Barroso, rey de la puerta giratoria: un tercio de sus comisarios saltaron de Bruselas a la empresa privada

MADRID.- Los gobiernos comunitarios vienen y van, pero las puertas giratorias siguen girando, bien engrasadas. Lo hacen independientemente de los signos políticos de presidentes y comisarios, de sus nacionalidades o de las promesas de los distintos ejecutivos de Bruselas. Al menos 9 de los 26 comisarios salientes de la II Comisión Barroso en 2014, uno de cada tres, saltaron desde sus despachos en Bruselas a empresas privadas u organizaciones vinculadas con las grandes multinacionales. Todo, después de haberse codeado durante años o lustros con las élites políticas y económicas mundiales desde sus sillones de máximos dirigentes europeos, los mismos que les permitieron dictar normativas que afectan a 500 millones de ciudadanos .

“Es chocante ver cómo se mueven, la cercanía de los comisarios con las empresas”, asegura a Público Vicky Cann, investigadora del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) y autora del informe que este diario publica en primicia en España. “Es definitivamente algo para lo que necesitamos una solución. Es un problema que habíamos localizado antes, lo denunciamos hace cuatro años y nos dijeron que cambiarían las normas, pero las puertas giratorias siguen funcionando. Son un reflejo de la forma de trabajar de la Comisión", afirma.

Cann: "Es chocante ver cómo se mueven, la cercanía de los comisarios con las empresas"

Las puertas giratorias giran de nuevo: los comisarios de Barroso se unen al sector privado recopila y documenta los casos de las 115 funciones que han pasado a desempeñar estos comisarios, que sólo han obtenido autorización explícita del Colegio de Comisarios en 98 de estos casos. Este organismo no se ha pronunciado contra estos saltos ni tan siquiera en uno sola de las ocasiones y apenas ha consultado una tercera parte -37, en total- con el Comité Ético ad hoc que actúa cuando el Ejecutivo entiende que podría darse un conflicto de intereses.

Sin embargo, un vistazo a las distintas carteras que manejaron y a la lista de empresas que demandan sus servicios basta para comprobar que ese "conflicto de intereses" es un peligro más que evidente: muchos comisarios llevan años, incluso decenios, trabajando como altos cargos en distintas instituciones europeas. Conocen sus entresijos, saben qué resortes deben activar y a qué puertas llamar para lograr sus propósitos, y han mantenido un estrecho contacto con la élite política y económica mundial. Y esto es precisamente lo que los convierte en objeto de deseo para las multinacionales.

Una circunstancia que para la Comisión, y según denuncia el CEO, no siempre es suficiente motivo para extremar el celo. Critican que las reglas para los comisarios siguen siendo “inadecuadas”, “vagas” , que están “pobremente implementadas”, a pesar de que algunas fueron instauradas por la Comisión que les prometió “las mejores prácticas en Europa y en el mundo”.

El Código de Conducta de los Comisarios establece que durante los 18 meses posteriores a la entrega de sus carteras estos exdirigentes deben dar cuentas de sus nuevas ocupaciones -algo que no siempre se cumple-, pero también que sólo cuando sus nuevas funciones estén directamente relacionadas con sus anteriores responsabilidades será obligatorio pedir el dictamen de un Comité Ético, cuya resolución tampoco es vinculante.

En teoría, tampoco pueden actuar directamente como lobbistas en beneficio de empresas privadas durante este periodo, pero para el CEO esta es una línea convenientemente difusa, y según el estudio les permite seguir desempeñando otras acciones de presión más sutiles.

Eso, por no hablar de la remuneración que reciben durante los tres años posteriores a su jubilación, que se corresponde con entre un 40% y un 65% del sueldo que percibieron como comisarios (dependiendo de la antigüedad). Durante estos tres años tienen un tope salarial que les impide cobrar más de lo que ganaban al frente de sus respectivas carteras, sumando las retribuciones de las empresas a su generosa pensión. Desde julio de 2012, el salario base bruto de los comisarios está en los 20.832 euros mensuales (250.000 euros anuales en 12 pagas) y el del presidente de la Comisión sube hasta los 25.556 euros (306.000 euros, sin extras y sin contar dietas o complementos).

Entre los casos documentados por el CEO brilla con especial intensidad el del expresidente José Manuel Durão Barroso, que desde que dejó su cargo en su II Comisión el 1 de noviembre de 2014 ha adoptado hasta 22 funciones de todo tipo, remuneradas o no: desde distinciones honoríficas en universidades o think tanks hasta la presidencia de honor del Comité Honorífico del European Business Summit-el mayor evento de los lobbies corporativos en Bruselas-, además de incorporarse a la dirección del exclusivo y secreto club Bilderberg. “Parece una omisión extraña no haber recordado a Barroso la prohibición de hacer lobby desde su posición en el club Bilderberg”, critica el informe, que recuerda el enorme interés del selecto club por albergar en su seno a poderosos grupos de presión, multinacionales y líderes políticos.

