El ex número dos de la Policía le echa un capote al pequeño Nicolás para anular su causa judicial

@patricialopezl

Eugenio Pino, ex Director Adjunto Operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, ha presentado un escrito al juzgado de instrucción número 2 que instruye la causa contra el pequeño Nicolás y la grabación a agentes de Asuntos Internos y del CNI –al que ha tenido acceso Público en exclusiva–, en el que denuncia a los investigadores de la causa, el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, y le enmienda la plana al juez Arturo Zamarriego.

Sorprendentemente, está siendo el presunto estafador Francisco Nicolás Gómez Iglesias quien está remitiendo la denuncia entre sus amigos y periodistas afines, pese a que no se ha entregado oficialmente a defensas ni acusaciones. ¿Cómo ha tenido acceso al documento? Quizá por sus buenas conexiones con el Ministerio del Interior que aún dirige Jorge Fernández Díaz, pero fuentes tanto de las defensas como de las acusaciones del caso del pequeño Nicolás consultadas por Público aseguran que "no ha sido repartida por el juzgado".

Según fuentes de los juzgados de Plaza de Castilla, “el motivo de que no se haya repartido es porque el juez Zamarriego la volvió a remitir a reparto del decanato al verse aludido directamente por la denuncia de Pino y aún no ha sido entregada a ningún juzgado para la apertura de diligencias. Es decir, el pequeño Nicolás la ha obtenido extrajudicialmente”.

De salir adelante la denuncia del ex comisario Eugenio Pino, podría convertirse en un arma poderosa para las defensas de Francisco Nicolás, del ex comisario José Manuel Villarejo, de su mujer y de uno de sus periodistas. “Es una gran ayuda, teniendo en cuenta los escritos y recursos presentados por las defensas de Villarejo y Nicolás, y por el propio fiscal Alfonso San Román, que está apoyando a las defensas y poniéndose en contra de las acusaciones tanto populares como particulares, Abogacía del Estado y Ayuntamiento de Madrid”, explica a Público una de estas acusaciones.

Lo insólito es que quien fuera número dos de la Policía de Fernández Díaz hasta el mes de junio, quien gobernó la Dirección Adjunta Operativa y encargó directamente el caso a la Unidad de Asuntos Internos –como le informó al juez en la declaración en 2015 que Público revela hoy– “ha podido incurrir en serias y preocupantes contradicciones que ponen en duda su trabajo como número dos de la Policía y sus intereses en este procedimiento, porque el juez Zamarriego podría imputarle por falso testimonio”, señalan las acusaciones populares Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) y Podemos.

El propio Pino inicia su escrito al juez Zamarriego, presentado el 5 de septiembre de 2016, recordando que en su declaración del 6 de noviembre de 2015 “le dije cosas de mucha importancia para la investigación”. La primera sería esta:

Sin embargo, ante el juez en 2015, siendo número dos de la Policía y bajo la obligación de decir verdad, Pino aseguró en reiteradas ocasiones: “Se lo ordené” al entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.

A pesar de la contundencia en las acusaciones de Pino, al juez Zamarriego lo que le dijo es que no le dio mucha importancia a un caso que se había iniciado por sendas denuncias de Vicepresidencia del Gobierno y de la Oficina Económica del presidente Rajoy al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y directamente al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez.

Insiste Pino en su declaración, que no en su denuncia, que le ordenó a su segundo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que le encargara la investigación al comisario Martín Blas y le explica al juez: “Mire, tengo de 150 a 200 correos diarios y algunos son resúmenes de si se puede dar a la prensa… a mí lo que más me preocupa es la prensa”.

Parece claro que la investigación y detención del pequeño Nicolás se movió desde el origen por las más altas esferas del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia y Ministerio del Interior) a pesar del desinterés del comisario Pino por un asunto que sólo le provocaba “morbo”, motivo por el cual cuando preguntaba al jefe de la investigación lo hacía de manera informal.

Uno de los motivos principales de que el caso se tratara a tan alto nivel es porque el presunto estafador, además de falsificar documentos de la UDEF, del CNI o de Presidencia, se hacía pasar por miembro de la Oficina Económica de Rajoy, de Vicepresidencia del Gobierno, y por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para embaucar a los empresarios en sus negocios. Que el CNI estuviera también detrás del asunto fue uno de los motivos principales para que Pino le encargara a Asuntos Internos el caso.

Sin embargo, ahora el ex número dos de la Policía y hombre de confianza de Fernández Díaz asegura que:

Esto es crucial para la investigación que se instruye por Zamarriego y que trata de esclarecer quién grabó ilegalmente una reunión de trabajo entre los agentes del CNI y de Asuntos Internos. Primero, porque el comisario Pino asegura ahora que lo que era “ilegal” era la reunión y no la grabación.

Sin embargo en su declaración de noviembre, cuando aún era un funcionario público del Estado al más alto nivel, aseguró ante un juez, bajo juramento, que encargó la investigación al comisario Martín Blas porque:

El juez Zamarriego, a quien ahora pretende aleccionar con su escrito Pino, insistió varias veces en preguntarle si tenía conocimiento de los contactos entre Asuntos Internos y el CNI en este caso y si el comisario Martín Blas estaba autorizado como jefe de la investigación, al margen de que fuera el interlocutor habitual. A lo que el ex DAO concluye en su declaración judicial de noviembre: “Sí, yo lo ordené”.

El ya jubilado comisario Pino acusa al juez en su denuncia de permitir “que dañaran la imagen de la Policía Nacional porque usted declaró secretas unas actuaciones que no se justifican”, refiriéndose a la investigación sobre la grabación ilegal en unas dependencias policiales de una reunión de trabajo entre espías e investigadores.

El fin de la denuncia queda claro en varios párrafos en los que Pino asegura que las actuaciones de la comisión judicial integrada por Martín Blas, el inspector Rubén López y otros cinco agentes son parciales y que “deberían haberle llevado a usted a tomar en consideración la petición que le ha formulado reiteradamente el Ministerio Fiscal de buscar investigadores que no guarden relación con la causa”.

También acusa a la comisión judicial de falsificación documental, por la identificación errónea “a sabiendas” del comisario Villarejo en una reunión en un parque que el pequeño Nicolás mantenía con otro hombre y que llevó al cese del comisario de Asuntos Internos.

Sin embargo, en su declaración del mes de noviembre de 2015 no explica que este fuera el hecho del cese ni tampoco veía delito alguno en la equivocación. Es más, aseguró que el inspector Rubén López que firmó el informe en el que se identificaba erróneamente a Villarejo no actúo coaccionado por su jefe.

Parece que el interés por la causa sólo le surgió al ex número dos de la Policía, quien ejecuta directamente las órdenes del ministro Fernández Díaz, cuando el comisario Villarejo apareció en el procedimiento. Esto le llevó a llamar al inspector que lleva la investigación del pequeño Nicolás sin que estuviera presente su jefe, el comisario Martín Blas, para decirle que no le enviara la información al juez sobre la reunión en el parque del Canal de Isabel II, porque “al juez no le interesa con quién se reúne ese señor”.

Y es que en lo único en que se mantiene firme el ex número dos de la Policía, bajo cuyo mandato se creó una brigada política, es en que su única intervención y principal deseo en esta investigación ha sido que el comisario Martín Blas abandonara la investigación que apuntaba al comisario Villarejo y en la que ahora está siendo investigado (antes imputado).

Acta de transcripción declaración judicial Eugenio Pino

Denuncia de Eugenio Pino contra Marcelino Martín-Blas y Rubén López