El Congreso comprobará si el Gobierno frenó investigaciones policiales sobre casos de corrupción

MADRID.— La comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha votado este martes por la mañana a favor de una proposición no de ley presentada por el PSOE, apoyada por Podemos y Ciudadanos, para que se investigue si el Gobierno ha ordenado frenar investigaciones de corrupción que afectan al PP como el caso del ático de Ignacio González. La propuesta de los socialistas incluye también realizar otras actuaciones para analizar los "informes sin firma, anónimos" de la UDEF. 

La propuesta aprobada pretende que un organismo independiente revise el trabajo del Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, y del Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. El PP ha votado en contra.

Según el PSOE, las denuncias de diferentes comisarios de Policía ponen en evidencia la intromisión de la cúpula policial importantes casos de corrupción. "Tenemos declaraciones de altos responsables policiales en el ámbito judicial indicando que fueron presionados o que recibieron órdenes del director general de la Policía, Ignacio Cosido, o del director adjunto operativo, el comisario Eugenio Pino, para que o pararan investigaciones o para que las ocultaran", dijo el portavoz del PSOE en la comisión, Antonio Trevín.

Aunque en principio la propuesta inicial del PSOE sólo afectaba al caso del ático de Ignacio González, el propio Trevín ha incluido otros casos como el del jefe de seguridad de José María Aznar durante su etapa como presidente del Gobierno, destinado en Panamá y por donde pasan todas las informaciones policiales relacionadas con operaciones de corrupción de españoles en ese país.

"Este tipo de actuaciones son altamente perjudiciales, además de para el funcionamiento democrático, para el conjunto de personas que desarrollan su labor en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"

Otros asuntos que se pretende estudiar son los privilegios concedidos a la mujer de Luis Bárcenas para que no hiciera el paseíllo al ir a declarar a la Audiencia Nacional, o el caso del comisario destinado en Brasil y que confesó haber matado a su esposa. El diputado de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, también ha incluido otros casos aún abiertos como Brugal o el pequeño Nicolás.

Trevín ha dado cuenta de las denuncias de diferentes comisarios en el caso del ático como el ex responsable de Marbella (Málaga), Agapito Hermés de Dios, o el ex comisario general de Policía Judicial, José enrique Rodríguez Ulla, incluso el comisario José Villarejo.

Los testimonios de estos comisarios, dice Trevín, apuntan a que "recibieron la orden del director adjunto operativo para que se parara la investigación y, semanas después, el informe que contenía la información desapareció de la mesa de su despacho oficial". A partir de ahí Trevín ha relatado la peregrinación de este comisario por diferentes destinos tras ser cesado en Marbella con "tres traslados forzosos".

Trevín también ha denunciado que bajo el mandato de Fernández Díaz en Interior "han aparecido informes sin firma, anónimos, de la UDEF, sobre adversarios políticos diversos". El diputado socialista ha recordado que cuando el ministro fue preguntado en el Senado por el informe sobre el ático de Ignacio González dijo que era ilegal. "Desde hace tres años se suceden continuamente, aparecen fotos de diputados de este Congreso reunidos con representantes policiales de una forma natural, en portadas de periódicos para el día siguiente cesarlos, cómo no iban a paralizar todo lo referentes al ático de Ignacio González si era ilegal", ha apuntado Trevín.

El diputado de Podemos, Eduardo Santos, además ha explicado que "al margen del color político del Gobierno, ha habido actuaciones que distan mucho de respetar el principio de neutralidad política que se debe suponer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El parlamentario de Podemos también ha recordado que estas actuaciones se plasman muchas veces "en forma de informe fantasma o de procesos que a veces se prefabrican para generar un estado de opinión".

"Este tipo de actuaciones son altamente perjudiciales, además de para el funcionamiento democrático, para el conjunto de personas que desarrollan su labor en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se ven desprestigiados por la actuación de unos pocos que no respetan los principios básicos de la democracia", ha concluido el diputado de Podemos.