ZARAGOZA.- El escaño obtenido el domingo por Podemos en Huesca llevará al Tribunal Supremo el caso de Los ocho de Yesa, un grupo de activistas de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones ambientales para quienes la Fiscalía pide penas de entre treinta meses y seis años y medio de prisión por los incidentes que se registraron el 10 de octubre de 2012 en Artieda (Zaragoza), en una protesta contra las expropiaciones para el recrecimiento del embalse de Yesa, en el río Aragón.

Uno de los acusados es Jorge Luis Bail, diputado electo después de que el domingo 21.768 oscenses (17,9%) eligieran la papeleta de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común para romper el bipartidismo en esa provincia por primera vez desde 1977 en unas elecciones generales.

La causa fue instruida por uno de los juzgados de Ejea de los Caballeros e iba a ser enjuiciada por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Sin embargo, la elección de Bail, miembro de Alto Aragón en Común, obligará a trasladar la causa al Supremo por estar aforado.

Peticiones de entre treinta meses y seis años y medio de prisión

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para el diputado electo, al que le imputa, como al resto de los acusados, los delitos de resistencia y atentado a la autoridad con resultado de lesiones. Otros siete acusados se enfrentan a peticiones de cuatro años y medio y el octavo, a seis y medio; además de multas por 22.000 euros e indemnizaciones para varios agentes de la Guardia Civil por las lesiones que presuntamente sufrieron en la protesta. “Yo estaba al lado de la cámara [que grabó los incidentes], y lo único que hice es apartar el fusil que me daba en la mejilla. Ni lo cojo ni lo agarro”, explica.

Los vecinos de Artieda, una pequeña localidad de menos de cien habitantes situada a orillas del río Aragón, llevan años oponiéndose al proyecto del recrecimiento del pantano, un embalse con capacidad para 446 hectómetros cúbicos que, con la ampliación, pasaría a albergar 1.079 e inundaría 3.350 hectáreas de ribera. Franco inauguró en 1959 la versión inicial, cuyas obras, dirigidas por el ingeniero y exdelantero del Real Madrid René Petit, provocaron el éxodo de un millar y medio de personas en los pueblos ribereños.

La mañana del 10 de octubre de 2012 estaba previsto que funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) llegaran a la localidad para entregar actas de expropiación a varios vecinos. Estos se habían negado en varias ocasiones a recogerlas, con lo que la Administración las enviaba al ayuntamiento por correo certificado. Pero, en la práctica, nadie las recibía. Ese día llegó al pueblo un amplio contingente de los GRS, los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, para asegurar la ejecución del trámite.

“Nadie agredió a la Guardia Civil ni le arrojó nada”

“Era un acto de la gente del pueblo para decir que no iban a coger las actas, como había pasado en decenas de ocasiones”, explica Bail, que recuerda cómo varias decenas de activistas de entidades sociales y ambientales –entre ellos algunos diputados autonómicos y otros que lo fueron luego, como Nacho Escartín, de Podemos- se desplazaron hasta Artieda para apoyar a los vecinos.

La carga, en la que “hubo muchos palos”, señala, “no estaba justificada”. “La gente se quedó en el suelo, sentada. No hubo contestación –añade-, nadie agredió a la Guardia Civil ni le arrojó nada”. Fueron identificados varios asistentes. Ocho de ellos recibieron unas semanas después una notificación en la que el juzgado les notificaba la imputación.

Bail insiste en que los encartados no agredieron a los guardias civiles. “No era físicamente posible causarle a nadie las lesiones de las que nos acusan”, indica el diputado electo, que considera que “se nos identificó por las labores sociales que realizábamos”.

Obras embalse Yesa, Navarra. Confederación Hidrográfica del Ebro

“Esperamos que los jueces se tomen en serio el juicio”

“Ponemos en acento más en lo que se refiere a los derechos como la libertad de expresión que en las obras del pantano”, anota Bail. “Esperamos que los jueces [del Supremo] se tomen en serio el juicio y acepten las pruebas que proponemos”, añade. Entre ellas se encuentran varias pruebas periciales que, según explica, rebaten datos de la investigación que les atribuye las lesiones.

El recrecimiento, sin embargo, no lo tiene todo a favor. La declaración de impacto ambiental que en agosto de 2010 le dio luz verde reconoce, por primera vez, que la presa se asienta sobre una falla. Y la inestabilidad de las laderas del vaso, especialmente la de la zona derecha en la que debe asentarse la presa recrecida, ha provocado protestas y causado inquietud aguas abajo ante los riesgos de una eventual rotura.

El Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, quita hierro a la polémica. “La actual presa lleva más de 50 años en funcionamiento con la falla en cuestión en sus cimientos sin producirse ningún problema de filtraciones o estabilidad”, señalaba la declaración de impacto. Las obras, adjudicadas a una UTE liderada por ACS en 2000 por 113 millones, superan los 350 de inversión. La estabilización de la ladera ya ha costado 25 y la expropiación de dos urbanizaciones –Lasaitasuna y Mirador de Yesa- que han tenido que ser desocupadas al agrietarse los suelos de la zona supondrán otros 23.

Oposición del Gobierno de Navarra

El nuevo Gobierno de Navarra, cuya consejera de Presidencia, Maria José Beaumont, llevó como abogada varios pleitos contra el proyecto del recrecimiento, ha mostrado su oposición a esa obra y su intención de hacer todo lo que esté en su mano por paralizarla. En Aragón, la ampliación de Yesa provoca división de opiniones: tiene el apoyo de PP, PSOE, Par, C’s e IU y el rechazo de Podemos y Cha.

“Además de que socialmente tiene contestación, ese proyecto no tiene sentido, ni como pieza de regulación ni porque vaya a aportar beneficios sociales”, señala Bail.

El recrecimiento de Yesa, del que se comenzó a hablar a mediados de los años 80, fue diseñado para garantizar a Zaragoza un suministro de agua alternativo al que históricamente –el canal Imperial, con caudales del Ebro- y para mejorar la dotación de las 65.000 hectáreas del Canal de Bardenas.

Su versión máxima, que iba a permitir almacenar en él 1.500 hectómetros cúbicos, era una de las piedras angulares del proyecto del macrotrasvase al arco mediterráneo que impulsó el Gobierno de José María Aznar.