El comisario Villarejo volverá a enfrentarse al juez del caso del pequeño Nicolás

MADRID.- Este miércoles el multimillonario policía y agente encubierto José Manuel Villarejo Pérez tendrá que verse de nuevo las caras con el juez Arturo Zamarriego, que instruye el sumario del pequeño Nicolás. Lo hará como investigado, por haber puesto presuntamente su red de empresas y periodistas al servicio de una operación ilegal contra agentes de Asuntos Internos y del Centro Nacional de Inteligencia encargados de las investigaciones. La actuación consistió en grabar una reunión legal entre ambos organismos y hacérsela llegar a Francisco Nicolás, haciéndole creer que era la prueba que demostraría que se estaba manipulando la investigación y que se archivaría el caso.

No es la primera vez que cruza las puertas del juzgado de instrucción número 2 de Madrid. Hace un año, el comisario Villarejo Pérez acudió a declarar a petición de la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, para aportar su testimonio a favor del presunto estafador y en contra de los agentes de Asuntos Internos, encabezados por el comisario Marcelino Martín-Blas -que se habían cruzado con él en investigaciones como la de Gao Ping o la mafia india- y a los que pretendía acusar de manipular pruebas.

Pero el interrogatorio no fue un camino de rosas. El juez le delimitó los extremos de su declaración y en reiteradas ocasiones tuvo que llamarle la atención y recordarle que como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía tenía que aportar pruebas, “nombres y fechas”, de los hechos que quería denunciar. Nunca los aportó.

Ahora, su abogado, Ernesto Díaz Bastién, tendrá que defenderle de las pruebas acumuladas a lo largo de año y medio en los cuatro tomos que conforman la pieza separada sobre esta grabación ilegal y por revelación de secretos, y que señalan al agente encubierto como autor intelectual de la operación contra el CNI y Asuntos Internos.

Los investigadores también pidieron la imputación de otros dos comisarios, Eugenio Pino y Enrique García Castaño, así como del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien además fue el organizador de las reuniones entre el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, grabadas en el despacho de Fernández Díaz y que fueron desveladas por Público. La última de esas reuniones se celebró sólo cuatro días antes de que se realizase la grabación investigada en el caso del pequeño Nicolás.

Sin embargo, la fiscalía sólo ha aceptado que se investigue (concepto que sustituye al de imputación) a Villarejo y al experiodista de la página digital que regenta su mujer, Gema Alcalá, y que presuntamente logró grabar el encuentro entre los policías y los espías gracias a un programa espía que la propia cúpula policial le había instalado al comisario Martín-Blas en su teléfono.

El propio exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, que fue cesado de su puesto debido a las presiones de Villarejo al anterior Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, explicó hace una semana en su declaración que poco antes del 20 de octubre –día en que se produce la reunión entre los investigadores y el CNI- Pino le dijo que le entregara su teléfono al comisario Enrique García Castaño para que le instalara una aplicación de seguridad en el teléfono.

Otro de los informados de la operación contra el CNI y el comisario Marcelino Martín-Blas era el jefe de gabinete del DAO, José Ángel Fuentes Gago, pero tanto los informes del Centro Criptológico Nacional como de la Policía Científica aseguran que se le pudo instalar en el teléfono un programa espía, que sirvió para monitorizar el móvil simplemente haciendo una llamada.

Así es como el periodista del entramado empresarial de Villarejo pudo grabar la reunión, con una simple llamada que, sin necesidad de que sonara ni vibrara ni nadie descolgara, convirtió el altavoz del jefe de la Unidad de Asuntos Internos en un micrófono. Después, este periodista llamó a la esposa de Villarejo, para la que también se pide la imputación, y ambos se la entregaron el 17 de noviembre de 2014 a dos de sus periodistas receptores de filtraciones, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Esa misma tarde, Inda y Urrieztieta se reunieron con Francisco Nicolás en el parque del Canal de Isabel II, donde le dejaron escuchar la grabación y le convencieron para que les diera una entrevista a cambio de darle la prueba con la que supuestamente podría cerrar la causa. La investigación también ha pedido que se investigue a estos periodistas, aunque la Fiscalía por ahora se ha negado.