Ya era un avezado investigador policial cuando le encargaron, en 2009, el caso del espionaje entre líderes del PP en la Comunidad de Madrid, así que pronto se olió la chamusquina del montaje. Tanto, que acabó poniéndole una trampa a su propio jefe, el director de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera... y éste cayó en la trampa.

Jaime Barrado era uno de los policías más condecorados de España por haber resuelto casos imposibles, como el del secuestro y asesinato de Anabel Segura. Pero acababa de ser ascendido a comisario y le asignaron a la UDEF, pese a que su especialidad era el crimen con violencia (UDEV) y no los delitos económicos y fiscales. Cuando le encargaron el caso del espionaje interno del PP, incluso protestó en reuniones con muchos comisarios que no veía el encaje de esa trama montada por Esperanza Aguirre como un delito económico y fiscal.

"En realidad, me lo encargan a mí para que no se haga nada, pero tardé algún tiempo en descubrirlo", explica Barrado a Público. "Al principio, me dijeron que era porque el uso de guardias para seguimientos partidarios era malversación de fondos públicos. Pero cuando me puse a calcular, con expertos contables, a cuánto ascendía esa actividad, en tiempo y transportes de un funcionario, vi que era muy poco dinero y empecé a extrañarme de que se le encargara el caso a la UDEF".

El propio Olivera le diría a Barrado, cuando la jueza encargada del caso les denegaba alguna intervención telefónica, que "lo tenía todo arreglado con el fiscal Manuel Moix", entonces jefe de la Fiscalía Superior de Madrid. "Ellos dos hablaban todos los días" para controlar la investigación del caso, y enseguida le quedó claro al comisario que "Olivera estaba hablando con los malos... Incluso en una ocasión la jueza nos citó muy airada cuando se enteró de que Olivera había comido con los abogados de los denunciados".

La trampa en la que picó el comisario José Luis Olivera

Así que Barrado decidió ponerle una "trampa" a su propio jefe: contaban con un listado de matrículas de vehículos que la trama del espionaje había solicitado a la base de datos de la Policía y le dijo a Olivera que sólo tenían que localizar al agente que había tramitado la gestión en la base de datos para saber quién había encargado el espionaje. Por tanto, Olivera tenía que dar la orden al secretario general de la Comisario General de la Policía Judicial de que utilizase sus claves especiales para identificar al agente y resolver el caso.

"Olivera se empeñó en que esa gestión era inútil porque los datos del registro central habían caducado ya y no se descubriría al agente, pero yo sabía perfectamente que esos datos no caducan nunca. Así que me estaba mintiendo y así ponía en evidencia su intención de ocultar al verdadero responsable del espionaje".

Pero Barrado continuó con sus investigaciones y pronto se dio cuenta de que los que realizaban los seguimientos no eran los guardias a los que Olivera y Moix se empeñaban en inculpar, sino detectives pagados por uno y otro bando enfrentados por apropiarse del máximo poder del Partido Popular: por un lado el bando del entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y por el otro el de Esperanza Aguirre, con Ignacio González y Francisco Granados, que había montado una redundante Dirección General de Seguridad en la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía, precisamente con la intención de espiar al vicealcalde Manuel Cobo y al consejero de Justicia, Alfredo Prada.

Este último llegó a testificar, y a repetir su declaración ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que aquella innecesaria Dirección de Seguridad "se crea contra mí".

El comisario incluso logró identificar y localizar a uno de los sabuesos –Mariano Ortiz, de Detectives Mira, agencia dirigida por Julio Gutiez– e interrogarlo. Al principio, el detective se negó a colaborar, pero más adelante, alegando que no le habían pagado lo prometido, confesó. Y quedó claro que los que dirigían las operaciones eran Sergio Gamón, director general de Seguridad de la CAM y "mano derecha de Aguirre", y Miguel Castaño, policía procedente del Canal de Isabel II que fue nombrado subdirector cuando Prada estaba de vacaciones y fue el que escribió los partes de su puño y letra. Precisamente los dos hombres a los que Olivera y Moix insistían en excluir de las pesquisas.

Así que Barrado se esmeró en el estudio de los posicionamientos telefónicos de los guardias civiles a los que Olivera y Moix pretendían cargar con el mochuelo, como el sargento José Oreja, y demostró meticulosamente que no estaban en las mismas calles que Cobo durante uno de los seguimientos comprobados gracias a lo escrito en los partes de la Dirección de Seguridad de la CAM.

"Olivera me llamó muy enfadado y me citó a una reunión con el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González García. Me exigieron que modificase mi informe, aduciendo que el mismo repetidor de telefonía también cubría el lugar donde estaban los guardias, y Olivera acabó ordenándome que incluyera una ruta de Google Maps que coincidía con sus intenciones de inculpar a los guardias. Así que me negué en redondo, me levanté de la mesa y les dije: 'Si queréis, me echáis'."

Al final, Barrado se negó a firmar el informe (que se puede consultar íntegro al final de este artículo), tal como se puede ver en su encabezado y folio final, cuyos fragmentos se reproducen a continuación:

Para más inri, aquella conversación confidencial y privada, con sólo tres participantes, fue filtrada sesgadamente y publicada en El Mundo. Y Barrado acabó cesado y enviado a la Comisaría de Chamartín. Todo por la causa.

"Olivera controlaba todo el montaje, en colaboración con Moix, y así se lo había advertido yo muchas veces al propio comisario general, sin resultados. Olivera es otro Villarejo" –conocido comisario y empresario de las cloacas de Interior– "aunque sin los millones de Villarejo. Es un arribista que siempre trabaja a favor del que esté en ese momento en el poder. Por eso ha ascendido tanto".

En enero de 2015, José Luis Olivera fue ascendido a director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), recién creado por la fusión entre el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), decidida por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en cuyo mandato se creó la brigada política que han sacado a la luz las exclusivas de Público. Y actualmente, el Gobierno pretende darle a Olivera, uno de los mandos destacados de la brigada política de Interior, el máximo control de la Policía, como nuevo responsable de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia.

Pero las maniobras de las cloacas de Interior para encubrir a los líderes del PP en Madrid a costa de arruinar vidas y carreras de guardias civiles decentes, no terminaron ahí. Aunque la sórdida historia que se desarrollará a continuación es larga de contar, para lo que será necesario otro artículo.

...CONTINUARÁ