MADRID.- La justicia argentina ha solicitado a los tribunales españoles, a través de nueve exhortos, que se recojan los testimonios de querellantes en la causa que se sigue desde Buenos Aires contra responsables del franquismo por delitos de lesa humanidad. Hasta la fecha, el juzgado número 7 de Rubí y el de Instrucción número 1 de Terrassa (Barcelona) han sido los únicos en reconocer estas peticiones formales de la jueza argentina María Servini, emitidas el pasado abril, y citar este miércoles a las primeras querellantes para ratificar sus declaraciones.

Una sensación agridulce dominó el ánimo de las dos mujeres que hablaron ayer, por primera vez, ante la justicia sobre el calvario de sus familiares, asesinados en los años 40. María José Rovira Blanco, en esta causa desde 2011, relató a primera hora el resultado de las investigaciones que realizó hace 16 años para dar con el paradero de su tío abuelo. Manuel Blanco Pascual (Lérida, 1900) fue un fotógrafo y teniente de alcalde por el PCE en Barco de Valdeorras (Ourense). Tras la sublevación militar del 18 de julio que desató la Guerra Civil, se desplazó a Asturias huyendo de una amenaza de muerte. En 1940 se unió a un grupo de guerrilleros que se dirigía a Portugal para embarcar hacia América. Pero un chivatazo provocó que les interceptaran y, tras un tiroteo, Manuel escapó malherido.

En este punto de la investigación, María José, vecina de Terrassa de 68 años, perdió el rastro de su tío abuelo, pero no desistió. “Fuimos a la comarca de La Cabrera (León), donde sucedió, y preguntamos a la gente pero había mucho miedo. Nadie quería hablar. Hasta que una señora nos dijo que aquello fue horrible y que les torturaron, pero no sabía dónde podían estar enterrados”, explica. Tras toparse con testimonios herméticos, al fin dio con un testigo clave, que aseguraba la existencia de un guerrillero nacido en Lérida enterrado en una finca de su propiedad, en Sigüeya (La Cabrera). En 2001, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica procedió a su exhumación. “Fueron años laboriosos de búsqueda pero también de emociones”, asegura María José.

Tiroteado por la espalda delante de su familia

Carmen Contero, de 62 años, sintió ayer una mezcla variada de sentimientos antes y después de declarar, durante casi dos horas, en el juzgado de Rubí. Por un lado le invadió la pena tras pensar que su madre, ya fallecida, no pudo vivir un momento así. También, “tranquilidad” y “agradecimiento al juez por haberme escuchado”. Ella se ha querellado contra el responsable del grupo de la Guardia Civil que tiroteó por la espalda a su tío Rafael López Álvarez, de 24 años, en 1948. “Se había unido a la guerrilla un año antes, cuando trabajaba en la zona de la alpujarra y de Sierra Nevada cortando pinos”, detalla Carmen.

Un día, aprovechando la cercanía con su pueblo natal, Lanjarón (Granada), decidió acercarse a visitar a su novia. Pero alguien le delató, y a eso de las seis de la mañana los agentes rodearon la vivienda. “Le dijeron que se entregase; que no le iba a pasar nada. Y salió con las manos en alto”, concreta. “Un guardia civil le dio un cigarrillo para que no estuviera tan nervioso. Le decían que no pasaba nada”, añade. Rafael obedeció, fumó y, pasados unos minutos, los guardias le ordenaron caminar delante de ellos. Acto seguido, le dispararon por la espalda. “Después se llevaron detenidos a su novia y a los padres y dos tías de ella. Mis tías, que le habían visitado aquella tarde, fueron encarceladas al día siguiente. Permanecieron un año encerradas en la prisión provincial de Granada, sin juicio”, lamenta Carmen.

Manuel Blanco, fotógrafo fusilado en 1940. ARMH.

“Le dijeron que se entregase; que no le iba a pasar nada. Y salió con las manos en alto”

Además de este caso, la querellante ha sumado a la causa argentina el fusilamiento de su tío Agustín, hermano mayor de Rafael, frente a las tapias del cementerio de Granada. Miembro de Juventudes Libertarias y orador en los mítines del pueblo, durante la guerra se situó fiel a la República, “defendiendo la democracia”, subraya la sobrina.

Mientras sanaba las heridas de la contienda en un hospital de Murcia fue detenido y trasladado a la prisión de Granada. En un consejo de guerra sumarísimo le acusaron de “adhesión a la rebelión”, y le fusilaron en el cementerio de la ciudad el 22 de mayo de 1943 junto a ocho personas más, entre ellas, una mujer menor de edad.

“Mi madre murió con 88 años y hasta su último día lloró por sus hermanos. Cuanto más avanzaba en su edad, más se acordaba, y era raro el día que no lloraba por esta injusta pérdida”, lamenta Carmen, que investigó el paradero de los restos de su tío Agustín el otoño pasado.

“Fui al cementerio para saber dónde estaba enterrado. Me dijeron que allí no había nadie con ese nombre pero insistí, le di a la empleada el número de fosa y patio, y me mostró el libro de defunciones de la época”. En una de las páginas, esta vecina de Rubí pudo leer el nombre de su tío acompañado de la fecha de la muerte. Nada más. “Habían borrado los otros datos. No se veía ni de dónde era ni el motivo del fallecimiento”. Lo mismo sucedía con los nombres de las otras ocho personas fusiladas el 22 de mayo de 1943. Y con los del resto de ejecutados en ese lugar a lo largo de las páginas del libro de defunciones.

“Me dijeron que eso se había borrado por el paso del tiempo, y que no tenían que haberme enseñado esa documentación”, denuncia. Pero según pudo corroborar Carmen, “sobre las defunciones normales figuraban todos los datos”. De quienes fueron fusilados, en cambio, sólo se conservaba un nombre y una fecha. Y en el aire quedó la duda de la querellante sobre el paradero de los restos de su tío. “No se sabe dónde están. Han podido quedar sepultados bajo los nichos”, deplora.

Ahora, Carmen alberga la esperanza de que pueda darse un “macro juicio” contra los responsables de los crímenes contra la humanidad denunciados en la querella argentina, la única causa judicial abierta por este motivo. “Aunque es muy difícil; se tendría que anular la ley de amnistía de 1977. Y aún hay mucho miedo, sobre todo en lugares pequeños, donde las víctimas convivieron muchos años con los asesinos de su familia, como en Lanjarón, un pueblo de 4.000 habitantes donde mataron a unas 200 personas”, argumenta.

La jueza Servini ha librado desde el pasado abril nueve exhortos judiciales dirigidos a ocho casos de querellantes que residen en Catalunya y uno en la región balear. El coordinador de las querellas en esta zona, Felipe Moreno, espera que los siete juzgados restantes respondan a estas peticiones de la justicia argentina. “Además de estos últimos exhortos, anteriormente se recibieron en Catalunya tres más, y dos querellantes pudieron viajar a Buenos Aires para ratificar su declaración”, informa. Hasta el momento, cerca de 400 querellas integran esta causa en todo el país.