El Consejo de Estado tendrá que aceptar a Trillo

MADRID.- El Consejo de Estado tendrá que aceptar el regreso de Federico Trillo a su cuerpo de letrados: no hay posibilidad de apartarlo del servicio, porque las irregularidades en la gestión del Yak-42 que acabó con la vida de 62 militares las habría cometido como ministro de Defensa, y no como funcionario, y no hay un proceso penal abierto contra él.

Esta semana se ha conocido que el Consejo de Estado emitió el pasado octubre un informe, a petición del Gobierno, en el que concluye que podría existir responsabilidad civil del Estado en la contratación del avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) en mayo de 2003. Ahora bien, descarta dicha indemnización porque las familias fueron indemnizadas en la vía penal por los errores de identificación de los cadáveres.

A pesar de la existencia de la responsabilidad del Estado en la contratación del avión durante su etapa como ministro de Defensa, Trillo regresará como letrado del Consejo de Estado si insiste en retomar el servicio activo cuando deje de ser embajador de España en Londres.

Trillo accedió a la oposición en 1979 y está en situación de servicios especiales -excedencia- desde el año 1989, cuando dio el salto a la política para ser diputado por Alicante. El plazo para solicitar su reingreso al cuerpo de letrado del Consejo de Estado comenzará a contarse a partir de la publicación de su cese en el Boletín Oficial del Estado.

Especialistas en Derecho Administrativo consultados por Público son unánimes: el accidente se produjo siendo ministro y no en el ejercicio de sus funciones como letrado, por lo que no cabe abrirle expediente administrativo por falta grave, que sería causa de una suspensión. Dado el tiempo transcurrido, además, toda irregularidad estaría prescrita.

En el Consejo de Estado confirman también que nadie puede evitar que Trillo vuelva a su puesto. Ni el Gobierno ni la oposición tienen poder para reprobar su reingreso.  "Pertenece al cuerpo de funcionarios por oposición y tiene derecho al reingreso en su puesto después de dedicarse a servicios especiales", explican en dicho organismo.  

Cosa distinta sería que Trillo fuera juzgado por un tribunal, tuviese algún expediente disciplinario abierto por otra causa o incurriese en alguna de las excepciones previstas en el régimen general de funcionarios. Pero, hasta el momento, no se ha dado ninguno de estos casos. 

La vía penal contra Trillo ya fue cerrada por el Tribunal Supremo en el año 2008 cuando descartó procesarlo por la falta de indicios contra el exministro de Defensa en la contratación del avión.

Además, El Supremo confirmó en el año 2010 la condena por falsedad documental a tres militares que identificaron falsamente a las víctimas con el fin de alcanzar al funeral de Estado que Trillo organizaba en Madrid.

Por ello, ni el PSOE -ni el resto de la oposición- podrían proponer su cese como letrado y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sólo tiene potestad para evitar que presida la institución.

Según fuentes cercanas al presidente del Ejecutivo, la intención real de Trillo era presidir el Consejo de Estado, pero su pretensión se ha visto truncada por este último escándalo.

Rajoy no quiere echar más leña al polémico fuego, por lo que, según ha sabido este diario, no tiene intención alguna de relegar a José Manuel Romay Beccaria de su puesto, salvo que él mismo así lo quisiera. El actual presidente del Consejo de Estado, por su parte, tampoco tiene intención de abandonar su cargo, en el que lleva 5 años.

Así las cosas, Trillo no cumplirá su secreto sueño de presidir el Consejo, pero nadie podrá impedir que vuelva al cuerpo de letrados una vez haya abandonado la embajada de Londres.

Otra cosa distinta será si Mariano Rajoy tiene la suficiente capacidad de influencia sobre Federico Trillo como para disuadirle de que no solicite su reingreso en vista de la censura social que suscitaría dicha petición: Trillo ejercería -y cobraría- como letrado de un órgano que ha censurado su gestión.

El principio de inamovilidad de los funcionarios en el desempeño de su empleo no es un privilegio personal, sino que es una garantía del funcionamiento profesional del sistema de función pública. En teoría, garantiza que los funcionarios ejerzan sus labores con imparcialidad, objetividad y en una posición neutral respecto a quienes ejercen la dirección política.