El Constitucional admite a trámite un recurso contra el archivo del caso Tíbet

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) y otros querellantes contra el archivo del presunto genocidio en el Tíbet y la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en ese país.

En un comunicado, el CAT ha apuntado que la Sección Cuarta del Tribunal Constitucional, sin entrar en el fondo del asunto, ha apreciado que en el caso concurre "una especial trascendencia constitucional" como consecuencia de que "la posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley".

En junio de 2014, el pleno de la Audiencia Nacional archivó las causas del presunto genocidio en el Tíbet y la persecución a los seguidores del grupo Falun Gong en ese país porque no se cumplían los requisitos para investigar estos casos en España tras la reforma de la justicia universal aprobada en marzo de ese año.

El pleno los archivó al entender que no se cumplía ninguno de los requisitos que contemplaba la reforma de la justicia universal para esos delitos: los ocho querellados no son españoles ni residen en España, ni se denegó su extradición por parte de las autoridades españolas.

No obstante, siete magistrados del pleno de la Audiencia Nacional se mostraron en contra de archivar estos dos casos, que investigaba el juez Ismael Moreno, al dudar de la constitucionalidad de la reforma.

Posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó el archivo en mayo de 2015. Contra dicho veredicto se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la reforma legal de la justicia universal vulneraba distintos preceptos de la Constitución Española.

A raíz del caso, en febrero de 2014 el juez Moreno había ordenado la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet. Esa orden fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal