El cerrojo de la vitrina que guarda del polvo y del progreso a la Constitución Española sólo se ha abierto tres veces desde 1978. Las lenguas expertas comentan que la llave entra con esfuerzo en una cerradura poco acostumbrada a levantar sus bulones para desbloquear el cierre, y que cada vez que lo hace suenan voces que recomiendan encarecidamente manejar el legajo con sumo cuidado, no se vaya a borrar la tinta o a estropear la encuadernación que garantizan el consenso político de un país.

En más de 45 años de régimen constitucional, la Carta Magna ha abierto un proceso de reforma sólo en tres ocasiones. La última, este jueves, cuando el Congreso aprobó sustituir el término "disminuidos" por el de "personas discapacitadas" en un artículo 49 que aspira a dotar a esta parte de la ciudadanía de los mismos derechos que las otras partes, pero que iniciaba su redacción con un término ofensivo para el colectivo amparado.

La reforma aprobada esta semana en el Congreso (y que ahora se remitirá al Senado para su aprobación definitiva) es la primera en un sentido social en casi medio siglo de vida del texto. Es social en dos sentidos: en primer lugar, porque reconoce un derecho, implica un progreso basado en dejar de utilizar un término ofensivo (y, por lo tanto, de faltar al respeto) en la ley de la que emanan el resto de leyes.

La segunda acepción o significado de reforma social reside en que el cambio emana de una reivindicación ciudadana, de una demanda de un colectivo que lleva luchando más de dos décadas por dejar de sentirse insultado por su Constitución (el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, llevó la reforma a las instituciones por vez primera en 2018, pero la reivindicación es anterior).

No se trata de un gran acuerdo político o parlamentario; este sólo fue el último paso en el último ámbito, casualmente el que más se resistió a la reforma por la tensión y confrontación políticas existentes en las que se prioriza el regate electoral en solitario a la jugada construida con tiempo y en común.

Una reforma social

El cambio constitucional es profundamente democrático, viene desde abajo, desde la organización social, hacia arriba, hacia la representación política y parlamentaria que debe aprobarlo de manera formal. Es por esto que la sustitución del término "disminuidos" por el de "personas discapacitadas" en el artículo 49 no es un cambio nominal, sino la auténtica reforma social de la Constitución en sus 45 años de existencia.

Esto se deduce de una manera más clara en términos comparativos; las otras dos reformas del texto constitucional no tienen nada que ver con la aprobada este jueves por la Cortes. Probablemente se trate de modificaciones de mayor alcance político, por lo que implicaban en las vidas de todos los ciudadanos del Estado, pero sus procesos de reforma distan mucho del cambio social que supone la nueva redacción del artículo 49.

La primera se llevó a cabo en 1992 (14 años después de la aprobación del texto), y respondió a la necesidad de estampar la firma de España en el Tratado de Maastricht que allanó la llegada del euro como moneda única europea y que puso los cimientos de los organismos bancarios y financieros que pilotarían el nuevo sistema.

La modificación consistió en añadir "y pasivo" en el artículo 13.2 de la Carta Magna porque el Tratado de Maastricht también recogía que los ciudadanos de la UE que residieran en otro Estado miembro tenían derecho a "ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida", es decir, a ser elegidos para participar en los ayuntamientos de las ciudades en las que residían de manera habitual en otro país de la Unión distinto al suyo. Antes de 1992, la Constitución le permitía a estar personas votar (elegir), pero no ser elegidos.

La segunda reforma se alejó incluso más de un sentido social que la primera, que al menos sí que ampliaba los derechos de un colectivo, el de los ciudadanos europeos residentes en España a poder participar en las instituciones de las ciudades donde vivían.

La reforma que amparó constitucionalmente la austeridad

Se trata de la reforma del artículo 135 de la Carta Magna que tuvo lugar en 2011 tras un pacto entre el PSOE (entonces en el Gobierno) y el PP. Tras el estallido de la crisis financiera en 2008, las instituciones y países europeos desplegaron una serie de políticas de recortes y austeridad destinadas a contener el gasto público, y España y los países del sur fueron los más señalados y marcados de cerca por los denominados halcones de la economía.

La austeridad exigida por Europa chocaba frontalmente con algunos preceptos constitucionales que amparaban la financiación de los servicios públicos y del Estado del bienestar, así que los socialistas y los conservadores pactaron esta reforma del 135 para que la deuda pública fuera el elemento de mayor prioridad en la política financiera y económica del país.

Esta modificación dio amparo constitucional a muchas de las políticas de recortes que se desplegaron en los años posteriores, como la ley de estabilidad presupuestaria, que, por ejemplo, impedía a los ayuntamientos y a otras administraciones aumentar su deuda e invertir en mejorar o reforzar servicios públicos.

En 45 años la Constitución Española sólo se ha modificado en tres ocasiones, y sólo una de ellas ha sido en un sentido social real. Otros países que aprobaron sus textos constitucionales en la década de los setenta han llevado a cabo una política mucho más reformista; Portugal ha realizado casi una decena de reformas, mientras que Suecia supera la treintena. 

La eliminación del término "disminuidos" desempolva la Carta Magna y le da su primer barniz social en casi medio siglo. Sin embargo, con el clima político existente y el blindaje que el propio texto despliega en sus modificaciones, no parece que el tomo vaya a salir de nuevo pronto de su vitrina. Cuando suceda, la llave entrará con esfuerzo y las mismas voces de siempre alertarán de que manipular el volumen lo puede estropear y  de que su mayor lustre se despliega como objeto de exposición.