La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol ha denunciado ante la comisaria de Justicia de la UE una “fuerte sospecha de manipulación” de las pruebas en el juicio a Alfonso Fernández, ‘Alfon’, que fue condenado la semana pasada a cuatro años de cárcel por “tenencia de explosivos”.

Las sospechas de manipulación, que denuncia Albiol, proceden de “la irregularidad” de que las “pruebas aportadas estuvieran todo el tiempo bajo custodia de la brigada que le detuvo”, según refleja la misiva que la eurodiputada ha enviado a Estrasburgo y a la que ha tenido acceso este diario.

Asimismo, la carta remitida por Albiol a la comisaria de Justicia de la UE denuncia el hecho de que la policía poseyera información sobre su activismo político desde el año 2009, mucho antes de la huelga general donde ‘Alfon’ fue detenido, y que durante el tiempo que estuvo detenido se le sometió a interrogatorios en los que “se le preguntaba de manera constante sobre su actividad política”.

El caso de ‘Alfon’ se encuadra -denuncia la propia eurodiputada- dentro de un “aumento sin precedentes de la criminalización de la protesta social” en el Estado español. “Se repiten las denuncias de los montajes policiales y las condenas a activistas, cuyo único objetivo parece ser la merma de legitimidad de las luchas para mejorar las condiciones de vida de la población”, denuncia la misiva.

El caso de Katiana Vicens

La denuncia de Albiol también incluye el caso de Katiana Vicens, secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en las Illes Balears, que fue condenada por participar en un piquete informativo durante otra huelga, o los ocho trabajadores de Airbus Getafe, que se enfrentan en total a 64 años de cárcel por, igualmente, ejercitar su derecho a huelga.

“Esta campaña de juicios y detenciones responde, según este último grupo de afectados, a un esfuerzo por descabezar el movimiento sindical y desactivar el derecho a huelga”, prosigue la carta.

Por todo lo anteriormente expuesto, la eurodiputada Marina Albiol solicita una reunión con la comisaria de Justicia para “tratar la preocupante situación de ataque a los derechos fundamentales y de criminalización de la protesta social que están llevando a cabo las autoridades españolas y que, convendrá, pone en riesgo la credibilidad de las libertades que son inherentes a la democracia”.