La derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE ha alterado por completo el calendario político andaluz previsto por la presidenta de la Junta en caso de haber ganado a Pedro Sánchez, como esperaban. Varios miembros de su ejecutiva han explicado a Público cuál era el plan A de la candidata socialista tras el 21 de mayo: El equipo de campaña de Díaz trabajaba con un escenario endiabladamente ajustado: daban por hecho que Mariano Rajoy adelantaría las elecciones generales al año que viene, al verse incapaz de reeditar sus alianzas en el Congreso para aprobar los Presupuestos Generales de 2018. Para entonces, Díaz -hipotética vencedora de las primarias- habría propiciado su relevo al frente del PSOE andaluz, durante un congreso exprés en julio, para hacerse con las riendas del partido a nivel federal.

Desde Ferraz la sevillana recompondría la unidad de los socialistas y se sacudiría el estigma de la abstención a Rajoy redoblando su labor de oposición al Gobierno mientras trazaba alianzas con otros grupos en previsión del adelanto electoral. Compaginaría la presidencia de Andalucía con la secretaría general del PSOE hasta final de este año, a la espera de que Rajoy tirase la toalla y precipitase las elecciones. Entonces, Díaz anunciaría su salida de la Junta con una convocatoria electoral en Andalucía, uniendo las autonómicas a las generales, lo cual le permitiría “amortizar su empuje político en dos carteles electorales a la vez”: el nacional, como candidata a la presidencia del Gobierno, y el andaluz, como valedora de un sucesor “que también se beneficiaría del tirón de la expresidenta".

Ese plan se esfumó la noche del 21 de mayo, cuando Sánchez derrotó a la sevillana por 14.000 votos de diferencia, y desde el PSOE andaluz reconocen que “no había plan B”. Al día siguiente Susana Díaz viró 180 grados la estrategia y aceleró una agenda política para replegarse y hacerse fuerte en Andalucía: convocó el congreso regional del PSOE a final de julio, con intención de presentarse a la reelección y de no dar tiempo a sus críticos para organizar una candidatura alternativa. Luego citó en San Telmo a Ciudadanos, su socio de Gobierno, para afianzar su colaboración y garantizarse la estabilidad política sin sobresaltos hasta el fin de la legislatura. En el equipo de Díaz siguen pensando que Rajoy se verá obligado a adelantar las elecciones a finales de 2018. Pero la presidenta de la Junta ya no tiene intención de hacer coincidir el calendario de las generales con las andaluzas, al contrario.

Díaz no quiere ligar el destino de su Gobierno -la institución más potente bajo control socialista- a las “dudosas” expectativas electorales de Pedro Sánchez, “que ya ha sido derrotado dos veces en las urnas”, recuerda un miembro de su equipo. La sevillana hará uso de su prerrogativa como presidenta para convocar las autonómicas pensando en “lo mejor para Andalucía y para su Gobierno, y no para el partido”. Desde su entorno confirman que, si Sánchez se lo pidieran, la presidenta “se resistiría” alegando que “no hay razones objetivas para explicar un adelanto electoral en Andalucía, porque el Gobierno disfruta de estabilidad política y presupuestaria, y los datos de creación de empleo y reducción del paro permitirán agotar el mandato”.

El antecedente Rubalcaba vs. Griñán

Miembros de la ejecutiva comparan la situación con la vivida en 2011, cuando el entonces candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al presidente andaluz José Antonio Griñán que adelantase las autonómicas cuatro meses para hacerlas coincidir con las generales. Griñán se negó, lo cual enfureció a Rubalcaba y a Zapatero. El expresidente andaluz pensaba entonces que la indignación ciudadana con el Gobierno socialista de entonces era imparable, y que la marca PSOE en España estaba tan devaluada por los recortes de Zapatero, que ni siquiera el músculo de la federación andaluza podría levantarla.

Al contrario, corrían el riesgo de perder también el último bastión socialista: la Junta de Andalucía. El PSOE perdió las generales el 20 de noviembre de 2011 y cuatro meses después también perdió las andaluzas (22 de marzo de 2012), pero logró retener el poder, porque el PP de Javier Arenas se quedó lejos de la mayoría absoluta (los socialistas formaron Gobierno de coalición con IU). En esos cuatro meses de diferencia entre unos comicios y otros, Rajoy aprobó la polémica reforma laboral, que desató una movilización en contra de los sindicatos. Muchos socialistas andaluces que habían castigado a su partido en las generales le devolvieron la confianza en las autonómicas.

