Corría febrero de 2015. En plena ola de ataques yihadistas en Europa, el gobierno de Mariano Rajoy (con el apoyo del PSOE) aprovechaba para endurecer el Código Penal e introducía una definición bastante amplia sobre el significado de terrorismo. O mejor dicho, de los motivos por los que alguien puede ser encarcelado bajo esa acusación. Cinco relatores de la ONU advirtieron entonces que no eran las mejores ni más democráticas maneras de atajar el problema. Dos años más tarde, tres jóvenes de Altsasu están en la cárcel gracias a ese concepto ampliado de delitos terroristas, según denuncian sus abogados.

Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno (encarcelados desde hace tres meses en Soto del Real) no pertenecen a ningún grupo terrorista. Ni yihadista ni de ningún otro tipo. Sus problemas con los tribunales tienen fecha y hora: el 15 de octubre a las 5.00 de la madrugada, se vieron envueltos en una trifulca con dos guardias civiles de paisano. Ocurrió en un bar, durante una noche de copas.

El pasado lunes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Ramírez, Arnanz y Unamuno por “terrorismo”. Por su parte, otros seis jóvenes de esa localidad navarra se encuentran actualmente en libertad provisional, a la espera de juicio. También están imputados dos menores de edad.

Fuentes de la defensa señalaron a Público que las acusaciones se amparan en el polémico artículo 573 del nuevo Código Penal, lo que conllevaría penas de prisión de entre 10 y 15 años. Se trata, precisamente, de la norma introducida por el gobierno de Rajoy para ampliar de manera imprecisa la definición de terrorismo, tal como denunciaron los relatores de la ONU a comienzos de 2015. De hecho, los expertos advirtieron que esa modificación “podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo”.

Libertad denegada

Gracias a ese cuestionado artículo del Código Penal, los tres jóvenes de Altsasu seguirán encarcelados bajo régimen FIES (una situación penitencia más restrictiva que la evidente privación de libertad) por tiempo indefinido.

Las escasas esperanzas de sus abogadas empezaron a desmoronarse este martes en la Sección Primera de la Audiencia Nacional: la sala que previsiblemente se encargará de juzgarles rechazó la petición de libertad que había formulado la representación legal de Adur Ramírez de Alda, bajo el argumento de que existe “riesgo de fuga”.

Sin embargo, la defensa lo niega tajantemente: “Adur se presentó voluntariamente ante la Audiencia Nacional en dos ocasiones, incluso cuando sabía que el Fiscal le acusaría de terrorismo y pediría penas muy altas de prisión”. Hoy sigue en Soto del Real.