Todos critican la corrupción pero... ¿Qué partidos se comprometen a proteger a los que la denuncian?

@CdelCastilloM

MADRID.- Según el último barómetro del CIS, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, con un 46,7%, solo por detrás del paro (75,3%). En el último Eurobarómetro de la UE, el 55% de los españoles encuestados reflejó que la corrupción les impidió a ellos o a sus empresas ganar un concurso público o adjudicación. Un 93% opinó el que ésta es un problema "extendido" en España.

Sin embargo, España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a aquellos que la denuncian mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras normas jurídicas. Pero como suele ocurrir, cuando los poderes del estado no dan solución a los problemas de la sociedad, ésta acaba organizándose de forma independiente para corregirlos. Es lo que ocurrió con el Grupo Ciudadano Anticorrupción, que agrupaba a algunos de los denunciantes de corrupción españoles que habían sido olvidados por las instituciones flagrantes casos de corrupción y fueron olvidados por las instituciones.

España es uno de los únicos cuatro países de la OCDE que no protege a los denunciantes de corrupción mediante leyes especiales ni de forma indirecta en otras
normas jurídicas​
​

Una de ellas era Ana Garrido, denunciante de la trama Gürtel en Bohadilla del Monte (Madrid) sobre la que más tarde se cimentó la Plataforma por la Honestidad (PxH). Acosada en su trabajo en el consistorio de dicha localidad, Garrido perdió su trabajó, fue acosada por las querellas de aquellos a los que señaló en sus denuncias y atravesó una depresión tras verse obligada a alquilar su casa y vivir de okupa para asumir el coste de los procesos legales; todo tras convertirse en una testigo clave en la investigación de la trama de corrupción. 

La PxH, de la que forman parte otros denunciantes como el exteniente Luis Gonzalo Segura (denunciante de corrupción en las Fuerzas Armadas), Araceli Blanco (Canal de Isabel II) o Roberto Macías (UGT) junto a ciudadanos organizados, utilizó la fallida XI legislatura para acercarse a los partidos políticos y hacerles llegar su proyecto: la Ley integral de protección al denunciante de corrupción. El texto contempla crear una protección para los denunciantes de corrupción similar a la que ampara a las víctimas de violencia de género, blindando su puesto de trabajo, facilitando la asistencia jurídica gratuita y psicológica y asegurando su anonimato. 

La PxH consiguió ser invitada a la Comisión de la calidad democrática y lucha contra la corrupción del Congreso, que no llegó a constituirse al convocarse nuevas elecciones. Su tiempo junto a los políticos sirvió a los activistas para granjearse comunicados de apoyo de casi todos los grupos. A excepción del PP, su proyecto —que también incluye la creación de un Observatorio contra la corrupción independiente— pareció convencer a todos. Pese a ello, solo algunos partidos lo han incluido en sus programas para el 26-J, marcando una línea de corte entre los que aspiran a asimilar las propuestas de la sociedad civil, aquellos cuyo objetivo es solo representarla, y el PP. 

El PP no ha querido siquiera reunirse con la PxH para escuchar sus propuestas. Ante las peticiones de ésta, dieron un “acuse de recibo. Aunque no sé qué significa eso”, confesaba Pedro Arancón, presidente de la plataforma. En su programa para el 26-J, el PP se compromete a que "todos los altos cargos que sean encausados por un delito de corrupción cesarán en su puesto cuando se les abra juicio oral. Reduciremos los aforamientos de los cargos electos y nunca concederemos indultos a los condenados por corrupción. Nos aseguraremos de recuperar hasta el último euro robado".

Ante la ausencia de nuevas medidas, el PP podría mantener la táctica que ha utilizado hasta ahora con la corrupción. La misma que le ha llevado a tener imputados a sus tres últimos tesoreros o ser el primer partido imputado de la democracia. Al menos podrán contar con Esperanza Aguirre, que liberada de su cargo de presidenta del PP de Madrid tras dimitir por los escándalos que salpicaban a subalternos que ella misma había nombrado, tendrá tiempo para seguir siendo el azote de las tramas político-criminales.

El PSOE ha escuchado a los miembros de la PxH y les ha transmitido su compromiso de proteger a los denunciantes de corrupción, en gran parte gracias a la aparición en escena de la jueza Margarita Robles, explican los activistas a Público. Ella niega dicho papel clave, argumentado que se limitó a "recordar" a sus compañeros las promesas que habían contraído con la PxH. No obstante, los activistas no han conseguido arrancar un compromiso firme de los socialistas con su proyecto.

“El PSOE se propone promover las modificaciones normativas necesarias para para garantizar la protección de los denunciantes de prácticas corruptas e ilegales garantizando la confidencialidad de su identidad, preservándoles de represalias laborales o en sus relaciones económicas o mercantiles y proporcionándoles apoyo jurídico”, contempla el programa socialista, que propone “crear una Oficina Anticorrupción que pueda actuar en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales".

"A mí no me importa
tanto un párrafo más o un párrafo menos como que todos estemos a favor de la misma idea", explica la número dos del PSOE, la jueza Margarita Robles

Ante estos compromisos, los activistas echan de menos la protección psicológica de los denunciantes, así como asegurar la independencia política de la Oficina Anticorrupción que promete el PSOE. Sin ella, "sería como poner a un presunto maltratador al frente del Observatorio de la Violencia de Género", explica Arancón, presidente de la PxH. Sobre la falta de estas dos medidas, Margarita Robles ha explicado a este medio que "lo importante" es recoger la filosofía de la ciudadanía, "y que esa filosofía sea la que mueva las reformas legislativas". "A mí no me importa tanto un párrafo más o un párrafo menos como que todos estemos a favor de la misma idea", puntualiza la magistrada y número dos del PSOE. 

Los principales partidos de la confluencia Unidos Podemos (Podemos, Izquierda Unida, Compromís y En Marea), así como ERC, han mostrado un apoyo total a la iniciativa ciudadana de Ley integral de protección al denunciante de corrupción, incluyendo íntegramente en sus programas las medidas que ésta contempla. A este apoyo se ha unido Democràcia i Llibertat (DiLl), siendo el único partido a la derecha del Congreso de los Diputados que ha adquirido este nivel de compromiso. Otras formaciones como En Comú o Bildu han expresado su voluntad de hacerlo, pero todavía no la han corroborado. 

Los de Albert Rivera fueron una de las formaciones que se mostró más cercana a la PxH durante los últimos días de la XI legislatura. Participó en la invitación a sus miembros a la Comisión de la calidad democrática y lucha contra la corrupción e hizo actos públicos frente al Congreso de los Diputados junto a ellos. No obstante, con la llegada de la precampaña, la cercanía con la plataforma ha desaparecido. "No hemos conseguido una comunicación fluida desde entonces. Parece que quieran apuntarse el tanto ellos solos. Nosotros creemos que tiene que ser un punto verde, algo común a todos los partidos", señala el presidente de la PxH.

Ciudadanos incluye dos puntos sobre los denunciantes de corrupción en su programa. El 273, en el que aseguran que los protegerán, considerándolos "nuestros héroes cívicos que se la juegan por el dinero de todos. Crearemos unidades independientes de investigación y represión de corrupción en los organismos públicos, para que los ciudadanos puedan denunciar anónimamente". También el 274: "Tipificaremos como delito específico el acoso y mobbing a denunciantes, así como la revelación de su identidad. Ofreceremos también incentivos económicos y profesionales para los denunciantes".