Las cloacas de InteriorUn magistrado insta a la juez del caso Nicolás a investigar de una vez a Villarejo, Pino e Inda

Hasta ahora ha impedido que prosperen las investigaciones sobre la trama que se esconde tras el escándalo del Pequeño Nicolás –lo que ha provocado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, pero ahora la jueza María Pilar Fernández Gamo va a tener que ir adelante con esa causa o lo hará otro magistrado por ella, dejándola en evidencia. Incluso podría ser acusada de prevaricación, según señalan a Público las acusaciones populares de Podemos y Plataforma por la Honestidad.

Esto es lo que ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias, al admitir a trámite la querella criminal presentada por la Plataforma por la Honestidad contra los comisarios José Manuel Villarejo –hoy en prisión– y Eugenio Pino –ex director adjunto operativo de la Policía–, el tertuliano Eduardo Inda y otros presuntos cómplices de la trama para obstruir la acción de la Justicia en el escandaloso y enrevesado caso del Pequeño Nicolás.

En el auto que notificó a las partes en los últimos días de 2017, el magistrado-juez constata que "de lo actuado en las presentes diligencias previas se desprende la

comisión de varios hechos aparentemente delictivos", entre los que se incluyen "los delitos de obstrucción a la Justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal" y quizá otros, según los artículos 270 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sin embargo, la jueza Fernández Gamo mantiene paralizado el proceso y ha efectuado numerosas maniobras con la intención de archivarlo –como ha ido revelando Público–, incluso cerrando una importante subpieza secreta del sumario sin haber concluido las diligencias que había ordenado la Audiencia Provincial, una instancia superior cuyas resoluciones es obligatorio cumplir. Además, se trata de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector José Ángel Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial en lo que parece un grave delito de destrucción de pruebas en archivos policiales centrales.

El juez decide que los hechos denunciados "deben considerarse como delitos conexos conforme a lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"

En vista de todo ello, el juez Sexmero Iglesias decide que "los delitos anteriormente mencionados deben considerarse como delitos conexos conforme a lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y dispone "la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor del JUZGADO DE INSTRUCCION N° 2 DE MADRID [el de la magistrada Fernández Gamo], para su unión a las diligencias abiertas por los hechos referidos: D.P. 467612014".

Es decir, el titular del Juzgado Nº4 dispone que la que debe investigar esos gravísimos hechos –relativos a la grabación ilegal en sede policial de una reunión confidencial entre mandos de Asuntos Internos y agentes del servicio secreto (CNI)– debe ser la magistrada denunciada ante el CGPJ precisamente por obstruir el procedimiento. Pero esta vez las investigaciones irán adelante aunque ella no lo haga, puesto que la "parte dispositiva" del auto judicial concluye así:

"No obstante este Juzgado continuará con la instrucción de la causa hasta la

aceptación de la inhibición.

lnterésese acuse de recibo expresando si se acepta o no la inhibición".

Así que la jueza Fernández Gamo difícilmente va a poder continuar con sus maniobras dilatorias que procuran el archivo de una causa sobre gravísimos delitos contra la seguridad del Estado y que sólo favorecen a Villarejo, Pino, Inda y otros protagonistas de Las cloacas de Interior.