Hay muchos tipos de incompatibilidades, pero algunos son tan descarados que parece imposible que Interior no se diese cuenta durante tantos años.

El comisario José Manuel Villarejo Pérez siempre ha combinado su trabajo público y privado, lo que le ha reportado suculentos beneficios. Aunque su labor en la Comisaría General de Policía Judicial consistía en perseguir a presuntos blanqueadores de capitales y ponerlos en manos de los tribunales, el veterano policía no dudó en hacer negocios con algunos de estos investigados. 

Varias son las operaciones con imputados y condenados en casos de corrupción que analizaron los agentes de la Unidad de Asuntos Internos y reportaron a la Fiscalía de Madrid, quien oculta desde hace diez meses el informe que expone los resultados de esa investigación y que está desvelando Público en exclusiva.

El más llamativo de todos esos negocios claramente incompatibles con su condición de agente de la Ley es el de la venta de terrenos al empresario cordobés Rafael Gómez Sanchéz, conocido como Sandokan, por la que ganó casi seis millones de euros en 2006, poco después de estallar la Operación Malaya en la que estaba imputado el comprador y por la que fue condenado recientemente. Además, el propio Villarejo participaba en dicha operación colaborando con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, bajo las órdenes del comisario José Luis Olivera. 

Pero en el informe se detallan otras operaciones inconfesables, como la que hizo con José María Clemente Marcet, que estuvo imputado en la Operación Hidalgo, también relacionada con el lavado de dinero. Los investigadores también destacan que entre los clientes del Grupo CENYT (núcleo del imperio empresarial de Villarejo) también se encuentra la empresa Vitaldent (en referencia a los dueños hasta noviembre de 2016 y que por el momento están en prisión preventiva por presuntos delitos económicos muy similares). 

La Unidad de Asuntos Internos destaca sus transacciones con imputados y condenados por blanqueo de capitales.

Seis millones de plusvalía en cuatro días

Como hemos subrayado, en septiembre de 2006, cinco meses después de que se descargase el primer gran golpe contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, el comisario Villarejo entró a formar parte de una operación urbanística en Córdoba con uno de los principales imputados en la trama Malaya, Rafael Gómez Sandokan. 

El Grupo CENYT y LEXTOR (otra de las sociedades creadas por Villarejo con el dinero que trajo de Uruguay) aportaron dos parcelas a la Junta de Compensación del plan parcial Carretera de Palma, en la que también participaba Sandokan con la sociedad Arenal 2000 SL. El precio estipulado para las fincas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba era de 318.926,7 euros para una de ellas y de 457.344 para la otra, es decir, no iba a ganar ni un millón de euros por ellas. 

Sin embargo, Villarejo consiguió que pocos días después de esta aportación el imputado en Malaya le pagara 2.404.048,42 euros por la primera y 4.207.084,74 euros por la segunda. Por tanto, apunta el informe, CENYT y LEXTOR "consiguen en cuatro días una plusvalía de 5.834.862,46 euros, lo que resulta difícil de justificar en ese momento, si se tiene en cuenta que el tiempo transcurrido es mínimo para suponer que se trata de una revalorización habitual en el mercado inmobiliario". 

Los investigadores apuntan también que la operación se realizó casi en el mismo momento en que la UDEF detenía a Sandokan, en junio de 2006, dentro del marco de la Operación Malaya, por la que después sería condenado a seis meses de prisión por pagar al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, 600.000 euros. 

Dos años después, Villarejo volvió a hacer un buen negocio con otro imputado en un escándalo de blanqueo de capitales. En este caso fue José María Clemente Marcet, con antecedentes por tráfico de drogas y operaciones financieras en Suiza e Islas Bermudas, e imputado en la Operación Hidalgo realizada por la UDEF en 2006. Marcet llegó a deber 1,2 millones de euros a dos sociedades pertenecientes al comisario, y la Policía apunta a que pudiera también tratarse de un negocio para lavar dinero.

Asimismo, el informe hace hincapié en que la empresa epicentro de la trama del comisario Villarejo, CENYT, tiene clientes procesados igualmente por delitos económicos y blanqueo de capitales que contrataron sus servicios precisamente cuando sospechaban que estaban siendo investigados por la UDEF. Entre ellos destaca, por ejemplo, Vitaldent, cuyos ejecutivos aún se encuentran en prisión preventiva.  

La ruta del dinero negro, de Uruguay a Suiza

Los primeros indicios de blanqueo relacionados con Villarejo emanan directamente del bufete de abogados de Uruguay que le constituyó en 1989 las empresas Financiera Omerán y Financiera Uruplán, en las que aflora el dinero fundacional del imperio del comisario. Ese bufete Vignoli Laffitte & Lublinerman "ha sido relacionado con actividades favorecedoras del lavado de dinero", según el informe policial que esconde la Fiscalía de Madrid desde hace diez meses. 

El bufete VL&L se ha visto envuelto desde 2001 en el escándalo que sacudió al expresidente argentino Carlos Medem, quien presuntamente entregó a Laffitte & Lublinerman 9.000 millones de dólares entre 1992 y 1999. 

En 2011, cuando se levantó el secreto bancario en Uruguay, desde ese despacho se realizaron envíos de dinero de cuentas opacas uruguayas y panameñas hacia Suiza, en lo que se denominó "la ruta del dinero K". 

Los investigadores sospechan de que el entramado esconde al verdadero titular de las sociedades. 

También señala el informe de Asuntos Internos, fechado en abril de 2016 bajo el mando del comisario Francisco Migueláñez, que Villarejo utiliza "sociedades interpuestas que dificultan la identificación del verdadero titular". Es el caso de CPD Real State SL --creada en 2014 y cuyo principal accionista es CENYT-- constituida con casi un millón de euros de capital social y en la que desde 2015, cuando ya sabía que estaba siendo investigado en el caso del pequeño Nicolás, el comisario ha ido aportando inmuebles de los 92 que tiene repartidos por Madrid, Córdoba, la Costa del Sol y Sevilla. 

Grandes ingresos en efectivo de origen desconocido

Por último, el informe destaca numerosas transacciones entre sus empresas que resultan sospechosas y también que éstas "reciben constantes e importantes inyecciones de capital mediante ingresos en efectivo". 

Detalle del informe en el que se ejemplifican los movimientos en efectivo de las empresas del comisario Villarejo.

Como muestra,  Asuntos Internos destaca que desde la constitución de Cenyt Salud (antes Premium Salud) entre 2010 y 2014 ingresó en efectivo 6.350.000 euros, desembolsados como ampliaciones de capital y sin que se pueda conocer el origen de ese dinero. 

Algo parecido pasó con Cenyt Consultoría Organizacional, cuyos socios fundadores fueron CENYT, que aportó 403.560 euros en efectivo, y LEXTOR, que ingresó 177.840 euros. 

Sin duda, demasiado capital para el sueldo de un funcionario... garante de la Ley.