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El Congreso votará el texto definitivo de la amnistía el 30 de enero

La ley no estará aprobada antes de abril o mayo. PSOE, Junts y ERC siguen negociando la redacción final.

El expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, durante su intervención en el Parlamento Europeo en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, durante su intervención en el Parlamento Europeo en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Todos los grupos parlamentarios contaban ya con ello, pero la presidencia del Congreso lo confirmará oficialmente este jueves: la ley de amnistía se votará en la Cámara Baja el próximo 30 de enero. El pleno, según informan fuentes parlamentarias, comenzará a las 15:00 horas. El Congreso dará así luz verde al texto definitivo de la amnistía la semana que viene y la ley será enviada entonces al Senado.

Ahí se topará con la mayoría absoluta del PP, que la devolverá al Congreso para su aprobación final. Su paso por el Senado será más largo porque los populares han cambiado el Reglamento para que el texto no se tramite por el procedimiento de urgencia sino por el ordinario. La previsión es que esto se prolongue dos meses por lo que la aprobación final de la ley no llegaría hasta abril o mayo.

El pleno será bronco y el PP calentará el ambiente días antes con una manifestación en Madrid contra los pactos con las fuerzas independentistas. 

El texto todavía no está cerrado

A cinco días de la votación, el texto de la ley todavía no está cerrado y Junts, PSOE y ERC siguen negociando la redacción final. Una vez han conseguido que los socialistas afinen el tratamiento del terrorismo en la amnistía —con cambios que protegen a los CDR y Tsunami—, los partidos independentistas exigen las máximas garantías y una protección absoluta ante posibles maniobras judiciales en su contra. 

La cuenta atrás ha arrancando y los Carles Puigdemont aspiran a que en las pocas jornadas que quedan se profundice más en el blindaje ante Tribunal Constitucional (TC) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Concretamente, quieren que, a pesar de que se eleve una cuestión prejudicial al TJUE o un recurso de inconstitucionalidad al TC, en ningún caso se verá afectado el alzamiento de las medidas cautelares. Los expertos en esta materia con los que ha podido hablar Público coinciden en que se trata de uno de los aspectos más delicados de la ley porque podría entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico europeo. Los próximos días serán clave.

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