Denuncian a Tortosa por mantener el monumento franquista más grande de Catalunya

MADRID.- Denuncia contra el municipio tarraconense de Tortosa por incumplir la Ley de Memoria Histórica. El abogado Eduardo Ranz ha presentado una denuncia ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Tarragona contra Tortosa por no retirar el monumento de simbología fascista construido en el bajo Ebro a su paso por la localidad tarraconense, alzado para conmemoriar la victoria del bando franquista durante la batalla del Ebro, "en manifiesto incumplimiento de la comúnmente denominada Ley de Memoria Histórica". 

La retirada o permanencia del monumento franquista fue sometida a referéndum el pasado domingo, entre los habitantes del municipio, que eligieron por un 68% de los participantes no retirar el mismo.  Sin embargo, la denuncia presentada por el abogado recuerda que la Ley de Memoria Histórica de 2007 obliga a a las Administraciones Públicas a "la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura". 

La denuncia pide que testifique ante la Justicia el alcalde de la localidad de Tortosa, Ferran Bel i Accensi, de Convergència; el secretario general técnico del Ayuntamiento; y Meritxell Borràs i Solé, consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya. 

Asimismo, el texto presentado por el abogado denuncia que Tortosa tampoco ha elaborado un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, tal y como obliga el artículo 15.3 de la Ley de Memoria Histórica, por lo que insta al Consistorio a la elaboración del mismo. 

El abogado Eduardo Ranz destaca en su escrito presentado ante la Justicia que la denuncia llega después de presentar ante el Ayuntamiento un escrito, conocido como el derecho de petición, para instar a la retirada del monumento, pero que el Consistorio no respondió incumpliendo de esta manera también la Ley Orgánica que regula el Derecho de Petición por el que las administraciones deben dar acuse recibo al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción. De esta manera, transcurrido el plazo legal para contestar, Ranz ha decidido acudir a la Justicia.

El escrito también fue presentado ante la Generalitat de Catalunya y fue Meritxell Borràs i Solé, consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya, quien replicó que el asunto del monumento fascista de Tortosa estaba "en vías de solución" y que "muy seguramente durante el año 2016 se adoptará una decisión conforme" a la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, la respuesta del municipio fue celebrar un referéndum que no cumple lo establecido por la Ley ya que la norma es taxativa e insta a la retirada de los símbolos franquistas.