Que los partidos no puedan ejercer la acusación popular. Esa es la intención que tiene el Partido Popular que, tras la crisis de Murcia, pretende negociar con Ciudadanos -y el resto de formaciones- una reforma legislativa que evite que las formaciones políticas puedan, en sus palabras, usar los tribunales como "arma arrojadiza".

Los conservadores han reabierto ese debate después de que el expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, se viera obligado a dimitir por su imputación en el caso Auditorio y tras verse implicado también en la Operación Púnica. Una causa que los populares están seguros que se acabará archivando porque, argumentan, se trataría de una vendetta política por parte del PSOE que, según ellos, ya ha interpuesto otras "17 denuncias" contra PAS -acrónimo del exjefe del Ejecutivo regional- que finalmente se quedaron en nada. 

En cualquier caso, el PP quiere aprovechar la negociación del nuevo pacto de investidura de Fernando López Miras -ya candidato oficial a la investidura- para buscar un aliado en su reforma. Ciudadanos, que de momento es "muy reticente" a ello, exige la eliminación de los aforamientos como condición sine qua non para el acuerdo; una medida que el propio Gobierno ha ligado siempre a la necesaria limitación de la acusación popular. 

Sin embargo, en España hay al menos diez grandes juicios que, quizá, no habrían llegado a celebrarse si esa medida hubiese estado en vigor. Además, la acusación popular -aunque no de formaciones políticas- sentó doctrina en otras sonadas causas. 

Gürtel

Uno de los más grandes juicios sobre la financiación ilegal del PP es sin duda el caso Gürtel. La causa, dividida en varias piezas, incluye la caja B de Génova y los papeles de Bárcenas, pero también afecta en gran medida a la Comunitat Valenciana. Prueba de ello es el caso de los trajes de Camps, entre otros.

Fue allí, precisamente donde el Partido Socialista del País Valencià (PSPV) se personó como acusación popular. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó su personación en la causa en 2010. 

Más tarde, fue el propio PP quien quiso personarse como acusación popular. Su objetivo estaba claro: era una estratagema para tener acceso a la documentación judicial. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó a la formación en 2013 al considerar que había defendido tanto a su extesorero, Luis Bárcenas, como a su mujer, Rosalía Iglesias.  

Recientemente, tras años de instrucción, tres de los principales cabecillas de la trama -en el lado de los empresarios que presuntamente financiaron al partido a cambio de adjudicaciones de contratos públicos- recibieron la primera condena por la pieza del caso Gürtel por el amaño del pabellón de Valencia en Fitur. Se trata de Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, condenados a entre 12 y 13 años de cárcel. 

Palma Arena

Como en Gürtel, el PP tampoco pudo personarse como acusación popular en el caso Palma Arena. El juez instructor, José Castro, denegó su presencia en esta otra pieza relacionada también con la presunta financiación ilegal del partido, lo que le costó las acusaciones de parcialidad. No obstante, el juicio siguió adelante aun  sin acusación popular. 

Caja España

El actual número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, está ahora imputado a petición de Ecologistas en Acción e Izquierda Unida (IU).  

Presuntamente, el coordinador general de los conservadores podría haber cometido un delito de administración desleal en el caso de Caja España, cuyo agujero de más de 60 millones de euros hubo de ser rescatado con fondos públicos. Maillo formaba parte de su consejo de administración en aquella época.

Bankia

Uno de los partidos más activos en los tribunales fue el casi desaparecido UPyD, que no se retiró de numerosas causas hasta que llegó la debacle electoral y, con ella, la falta de fondos suficientes para seguir adelante. 

Sin embargo, el abogado y exlíder de la formación Andrés Herzog sí siguió ejerciendo la acusación popular en el caso Bankia. Habían sido los primeros en presentar una querella contra la Caja y consiguieron la imputación de hasta 33 consejeros de la entidad. 

Tarjetas black

Precisamente, fue Herzog (UPyD) quien también se personó en la causa de las tarjetas black, una de las piezas separadas de Bankia que ha terminado con la condena de 65 exdirectivos. Fueron los magentas quienes solicitaron penas de cárcel para los expresidentes Rodrigo Rato y Miguel Blesa, así como para el ex director general, Ildefonso Sánchez Barcoj. 

Cuando se hundió su partido, Herzog ejerció la acción popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito. Ahora es el Tribunal Supremo tiene la última palabra. 

Filesa

En la década de los 90, saltaron dos escándalos de corrupción sobre la financiación ilegal de los dos grandes partidos: el caso Naseiro, que impactó de lleno en el PP y su tesorero, Rosendo Naseiro. Fue anulado por el Supremo, pero de aquellos polvos, estos lodos de Gürtel. En cambio, el del PSOE sí acabó en condena.

Se trataba del caso Filesa. Una querella contra los socialistas por inflar contratos públicos a cambio de comisiones para sus campañas electorales del 89 que fue presentada por el abogado del PP Juan Ramón Montero, algo contra lo que en su día se rebelaron las filas de Felipe González.

En aquel momento ni siquiera estaba tipificado el delito de "financiación irregular", pero los tribunales consideraron probada la misma. La cuantía ascendía a 1.200 millones de las pesetas de aquel entonces.  Hubo ocho condenas de prisión a senadores, diputados y tesoreros del PSOE.

GAL

También en épocas de Felipe González saltó otro de los grandes casos judiciales que tuvieron al algunos dirigentes del PSOE y a organizaciones parapoliciales como protagonistas.

