El Defensor del Pueblo ha determinado que las operaciones de espionaje con el sistema Pegasus que llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a 18 líderes independentistas se realizaron acorde a la Constitución y a la legalidad. 

El órgano dirigido por Ángel Gabilondo ha expresado en un comunicado que tanto la documentación remitida por el CNI como los autos del Tribunal Supremo permiten dilucidar que se actuó "con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial" que se deben establecer antes de las intervenciones de las comunicaciones. 

La institución remarca que "los autos del Magistrado del Tribunal Supremo encargado de la autorización judicial previa (...) estaban extensamente motivados, esencialmente fundados en hechos concretos y las intervenciones de las comunicaciones fueron previamente autorizadas en todos los casos examinados".

Abrir una "reflexión"

La novedad que introduce el organismo —aunque sin "proponer fórmulas concretas"— es reflexionar sobre este tipo de intervenciones. "La impresionante evolución tecnológica de las últimas dos décadas (lo que incluye sistemas como el spyware Pegasus), los cambios que vendrán en un futuro próximo, la "aceleración" de las tecnologías de la comunicación y la información deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente, ahora y en lo por venir", indica el escrito, que añade que se deben explorar "las posibilidades de perfeccionamiento del control judicial".

De esta forma concluyen las actuaciones de este departamento que comenzaron el pasado 26 de abril para investigar si el espionaje del CNI a los representantes independentistas se había realizado ajustándose a la legislación.