MADRID.- Juzgar en España a los 17 altos cargos del franquismo y la Transición, entre los que se encuentra Martín Villa y Utrera Molina (el suegro de Gallardón), por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio o, por el contrario, extraditarlos a Argentina donde la Justicia los reclama como imputados en la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. Este es el contenido de la Proposición No de Ley que este martes será debatida en la última Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de la legislatura con el apoyo de Izquierda Plural, Amaiur, Compromís, BNG, ERC y Geroa Bai. 

"Este Gobierno ha incumplido el principio de derecho internacional que señala que ante crímenes de lesa humanidad hay que juzgar a los acusados o, en su defecto, extraditarlos a los países que les reclaman. Nos parece importante que este tema se debata en esta legislatura porque ha sido este Gobierno el que ha incumplido de manera sistemática el Derecho Internacional", señala a Público el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, que representará a su grupo parlamentario en la Comisión de Justicia de este martes. 

El Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la petición de extradición de la Justicia de Argentina en marzo de este año al considerar que "los hechos investigados habrían prescrito" y que algunas de las supuestas infracciones penales "no eran delito en aquellos momentos" y, al contrario de lo que marca el derecho internacional, tampoco remitió a los juzgados españoles el correspondiente informe-denuncia con copia del auto de extradición de la Justicia de Argentina a efectos de su estudio, traslado al Ministerio Fiscal y citación a declarar de las víctimas de los delitos denunciados. 

"Este Gobierno ha incumplido el principio de derecho internacional que señala que ante crímenes de lesa humanidad hay que juzgar a los acusados o, en su defecto, extraditarlos a los países que les reclaman"

El texto de la Proposición No de Ley, al que ha tenido acceso Público, informa al Ejecutivo que "un Estado no puede ni debe proteger a personas sospechosas o acusadas de haber cometidos delitos internacionales". En este sentido, el texto recuerda que las Naciones Unidas, en una resolución de 1973, ya señalaron que los crímenes de lesa humanidad "dondequiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación" y que "las personas contra las que existan pruebas" de delitos de este tipo "serán enjuiciados". 

Asimismo, el texto señala que el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición elaboró un informe tras visitar España en el que insistía en la obligación internacional de España de "extraditar o juzgar", señalando que únicamente podrían denegarse las extradiciones si la justicia iniciaba las investigaciones oportunas y juzgaba a los responsables. 

Derecho acceso a la justicia

El abogado Jacinto Lara, integrante del equipo jurídico que impulsa la llamada Querella Argentina y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, considera que lo que está en juego este martes en el Congreso de los Diputados es que se reconozca el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas. "Se trata de un derecho humano que, actualmente, el Estado español está incumpliendo sistemáticamente", denuncia Jacinto Lara, en declaraciones a Público.

El Gobierno, por su parte, justificó su rechazo a la extradición en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu en la que señalaba que "de probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito".