BARCELONA.— "La independencia seria un desastre para Catalunya, España y Europa". Esta frase de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y del grupo Freixenet, resume la posición sobre el proceso soberanista de una parte del empresariado catalán. Pero sólo de una parte, porque como en el conjunto de la sociedad catalana las opiniones sobre la cuestión son variadas. Aunque con matices, la gran empresa se incluye en el bloque contrario a la independencia y, en muchos casos incluso rechaza un derecho a decidir del que es partidario el 80% de la población, mientras que entre la pequeña y la mediana empresa el apoyo a un estado propio para Catalunya es mayoritario.

Para Fomento del Trabajo, la patronal que reúne a las grandes empresas, el proceso soberanista y las elecciones del 27-S "generan tensión y máxima preocupación" desde la perspectiva económica y empresarial. En un documento presentado el martes, la organización pidió que el nuevo Govern se forme dentro del "marco legal" y con "seguridad jurídica". La patronal presidida por Joaquim Gay de Montellà rechaza tanto la independencia como el derecho a decidir y apuesta por el "diálogo" entre las autoridades catalanas y las españolas y fija como solución la obtención de un pacto fiscal, que aumente los recursos de la administración autonómica.

En cambio, este mismo jueves 30 asociaciones empresariales y cámaras de comercio de Catalunya se han reunido en Barcelona para suscribir un manifiesto de apoyo "incondicional al proceso" para ejercer el derecho a decidir, y que reitera el compromiso de respetar "la decisión que tome el pueblo de Catalunya". El documento, no explícitamente independentista, es la segunda versión del Manifest del far, a través del cual 28 asociaciones empresariales se sumaron en mayo del año pasado al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

Las últimas encuestas específicas sobre la posición del empresariado en relación a la independencia de Catalunya sirven para desmontar algunos mitos. A finales de 2012, las patronales Pimec y Cecot, que agrupan básicamente a empresas pequeñas y medianas, coincidieron en publicar sondeos entre sus asociados en los que el apoyo al Estado propio catalán era mayoritario. El "sí" a la independencia catalana llegaba al 66,8% en la encuesta de Pimec y al 53% en la de Cecot. Pero la opción independentista perdía fuerza en las compañías más grandes, de manera que sólo la defendían el 38% de las asociadas a Cecot con más de 100 trabajadores y bajaba al 55% en las de Pimec que concentraban más del 30% de sus ventas en el Estado español. Tanto Pimec como Cecot se han adherido al Manifest del Far.

El papel de CaixaBank y el Banco Sabadell

Además del posicionamiento de Fomento del Trabajo, ha habido algunos representantes de grandes empresas catalanas que han mostrado explícitamente su rechazo a la independencia. El más directo ha sido, seguramente, José Luis Bonet —la facturación anual de Freixenet supera los 500 millones de euros—, pero también destaca el caso de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell. El principal dirigente de la segunda entidad financiera de Catalunya ha asegurado que el banco "no contempla la independencia de Catalunya" y se ha mostrado convencido que tarde o temprano "habrá acuerdo" entre los dos gobiernos.

Josep Oliu es uno de los integrantes del Foro Puente Aéreo, que reúne a 40 grandes empresariados de Barcelona y de Madrid. En sus encuentros con políticos de alto nivel, el foro ha jugado un papel activo en contra del proceso soberanista. Entre sus miembros se encuentran César Alierta, presidente de Telefónica; Florentino Pérez, máximo dirigente de ACS; Antoni Brufau, de Repsol; Javier Godó, del Grupo Godó; Ángel Simón, de Agbar; o Borja Prado, de Endesa, entre otros. Oliu también es vicepresidente del Círculo de Economía, un lobby que ejerce de espacio de debate entre la élite empresarial, económica y política de Catalunya. Su posición oficial la ha expresado en reiteradas ocasiones su presidente, Antón Costas, y es una apuesta por el “diálogo” y una reforma constitucional que reconozca las especificidades de Catalunya y blinde sus competencias.

Caixabank ha sido menos explícita que el Banco Sabadell en su rechazo a la independencia y al proceso soberanista. La principal entidad financiera catalana —y la que tiene un mayor volumen de negocio en el Estado español— defiende la necesidad de un "gran pacto" para la resolver la cuestión, en palabras de su presidente, Isidro Fainé. En todo caso, la entidad también cuenta con representación en el Foro Puente Aéreo.

El Círculo Ecuestre es otro de los grupos representativos de la gran burguesía catalana que se opone al proceso soberanista. Su presidente es el financiero Borja García-Nieto, considerado una persona cercana al PP y que en más de una ocasión se ha mostrado partidario de no modificar el actual statu quo. En diciembre nació Empresarios de Cataluña, una asociación presidida por Josep Bou que se opone radicalmente al derecho a decidir.

Los partidarios del 'sí'

Como gran excepción entre las grandes empresas aparece Víctor Grífols. El presidente del grupo de hemoderivados Grífols —presente en el Ibex 35 y que el año pasado facturó más de 3.300 millones— no ha dado un apoyo explícito a la independencia, pero sí que ha defendido el derecho a decidir y el año pasado se mostró partidario de la consulta del 9 de noviembre. Quién sí se ha alienado entre los partidarios del estado catalán ha sido Joan Font, presidente del grupo de distribución Bon Preu, con una ventas de casi 900 millones en 2014. Font ha sido miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional y ve la independencia como una "inversión a largo plazo". Entre los grupos empresariales que apuestan explícitamente por la independencia se encuentran el Cercle Català de Negocis, nacido en 2009, y Creiem en Catalunya, surgida en octubre.

Por lo tanto, ni es cierto que el proceso soberanista es una cuestión impulsada por la burguesía catalana ni tampoco es verdad que todo el empresariado rechace la independencia de Catalunya.