“Parece una omisión extraña no haber recordado a Barroso la prohibición de hacer lobby desde su posición en el club Bilderberg”, reza el informe

Durante su etapa como primer ministro de Portugal, Barroso pasó a ser tristemente conocido por su papel de anfitrión en la cumbre de Las Azores, en la que George Bush, Tony Blair y José María Aznar teatralizaron junto al portugués su decisión de invadir Irak (2003). Un año después, como presidente de su primera Comisión (2004-2009), cosechó una nueva lluvia de críticas por su decisión de dejar la cartera de Seguridad, Libertad y Justicia en manos del conservador italiano Rocco Buttiglione, y fue forzado a dar marcha atrás por los exabruptos machistas y homófobos del ultracatólico.

Sólo unos años después, en 2013, Barroso estaba a los mandos de la que sería su segunda Comisión cuando comenzaron las negociaciones secretas del tratado de libre comercio entre Washington y Bruselas, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés). El Libro Negro elaborado por el CEO documenta algunas de las cesiones de la II Comisión Barroso ante las presiones de las multinacionales en materia de agricultura, alimentación o finanzas, y su nuevo estudio viene a ratificarlas: “Los intentos de multinacionales y lobbies corporativos para influir en las políticas europeas fueron más exitosos que nunca durante la II Comisión Barroso”.

Otro de los casos paradigmáticos es el del excomisario Karel de Gucht, responsable de Comercio cuando comenzaron formalmente las negociaciones sobre el TTIP. Ya entonces fue muy criticado por el enorme peso que otorgó a los lobbies en estas reuniones, y recientemente recibió permiso para adoptar funciones en tres compañías distintas: CVC Capital Partners, Merit Capital y Belgacom (hoy Proximus). Las dos primeras operan en el sector financiero, mientras que la última forma parte de la Asociación Europea de Telecomunicaciones y Operadores de Red (ETNO, en inglés).

Sólo en los 7 primeros meses de 2015, la compañía con la que pretende colaborar el excomisario ha declarado una inversión de 299.9999 euros en acciones de lobby

Según el CEO, el sector de las telecomunicaciones ocupa el tercer lugar en el podio de las multinacionales que mantuvieron un mayor número de reuniones a puerta cerrada con la Dirección General de Comercio hasta que de Gucht dejó la Comisión.  Sólo en los primeros siete meses de 2015, la compañía con la que pretende colaborar el excomisario declaró un gasto de 299.9999 euros en acciones de lobby. “A nuestro entender, la Comisión no debería haber autorizado este movimiento”, critica el CEO.

"Tuvo muchos encuentros con las grandes empresas, es chocante", afirma Cann. "Lo que es particularmente importante es que el de las telecomunicaciones fue uno de los lobbies más fuertes. Su reclutamiento puede ser una carta en el devenir de esas negociaciones", advierte.

A lo largo de más de una treintena de páginas, el informe presenta también los casos del español Joaquín Almunia, excomisario de Competencia, hoy autorizado para realizar hasta 13 funciones distintas, algunas en empresas privadas, o el de la extitular de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, que cobra un salario por sus trabajos para el think thank Bertelsmann Foundation, propietario de tres cuartas partes de las acciones de la corporación mediática que lleva el mismo nombre.

Los ejemplos de estos y otros comisarios son “insanos” en opinión del CEO, peligrosos por la cercana relación entre los gobernantes europeos y las empresas. A su juicio, Bruselas no debería haber autorizado al menos ocho de las funciones asumidas por distintos comisarios únicamente en lo que respecta a la II Comisión Barroso. 

El hecho de que ni siquiera el Comité Ético sea un organismo independiente –se compone ad hoc, y lo integran un exjuez y dos exrepresentantes de las instituciones europeas- sirve para ilustrar la permisividad de la Comisión con las actividades de los más altos dirigentes de todo un continente, que ni siquiera son elegidos directamente por los ciudadanos europeos.

Para evitar los "potenciales conflictos de intereses", el CEO sugiere prohibir a los comisarios que se incorporen a empresas privadas de los sectores relacionados con sus carteras al menos durante tres años, y pide afilar la normativa para que acote mucho más su campo de juego.

 Sin embargo, en una cultura política en la que incluso el registro de lobbies es voluntario, Cann cree necesario potenciar cambios que vayan más allá de lo normativo. “Este asunto va sobre voluntad política”, afirma. “Cuando tienes una Comisión que no ve problemas en que estos exgobernantes pasen directamente de Bruselas al sector privado, tenemos un problema”.