El Partido Popular y Ciudadanos han cerrado este lunes un acuerdo de gobierno para gobernar conjuntamente la Comunidad de Madrid a 48 horas de que se celebre el pleno sin candidato en la Asamblea madrileña. Ambas formaciones, cuyos candidatos a nivel autonómico son la 'popular' Isabel Díaz Ayuso y el 'naranja' Ignacio Aguado, han comparecido tras firmar el documento de 155 puntos —en referencia al artículo de la Constitución— sin tener el visto bueno del partido que preside Santiago Abascal, cuyos 12 diputados son imprescindibles para conseguir la mayoría necesaria.

Ese apoyo de Vox para que los conservadores retengan el Gobierno regional —tras 24 años ininterrumpidos— no está asegurado. Rocío Monasterio, la líder en Madrid del partido de extrema derecha, ha calificado de "vergonzoso" que PP y Cs hayan cerrado su pacto mientras PP y Vox negociaban detalles del suyo. Tras hacerse público el acuerdo, Santiago Abascal ha demandado una reunión conjunta con Pablo Casado y Albert Rivera, a la que el primero a accedido rápidamente, para desbloquear la investidura: "No vamos a pedir más de lo que nos corresponde, pero sí vamos a exigir un acuerdo de investidura", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha evitado concretar durante su comparecencia en rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, si Rivera acudirá a la reunión. Fuentes de Cs revelan que Rivera ha recibido un mensaje de Abascal después de que lo anunciara en público y le ha contestado en la misma línea que la portavoz en nombre de la ejecutiva. Es decir, que si van a rectificar su sentido del voto lo trasladen a los equipos autonómicos.

Por consiguiente, si no hay cambios sustanciales en la posición de los 'naranjas', todo parece indicar que Vox no se sumará al acuerdo antes del mediodía del martes, plazo marcado por Díaz Ayuso con vistas a ser proclamada candidata a la Presidencia en el pleno programado el miércoles 10 de julio.

El acuerdo entre PP y Cs también incluye los cargos a repartir entre las dos formaciones. Díaz Ayuso sería la presidenta de la Comunidad con Aguado como vicepresidente. El Gobierno pasaría de las nueve consejerías actuales a trece, que estararían repartidas casi a la par entre las formaciones (siete para el PP y seis para Cs, una de las cuales estará dirigida por el que será vicepresidente), sin ningún asiento para Vox.

La candidata 'popular' a la presidencia de la Comunidad ha pedido a Vox que "recapacite" sobre su 'no' a la investidura y ha asegurado que han accedido "a todas sus peticiones" en el acuerdo firmado con Ciudadanos: "Es bueno que primero lo vean y que luego nos digan por qué no están de acuerdo", ha señalado ante los medios. "Llevo tendiéndoles la mano a Vox desde el primer momento", ha asegurado. Aguado, por su parte, se ha mostrado abierto a sentarse con la ultraderecha pero únicamente para explicarles el contenido del mismo: "Si hay otros partidos que prefieren pactar con el PSOE o prefieren llevarnos a segundas elecciones, creo que sería un gran error".

Los guiños a Vox en el pacto Ayuso-Aguado

En dicho pacto se recogen guiños las peticiones de Vox. Como por ejemplo
"evitar el turismo sanitario, potenciando los mecanismos de facturación y cobro entre países por los ciudadanos comunitarios y no comunitarios atendidos" y a que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado accedan a "la información" que tenga la Administración regional "relativa a los extranjeros en situación irregular". En su punto número 17 también incluyen respetar las "convicciones morales" de las familias en la educación.

PP y Cs se comprometen a defender "los  derechos  del  colectivo  LGTBI+" y a lucha "contra la discriminación y la violencia que todavía sufren". Sin embargo, ante los medios, Díaz Ayuso ha señalado que se pueden incluir reformas de la ley LGTBI si esa es "la voluntad del parlamento". La conservadora ha hecho hincapié en dos cuestiones que, su juicio, "no convencen a la gente": la inversión de la carga de la prueba y los talleres afectivos en los colegios.

Una de las exigencias que Vox ponía sobre la mesa para apoyar la investidura de Díaz Ayuso era que se dejaran de imponer multas a quienes llevan a cabo terapias para "curar" la homosexualidad o a las empresas que discriminen por orientación sexual o identidad de género. 

Además, en el punto 147 se incluye "exigir la utilización de todos los instrumentos de nuestro Estado para hacer frente al separatismo y a cualquier amenaza hacia nuestro orden constitucional". Incluida la aplicación del artículo 155 si el Govern de la Generalitat presidido por Quim Torra "sigue sin acatar las leyes y los requerimientos de los órganos judiciales y constitucionales".

Se vuelve a repetir el escenario de Murcia

Hace apenas unos días PP y Cs se encontraron con el mismo escenario en Murcia. Ambas formaciones firmaron un acuerdo de gobierno conjunto que necesitaba los votos de Vox, pero los diputados de extrema derecha votaron en contra y tumbaron la posibilidad del candidato del PP, Fernando López Miras, de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad. En vistas a salvar la investidura, Ciudadanos levantó su veto a las mesas a tres y mantuvo una reunión a contrarreloj que duró aproximadamente cinco horas. Pero no funcionó.

Juan José Liarte, líder de Vox en Murcia, aseguró minutos antes de la votación que lo que impedía el acuerdo no era el grupo de Ciudadanos en la región, sino "el eje París-Madrid", en referencia a las advertencias del Elíseo a Albert Rivera a los pactos con la ultraderecha. También cargó con dureza contra la dirección del partido:"Cs ha demostrado esta mañana es estar muy por encima de la dirección del partido a nivel nacional". Eliarte llegó a reconocer que había una coincidencia del "95%" de sus puntos en el programa de 'populares' y 'naranjas'.

Al no salir investido el candidato 'popular' en Murcia, el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, debe iniciar nuevamente un proceso de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un nuevo candidato. Sin embargo, el bloque de la izquierda —PSOE y Unidas Podemos— no cuenta con los números necesarios, por lo que si la derecha no llega a un acuerdo, se abre la posibilidad de una repetición electoral.

Los de Rivera alegan que no pactan con la organización de extrema derecha —a la que nunca han denominado como tal, a diferencia del PP—, aunque sus dirigentes mantengan contacto directo y, gracias a sus votos, obtengan gobiernos. Para los 'populares' en cambio, no supone ningún problema firmar pactos con Vox y desde Génova reconocen que la relación entre Abascal y Casado es fluida. Su rol consiste en ejercer como árbitros, realizar dos acuerdos por separado y conjugarlos con el beneplácito del otro, pero Vox se ha cansado del 'ninguneo' de Ciudadanos que veta los de Abascal de cara a la galería.