la Ley Orgánica 5/1985 de régimen electoral general (LOREG)".

La simbólica consulta soberanista del 9-N en Catalunya permitía votar a los mayores de 16 años. Archivo EFE.

Regeneración democrática "irreal"

En lo que se refiere a los partidos políticos y su financiación, el Comité considera "las propuestas de regeneración democrática [hechas por el Ejecutivo de Rajoy en 2014] relativas a la organización y funcionamiento de los partidos no generan mucho optimismo" en lo referente al objetivo de crear un "sistema de verificación de la fiabilidad que ofrecen los partidos como instrumento adecuado de participación política". Es más, Presno sentencia que en dichas propuestas "no se prevén medidas de democratización real" como fomentar una mayor participación de los militantes en su organización, por ejemplo. 

Asimismo, "tampoco cabe alegrarse mucho con las propuestas para la reforma de la financiación de los partidos", ya que "se mantiene a un sistema que beneficia a los más votados", "se mantiene la posibilidad del endeudamiento ilimitado" y "no se precisa cuáles son las actividades propias de los mismos, lo que tiene importancia, pues están exentas de tributación", ejemplifica el experto. Además, "si se quiere apostar por la transparencia tendría que conocerse la identidad de cualquier donante", propone. 

Los expertos instan a convocar referéndums derogatorios de leyes si así lo piden 500.000 electores

Participación ciudadana

Los expertos del Comité no sólo exigen una reforma de la Constitución para mejorar el sistema electoral, sino para hacer real la participación ciudadana y dejar atrás la figura del "ciudadano pasivo" que sólo vota una vez cada cuatro años. 

Para ello, proponen modificar la Carta Magna para que las leyes aprobadas por las Cortes puedan ser sometidas a "referéndum derogatorio, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso 500.000 electores", potenciar otras formas de control al Gobierno como las "preguntas parlamentarias de iniciativa ciudadana" o permitir "la intervención de ciudadanos y colectivos sociales en la elaboración de las leyes". 

En cuanto a las Iniciativas Legislativas Populares (ILPs), los profesores recomiendan rebajar el número de firmas necesarias para presentarlas (ahora fijado en 500.000) y permitir que "los ciudadanos integrados en el cuerpo electoral" puedan participar en "la fase de iniciativa de una cuestión tan relevante para el sistema jurídico como es la reforma de la norma suprema del mismo [la Constitución]". Y todo, dicen, "en aras a la consecución de una democracia más fuerte".