Diez amenazados de muerte que no llamaron al ministro Fernández Díaz

MADRID.- “Durante esta legislatura ha habido decenas, decenas y decenas de personas públicas y privadas que han sido atendidas en la sede del Ministerio por razones de seguridad, algunas por mí mismo y otras por mis más estrechos colaboradores”. Así trató de justificar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su reunión con el imputado expresidente de Bankia, exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato.

Según apuntó el ministro en su comparecencia en el Congreso, el encuentro entre ambos en su despacho del Ministerio se debió a una llamada telefónica, dos semanas antes, en la que Rato le trasladaba su preocupación por unas amenazas que, supuestamente, estaba recibiendo un familiar.

Fue por ello, arguye el ministro, por lo que procedió a explicarle personalmente “los criterios que se tienen para establecer los servicios de escoltas”, unas medidas que, añadió, “no responden a razones de notoriedad o buena fama de las personas”.

Si, como dice Fernández Díaz, ha atendido a “decenas, decenas y decenas” de personas por estos motivos, también hay muchas decenas más a las que ni siquiera ha llamado después de interponer la pertinente denuncia. Algo que no se puede decir de su excompañero de partido Rodrigo Rato. A continuación, una de esas decenas que no ha tenido noticias del ministro.

La presidenta de la Asociación 11 de Marzo Afectados de Terrorismo, Pilar Manjón, también denunció amenazas de muerte hace diez años. Sin embargo no es la primera vez que se queja públicamente del caso omiso del departamento que dirige Fernández Díaz.

Las más recientes fueron en una entrevista en Cuarto Poder en marzo del pasado año. “Sigo sin entender por qué todavía nos insultan y amenazan, por qué en mi coche ponen hija de puta —ni siquiera vino la policía a tomar las huellas—, por qué me mandan mensajes diciendo que mi hijo está bien muerto, me llaman roja, hija de puta”, aseguraba en la entrevista. También  hay quejas más recientes, como ésta en Twitter:

La excapitana del Ejército Zaida Cantera, que denunció a un superior por acoso sexual y ─tras un largo culebrón─ ha acabado fuera de las Fuerzas Armadas, también se ha pronunciado sobre la comparecencia del ministro.

El suyo fue uno de los casos más mediáticos, debido a la dificultad en el Ejército para denunciar abusos sexuales. Sufrió acoso y abusos, lo denunció y logró una condena, pero entre medias vivió un calvario y le costó la profesión. Entre tanto, el ministro de Defensa, en este caso, no es que no la llamara ni recibiera, es que se negó en repetidas ocasiones en comparecer en el Congreso para explicar el caso. Finalmente compareció después de semanas de presión mediática y de los grupos políticos de la oposición. Catera también denunció amenazas dentro del Ejército para intimidarla ante su decisión de continuar adelante con sus denuncias.

Pocos meses después del lanzamiento de Podemos, el número de ataques y amenazas de muerte a través de la redes sociales a sus caras más visibles se disparó. Sobre todo contra el líder, Pablo Iglesias, y el entonces número tres de la formación, Juan Carlos Monedero. En el caso del segundo, llegó hasta recibir amenazas en persona en la redacción de este diario, algo por lo que denunció inmediatamente a la Policía. El partido interpuso una denuncia en julio de 2014 en los juzgados de Madrid por “odio”, ”violencia” y “discriminación” contra su formación por motivos de “ideología”. Interior nunca los recibió en el Minsiterio.

El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, recibió el pasado marzo una carta firmada por un comandante de la Guardia Civil, involucrado en el intento de golpe de Estado del 23-F, en la que amenazaba con otra asonada en caso de que IU y Podemos llegaran al poder. Aunque el coronel aseguró que su identidad había sido suplantada, el diputado de IU recordó que ya acumula más de 15 denuncias por amenazas, mientras Interior no le ha llamado para interesarse.

El también eurodiputado de IU, Javier Couso, ha denunciado recientemente haber recibido amenazas de muerte por "defender la verdad de Venezuela" en el Parlamento Europeo.

La actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también interpuso una denuncia por amenazas cuando era portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Durante la campaña de escraches que realizó el colectivo antidesahucios para que se tramitara en el Congreso la ILP para reforma la Ley Hipotecaria, varios cargos públicos del PP le acusaron de terrorista y de estar con ETA. Ente ellos la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Aquello derivó en una denuncia contra la entonces delegada del Gobierno en Madrid, pero desató una espiral de amenazas a través de la redes sociales. Ayer también respondía al ministro con una nota en la que aseguraba que "los ciudadanos que reciben amenazas se dirigen a la Policía, denuncian y se activan los protocolos pertinentes" y que, en el caso de Rato, parece haber un "trato de favor".

Incluso entre las propias filas del PP los casos de amenazas se ponen directamente en conocimiento de las autoridades antes de acudir de inmediato a una sede ministerial. Es el caso de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP antes que Luis Bárcenas y también interrogado por el juez en el caso de la financiación ilegal del partido, que se investiga a raíz de los papeles de Bárcenas.

El que fuera responsable de las finanzas de partido durante 15 años presentó una denuncia en 2012 tras recibir llamadas telefónicas en las que también se amenazaba a sus familiares. En este caso, tampoco se reunió con Fernández Díaz.

El líder del partido ultraderechista VOX, Santiago Abascal, denunció hace unos meses ante la Guardia Civil "amenazas de muerte" tras la publicación de un vídeo electoral sobre la Mezquita-Catedral de Córdoba. Lo hizo en Sevilla después de la publicación de un vídeo en el que la formación recreaba un informativo que alertaba de las consecuencias de la expropiación de la Mezquita-Catedral de Córdoba y su apertura al culto musulmán. Asimismo, denunció el lanzamiento de piedras a simpatizantes del partido durante un mitin.

Isabel Martín, alcaldesa de Paiporta (Alicante) por Compromís, es otro cargo público que ha denunciado amenazas. Aunque no es tan conocida como los anteriores, el mes pasado acudió a la Policía Local para denunciar amenazas de muerte por parte de un vecino a través de Facebook. Las amenazas venían por su anuncio de retirar las subvenciones del Ayuntamiento a los festejos taurinos.

Nadie tan relevante como el presidente de un país para que el ministro del Interior se preocupe por su seguridad. El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, fue amenazado de muerte después de expresar su repulsa por los recientes actos terroristas de extremistas judíos que supusieron la muerte de un bebé palestino en el incendio de su casa. La Presidencia israelí denunció las amenazas ante la Policía, a diferencia del expresidente de Bankia.