La Comisión Europea seguirá de cerca el juicio contra los jóvenes de Altsasu

Este viernes no será un día más en once hogares de Altsasu. Mientras aguardan una notificación del juzgado sobre la fecha de juicio, los familiares de los jóvenes acusados de “terrorismo” por una pelea de bar con dos guardias civiles sin uniforme acaban de recibir la primera noticia alentadora en casi un año: el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha advertido en un documento que seguirá de cerca el proceso judicial.

“¿Contentas? Imagínese. Hace mucho, pero mucho, que esperábamos una señal así”, afirmó a Público Edurne Goikoetxea, madre de una de las jóvenes de esta localidad navarra que podría pasar varios años en prisión por una reyerta nocturna.

En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 12 años para su hija. Se trata de la petición más baja, ya que para el resto de acusados solicita penas que van entre los 50 y los 62 años de cárcel. A día de hoy, tres de ellos continúan encarcelados a la espera de juicio.

El caso llegó a las instituciones europeas de la mano de los europarlamentarios Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV), Marina Albiol (IU) y Josu Juaristi (EH Bildu). Han sido precisamente ellos quienes han recibido la respuesta de Timmermans, quien les ha comunicado que se “reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas” en caso de que este procedimiento judicial vulnere “los tratados y la legislación comunitaria”. El número dos de la Comisión se refiere principalmente a lo relacionado con la proporcionalidad de las penas, uno de los aspectos más polémicos del expediente sobre lo ocurrido el pasado 15 de octubre a las cinco de la mañana en un bar de Altsasu.

“Si bien las causas penales son competencia de los estados miembros, éstos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE cuando implementan la legislación europea”, ha advertido Timmermans. En tal sentido, señala que “las penas impuestas a las personas deben ser proporcionales a las acciones por las que pueden ser condenadas”.

Esta misma semana, las madres y padres de Altsasu habían recibido el apoyo de un amplio número de organizaciones sociales, que suscribieron un manifiesto en el que reivindican que este caso no debe ser catalogado como “terrorismo”, al tiempo que advierten sobre la situación de indefensión de los acusados. Actualmente, los tres jóvenes que siguen encarcelados se encuentran bajo régimen FIES, el mismo que se aplica a los presuntos terroristas.