@CdelCastilloM

MADRID.- Este jueves tendrá lugar la votación de la Directiva de Secretos Comerciales en el Parlamento Europeo, que con casi toda probabilidad se aprobará con los votos a favor del PP, los liberales y del grupo socialdemócrata. Esta norma pretende proteger la propiedad intelectual de las empresas y favorecer la innovación, la investigación y el desarrollo mediante la definición del concepto de "secreto comercial" y su extensión.

Sin embargo, la directiva tiene una cara B. El blindaje que ofrece a las empresas es tal que les permitirá considerar incluso los conocimientos de sus trabajadores como de su propiedad. Pero no es éste su único peligro: a última hora, un movimiento interno en el PSOE quiso torcer la dirección de su grupo y devolver el texto a las salas de negociación. El motivo es que, con la redacción actual, la definición de "secreto comercial" es tan amplia que pone en riesgo incluso la labor de los whistleblowers, aquellas personas que denuncian corrupción o prácticas irregulares de gobiernos o corporaciones.

Solo un 13% de los países de la OCDE no protege en absoluto a los filtradores. Entre ellos está España

 ¿Tan importante es proteger a los alertadores de corrupción como para tumbar una normativa que lleva años en negociación y por la que presionan todas las grandes empresas y multinacionales con negocios en Europa?

Sí. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) señala que las filtraciones son “un elemento esencial para salvaguardar el interés público, promover una cultura de rendición de cuentas y, en muchos países, está demostrando ser crucial en denunciar las malas prácticas, el fraude y la corrupción”. Pese a ello, denuncia que solo el 41% de los 34 países que la integran tiene una ley para proteger y promover específicamente las filtraciones de información. De los restantes, un 47% lo hace mediante artículos de otras leyes, mientras que un 13% no lo hace en absoluto. En este último grupo se encuentra España.

Abandonados

El grupo de Los Verdes de la Eurocámara (en el que se integran ICV o Equo) y el de la Izquierda Unitaria (Podemos, IU) rechazan de pleno la Directiva de Secretos Comerciales. Suman 102 diputados de 751. 

Estos partidos arguyen que la directiva se ha redactado al revés. Blinda los secretos comerciales instaurando la opacidad, y convierte en una excepción la transparencia: se contempla la posibilidad de las filtraciones de información como método para denunciar irregularidades siempre que "la divulgación de un secreto comercial sirva al interés público". El problema es que serán los propios filtradores los que deban defender que su labor ante el juez cuando sean demandados. 

La directiva de secretos comerciales recoge como excepción la filtración de información, pero dice que serán los propios filtradores los que deberán demostrar ante la justicia el valor de sus revelaciones

Numerosas organizaciones de la sociedad civil, con la española Xnet, han cargado también contra esta directiva, lanzando una campaña que ya ha recogido 150.000 firmas. Recuerdan que los casos de corrupción muy raramente se dan en el propio seno de las instituciones públicas, sino que suelen ser a través de empresas privadas. Ponen el ejemplo de Antoine Deltour, ex trabajador del despacho PrizewaterhouseCoopers y autor de la filtración que destapó el escándalo de LuxLeaks, en el que se reveló que decenas de multinacionales habían llegado a acuerdos secretos con el gobierno de Luxemburgo para desviar sus beneficios a través de este pequeño país europeo y conseguir situaciones fiscales muy ventajosas. 

Deltour se enfrenta ahora a las denuncias de estas grandes empresas y podría incluso ser encarcelado, y la nueva directiva no mejora la situación en la que quedan aquellos que quieran seguir sus pasos. Prevé penas que tengan un "efecto disuasorio" sobre aquellos que decidan filtrar información. En otras palabras, desprotege a los filtradores y los deja en desigualdad de condiciones frente a las grandes empresas, cuyos equipos legales podrán arremeter contra el filtrador y sumirlo en procesos judiciales hasta asfixiarlo económicamente, en los que el whistleblower deberá demostrar que actuaba de buena fe y por el bien común. 

"Quieren que la gente tenga miedo de denunciar"

Esta desprotección legal de los filtradores, de sobra conocida en otros casos como el de Julian Assange (encerrado en la embajada de Ecuador y que ha sufrido diferentes privaciones de libertad desde 2010 declaradas "arbitrarias" por la ONU), Edward Snowden (exiliado en Rusia tras destapar el espionaje masivo de las agencias de seguridad de EEUU), o Chelsea Manning (condenada a 35 años de prisión por filtrar los crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán a Wikileaks) se reproduce en España, uno de los países europeos donde tienen una menor protección.

Ana Garrido.

Uno de los casos paradigmáticos en este sentido es el de Ana Garrido, que denunció con un dossier de 300 páginas las irregularidades que presenció en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), que terminarían convirtiéndose en uno de los hilos de los que tiraron los investigadores judiciales para destapar la trama Gürtel. Garrido sufrió acoso laboral, perdió su empleo y, aunque el consistorio de Boadilla fue condenado por ello, reconoce haberse arruinado a consecuencia de denunciar el caso.

La batalla legal arruinó a la testigo que destapó la trama Gürtel en Boadilla, que perdió su empleo y tuvo que abandonar su casa

"Con estas medidas lo que se fomenta es que la gente tenga miedo de denunciar", denuncia la ex funcionaria en una conversación con este medio. "Te sumen en la precariedad absoluta, porque los propios alertadores son los que tienen que costearse el juicio. Yo tuve que alquilar mi casa porque no la podía pagar, estoy viviendo de okupa", reconoce, exponiendo que ha intentado conseguir otros trabajos pero no le ha sido posible dado que sus posibles empleadores se echan atrás cuando descubren que están ante la testigo clave del caso Gürtel. 

"Parece de película pero no lo es", dice después de confesar que es espiada por personas que la esperan a la puerta de su domicilio o la siguen cuando coge el coche. Garrido, que cuenta con el apoyo de una plataforma ciudadana y financia sus abogados mediante crowdfundings, se dedica ahora a la confección de bisutería artesanal que vende por Internet: "No sé si la gente me compra por solidaridad o porque le gustan". 

Esta filtradora, que pese a su situación defiende que está "orgullosa" de lo que hizo y volvería a hacerlo, advierte de que conoce muchas otras personas que están en su situación. Por ello, prepara junto a otros whistleblowers que han sido abandonados por las instituciones públicas el anteproyecto de ley de protección al denunciante y está contactando con todos los partidos para intentar ponerlo en marcha. Es la lucha ciudadana que resiste, aunque la UE y el Gobierno español la abandonen: "¿Qué hacemos sino los alertadores? ¿Nos callamos? ¡Eso es lo que ellos quieren!".