Levantó el dedo desde su escaño Eduardo Zaplana y subió a la tribuna de oradores con una carpetilla, de la que extrajo unos folios mecanografiados. Si no fuera por este detalle cabría pensar que tuvo un lapsus cuando afirmó que la proposición de ley que, en nombre del Grupo Popular, defendió para instar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y la disolución de los ayuntamientos que gobierna,  es 'una iniciativa que persigue acabar con otro de los pilares del discurso del Gobierno' en materia de política antiterrorista, a saber: 'Que ANV no es ETA, o que no se puede demostrar que ANV sea ETA'. Leyó en lo que llevaba escrito. Luego enmendaría al concluir que el propósito último es que 'no dé tiempo a ANV a señalar objetivos desde los despachos de las instituciones'.

En el 'discurso' que atribuyó al Ejecutivo, incluyó Zaplana la entrevista celebrada ayer entre el presidente del Gobierno y el lehendakari Juan José Ibarretxe, ante quien, según el portavoz conservador, José Luis Rodríguez Zapatero 'no ha podido ser más firme porque ya no puede serlo a estas alturas'. Justificó este razonamiento en que, según dijo, lo que plantea Ibarretxe no es más que el compromiso que los socialistas asumieron a través del PSC al firmar el pacto del Tinell, 'que establecía el procedimiento de una consulta general si este Parlamento rechazaba el

Estatuto' de Catalunya

Si no se ilegaliza ANV no es, a juicio del PP, por falta de pruebas, sino 'para dejar abierta la puerta al diálogo con los terroristas', que utilizan esa marca 'como caballo de Troya'. 'Su vuelta a las instituciones forma parte de un proceso político de concesiones permanentes que el Gobierno no quiere dar por cerrado', insistió Zaplana, para quien 'el cambio de modelo de Estado y la negociación con ETA han sido las dos mesas en las que el Gobierno ha estado sentado desde el comienzo de la legislatura'.  

Apoyo de la bancada

No encontró Zaplana quien le secundara en el hemiciclo, más allá de la ovación que recibió de su bancada, aunque sí logró unanimidad en la petición de que el PP 'vuelva a la unidad de los demócratas'. Al igual que hace cinco meses, cuando ya planteó idéntica iniciativa tras las elecciones municipales, el PP se quedó solo, esgrimiendo los detractores de su iniciativa razonamientos tanto políticos como jurídicos. 128 votos a favor, 176 en contra y tres abstenciones.

Pedro Muñoz, portavoz socialista, la tachó de 'bajeza' por 'atribuir al Gobierno el ánimo de permitir la vuelta a las instituciones de los terroristas'. Recordó Muñoz que entre los miembros de las 133 candidaturas que pasaron el filtro judicial 'no hay ningún condenado por pertenencia o colaboración terrorista'.

El coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reprochó a los conservadores que 'quieren sustituir al Gobierno, a la Fiscalía, a los tribunales y al Tribunal Constitucional' porque 'para ustedes sólo funciona el Estado de derecho cuando es un Estado de derechas'. 'Tenían la oportunidad, cuando arrecia el intento de ETA de provocar muertes, de unirse a los demócratas, pero son inasequibles al desaliento en preferir la lógica del inquisidor a la lógica democrática'. Tan contundente fue Llamazares, que desde la banca popular le espetaron: '¡Afíliate al PSOE!'.

Adalid antiterrorista

No se lo gritaron a Josep María Guinart, de CiU, aunque también vio en el PP la intencionalidad de 'erigirse en único adalid de la lucha antiterrorista' cuando 'la erradicación del terrorismo sólo se conseguirá por la unidad de todos los demócratas'. Agustí Cerdá, de ERC, no quiso alentar lo que calificó de 'discusión en bucle', pero dejó clara su oposición. Aitor Esteban, del PNV, defendió que 'lo que hay que perseguir es el terrorismo, no las ideologías', y tachó de 'oportunismo electoral' el planteamiento del PP.  También se opuso Begoña Lasagabaster, de EA.