El Congreso ha dado su visto bueno para sacar adelante la ley de eutanasia propuesta por el PSOE, con la oposición del PP y de UPN, este martes. Una proposición de ley que contempla el "final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento", según ha explicado Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista.

Ahora la iniciativa empieza su tramitación parlamentaria para estar aprobada, aproximadamente, dentro de un año, según asegura Lastra. Además, en una entrevista a Público, la portavoz ha explicado que también “se está ultimando la aprobación de la ley para una muerte digna, que es un tema diferente”. Estas son las claves de la proposición de ley que ha superado este martes su primer filtro.

¿Cómo se puede solicitar?

El paciente podría solicitar la eutanasia en dos supuestos: por enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica. En ambos casos, la petición debe “ser una petición autónoma” y se debe dar toda la información necesaria al solicitante.
Tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad.

Los plazos

El proceso duraría un total de 32 días y durante este periodo estarían contemplados la solicitud por parte del paciente, el control médico y las garantías para que la eutanasia se lleve a cabo.

Médico actuante

El profesional encargado de aplicar la eutanasia deberá comprobar que se cumplen las condiciones en un plazo de diez días como máximo. También debe consultar la situación con otro facultativo que no pertenezca a su equipo médico y tendrá que corroborar que existe un espacio, como mínimo, de dos semanas entre el día en que se firmó la última solicitud y el día en que se lleva a cabo la eutanasia. Deberá, además poner en conocimiento el proceso ante una comisión de evaluación para un control previo. Los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.