Este artículo se publicó hace 8 años.
El CSN avanza en la reapertura de Garoña pese al 'no' del Congreso
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, con mayoría del PP, desoye la petición de 9 partidos con mayoría parlamentaria y da el visto bueno a varios de los requisitos para prolongar la vida de la central durante 17 años más.
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El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reunido este miércoles ha dado su visto bueno “por mayoría” a varios de los requisitos necesarios para que la central nuclear de Garoña (en Burgos), actualmente parada, pueda prolongar su actividad hasta el año 2031.
La decisión se produce justo un día después de que nueve partidos con amplia mayoría parlamentaria enviaran una carta al presidente del CSN, Fernando Martí, y al resto de consejeros del órgano regulador, solicitando que se abstuvieran de aprobar nuevas resoluciones sobre la central burgalesa mientras no se haya formado un nuevo gobierno.
PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Unidad Popular, Compormís, ERC, EH Bildu, PNV y Democràcia i Llibertat se oponen a la reapertura de la central, que ha sobrepasado ya los 40 años de vida útil (la máxima para las centrales españolas) y solicitan la comparecencia en el Congreso de Martí.
Aunque Garoña lleva sin generar electricidad desde 2012 por decisión de su propio titular, Nuclenor, que suspendió la actividad aduciendo motivos económicos, más tarde los propietarios de la instalación (Endesa e Iberdrola) solicitaron al Ministerio de Industria una autorización para seguir operando durante 17 años más (la autorización más larga solicitada por una instalación de este tipo, normalmente son de 10 años). El ministro Soria se ha mostrado favorable a esta decisión, pero es el Consejo de Seguridad Nuclear quien debe evaluar si es factible y dar luz verde.
Este miércoles el CSN ha aprobado parte de estos permisos y ha informado de que remitirá un informe al Ministerio durante el segundo semestre de este año.
Los nueve partidos firmantes y las organizaciones ecologistas denuncian que el CSN, con una mayoría de sus consejeros designados por el PP, está acelerando el proceso mientras el actual gobierno está en funciones y cuando la mayor parte de los diputados es contrario a esta decisión. Equo, Greenpeace y Ecologistas en Acción advierten además de que detrás de este proceso se esconde la intención de asegurar a las empresas eléctricas propietarias el cobro de una indemnización por el lucro cesante en el caso de que, tras el visto bueno del CSN, un eventual gobierno se negara a la reapertura.
“Esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones. Hoy el Consejo del CSN se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico”, ha expresado el coportavoz de Equo y diputado de Podemos, Juantxo López de Uralde a través de un comunicado.
"La central no funciona desde diciembre de 2012, por decisión unilateral de la empresa propietaria lo que demuestra que es perfectamente prescindible”, señala Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, que asegura que la autorización por 17 años contravendría las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Además, el CSN ha informado de que la central nuclear de Almaraz, la más antigua en activo, “se encuentra en situación segura”, después de que el diario El País revelara hoy que la instalación había sufrido varios fallos de seguridad y que un grupo de cinco técnicos concluyó que no había "garantías suficientes" de que el sistema de refrigeración pudiera funcionar con normalidad.
“El titular está llevando a cabo un plan de acciones para obtener a corto plazo información adicional que permitirá confirmar, o rectificar, los resultados y las decisiones adoptadas”, ha asegurado el CSN a través de un comunicado.
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