Uno de ellos fue el caso [José Antonio] Lasa y [José Ignacio] Zabala, secuestrados, asesinados y enterrados en cal viva por los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Fue un abogado de la izquierda abertzale quien ejerció de acusación popular.

Se trataba de Iñigo Iruin Sanz, senador y diputado del parlamento vasco por la desaparecida Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. 

Los cursos de formación de Andalucía

Más recientemente, el PSOE siguió en los tribunales en dos grandes casos: el de los ERE -donde José Antonio Griñán y Manuel Chaves están procesados- y el de los cursos de formación, donde ambos expresidentes de la Junta de Andalucía no han sido imputados.

Fue en este último donde, de nuevo, una formación política se personó como acusación popular. Era el UPyD de Rosa Díez y ésta fue una de las pocas causas en las que permaneció en los tribunales después de quedarse sin dinero para continuar en otras. 

Y, si en los casos del PP -como Gürtel- es el PSOE quien ejerce de acusación popular, en éste que afecta a los socialistas andaluces, son los conservadores quienes también se han personado en la causa. 

Caso Pujol

El caso Pujol es uno de los escándalos de corrupción en los que la acusación popular la ejerce ahora, en solitario, Podemos.

Antes de los morados, fueron los magentas quienes la iniciaron. Pero UPyD se vio abocado a retirarse y, tras la formación, hizo lo propio el sindicato ultra Manos Limpias. UPyD se personó también contra el hijo de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para quien la formación magenta pidió prisión preventiva con el fin de evitar que destruyera pruebas.

Podemos, por su parte, presentó en el año 2014 una querella junto con Guanyem Barcelona contra Jordi Pujol y parte de su familia. Pero, al final, todas las causas abiertas al clan del expresidente catalán han quedado agrupadas en la Audiencia Nacional, dadas las vinculaciones de estos negocios en los que el propio juez instructor, José de la Mata, habla de que en esta familia funcionaban con "un patrón de comportamiento reiterado durante años que apuntan elementos básicos de una organización" criminal, con coordinación de actividades y distribución de roles

El 9-N y la independencia de Catalunya 

UPyD, que incluso dentro de sus filas recibió críticas por querer convertir una formación política en una especie de Fiscalía, libró su batalla contra el soberanismo en Catalunya no sólo desde la tribuna del Congreso, sino también en los tribunales. 

Así, la formación tildó de "golpe de Estado" la propuesta del Parlament para iniciar el camino hacia la independencia y pidió incluso prisión provisional para la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y todos los firmantes de Junts pel Sí y la CUP que la firmaron. 

Los magentas tuvieron que retirarse, también del juicio contra Artur Mas en el 9-N, cuando la derrota en las urnas que se inició en las autonómicas y locales de 2015 dejó a la formación en la ruina.

Ahora la acusación popular del 9-N la ejercen el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía.

Otras acusaciones populares

En España hubo otros grandes casos en los que la acusación popular fue fundamental, aunque no estuviera ejercida por parte de partidos políticos.

El caso Atutxa y su doctrina. El expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa fue condenado en 2008 por el impulso de la acción popular que ejerció Manos Limpias, ahora en proceso de desmantelamiento por sus supuestas presiones a entidades financieras. Atutxa se negó a obedecer al Supremo y no disolvió el grupo ilegalizado Sozialista Abertzaleak.

La doctrina del caso Atutxa matizó la emitida previamente por el propio Supremo con el caso de Emilio Botin. El alto tribunal consideró que la acusación popular sí que cabía ejercerla aunque la Fiscalía no acusara -caso de Atutxa- porque había un delito público.

El delito, confirmado por el Tribunal Supremo, consistía en "desobediencia a la autoridad judicial". En este caso, los jueces consideraron que su proceder perjudicaba a los "intereses colectivos", por lo que fue suficiente la acusación popular para que el caso prosperara, aún sin Fiscalía de por medio.

En el caso de Botin, el Tribunal Supremo exoneró al banquero -ya fallecido- Emilio Botín por no existir acusación alguna: ni particular ni por parte de la Fiscalía. En esta ocasión, en que se juzgaba al banquero por un caso de cesiones de créditos, la acusación popular era fundamental. Pero por ausencia de la misma.

Más tarde llegó el caso Nóos y lo que casi llegó a bautizarse como la doctrina infanta Cristina. Es un caso intermedio entra la doctrina Atutxa y Botin: fue un juicio donde sí había interés público, ya que Cristina de Borbón fue juzgada y absuelta de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, que afectan a la Hacienda Pública. 

En el caso Nóos, la acusación popular del sindicato ultra Manos Limpias fue puesta en duda después del escándalo que afectó a la propia formación. Su secretario general, Miguel Bernard, está imputado por presuntamente haber extorsionado -junto a la asociación de consumidores Ausbanc- a entidades financieras a cambio de proteger su imagen pública.

El caso Palau. En una de las piezas de la causa por la presunta financiación irregular de la antigua Convergència (CDC) no fue ningún partido político el dedo acusador. Pero sí hubo acusación popular: la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

Del mismo modo, en el caso Púnica en el que también podría verse implicado Pedro Antonio Sánchez -el expresidente murciano imputado en el caso Auditorio, cuya dimisión el PP intenta aprovechar para limitar la acusación popular-, la acusación popular llega por parte de una asociación: la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.