Ahora, el plan B de Susana Díaz es “agotar la legislatura” (las elecciones andaluzas tocarían en marzo de 2019) y dar un impulso a la acción de Gobierno, tras largos meses de “letargo político y legislativo”, denuncia la oposición. “Ahora toca centrarse en Andalucía”, ha trasladado la presidenta tanto al comité director del PSOE, máximo órgano entre congresos, como a los 47 diputados del grupo parlamentario.

PP, Podemos e IU le han reprochado duramente ese “ahora”, “como si hasta ahora la prioridad hubiera sido Andalucía, sino las primarias socialistas”. Ese nuevo impulso a la acción de Gobierno coincide con el ecuador de la legislatura, y son varios los consejeros de Díaz los que dan por hecho que la presidenta acometerá una crisis de Gobierno para renovar caras y estrategias. La oposición ha criticado mucho a Díaz por el “perfil bajo” de su gabinete, reprochándole incluso que haya elegido a consejeros “grises”, sin apenas fuelle ni músculo político, para evitar que le hicieran sombra. La sevillana reconoce que “no es fácil ser miembro de su equipo”, porque en estos dos años de mandato ha ejercido un hiperliderazgo que ha ensombrecido o eclipsado la labor de sus consejeros. Tampoco se le escapa que algunos se han puesto de perfil cuando ha tocado gestionar alguna crisis en algún departamento, obligando a Díaz a lidiar personalmente con el problema.

La potestad de convocar elecciones es una competencia exclusiva -quizá la única- de un presidente autonómico. No tiene por qué consultarla con el Consejo de Gobierno, aunque sí está obligado a comunicárselo. Tampoco necesita la aprobación del Parlamento ni, en el plano orgánico, depende del líder máximo del partido, aunque en este último plano se suelen estudiar detenidamente los beneficios de una convocatoria electoral para el partido que sustenta al Gobierno, tanto a nivel autonómico como a nivel federal.

En teoría, los intereses del PSOE andaluz coinciden con los del PSOE federal, de ahí el discurso de Susana Díaz en el que a menudo subraya que “lo que es bueno para Andalucía es bueno para España, y viceversa”. Pero a veces la fortaleza del partido a escala nacional no se corresponde con el músculo del PSOE andaluz y, en consecuencia, lo que necesita el secretario general de todos los socialistas no es lo mismo que necesita el líder autonómico. Ahora el PSOE de Susana Díaz gobierna Andalucía con 47 diputados, 15 más que el primer partido de la oposición (PP) y con 32 más que Podemos.

El PSOE federal es líder exiguo de la oposición en el Congreso, cuenta con una minoría histórica de 84 diputados, ha sido derrotado dos veces en las últimas dos elecciones generales y, aun así, mantiene al mismo candidato derrotado al frente del partido. No hay antecedentes de algo así en la historia socialista, hasta ahora el que perdía, dimitía. Pero tampoco hay precedentes de todo lo que ha venido después: el derrocamiento del líder a manos de los barones territoriales, la abstención en la investidura de Rajoy, las primarias abiertas, la indignación de la militancia, el martirio, heroficación y regreso del líder caído.

El caso más paradigmático de un PSOE desacompasado es el que se vivió en 2011, cuando Griñán apostó por trazar un cordón sanitario para proteger a su Gobierno y evitar que el socialismo andaluz se viera arrastrado por la caída inevitable de su propio partido en España. Algunos notables del PSOE le acusaron de deslealtad, a pesar de que todas las estadísticas demuestran que la fortaleza electoral del PSOE andaluz no es igual en unas generales (donde pierden más que ganan) que en unas autonómicas.

Griñán lo había calculado así: dejaría que la indignación ciudadana impactase de lleno contra Rubalcaba, para que unos meses después los ánimos, menos crispados, diesen una tregua a los socialistas andaluces. Perdieron, pero no lo perdieron todo.