Ciudadanos sigue la senda de PSOE y Podemos y promete blindar derechos sociales en la Constitución

MADRID.- Un golpe de efecto de cara al 20-D. En eso se ha convertido el acto que Albert Rivera ha protagonizado este sábado en Cádiz. El líder de Ciudadanos eligió la cuna del constitucionalismo español para presentar su programa de reforma constitucional e institucional que finalmente parece haber alcanzado las expectativas creadas por el anuncio de “proyecto ambicioso” que prometió en las últimas semanas. Rivera sorprendió, por ejemplo, al promover la eliminación de la ley Sálica, es decir, la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.

Apenas dos días después de que el barómetro del CIS desinflara el objetivo -a corto plazo- de C's de llegar al 20-D por encima del PSOE -sigue como tercera fuerza, a 10 puntos de diferencia de los socialistas-, Rivera quiso echar leña al fuego de la batalla electoral en el día que por fin salió a la luz el secreto del que será el eje de su estrategia. Y, entre otras cuestiones, se unió a la senda marcada por PSOE y Podemos y prometió incluir en la Constitución una nueva sección de derechos sociales: a la salud, a la vivienda, a la protección ambiental, a los servicios sociales y el acceso a los mismos “en condiciones de igualdad”. Una reforma, ha dicho Rivera, que serviŕa para “mejorar la vida de la gente”.

El líder de los naranjas salió al escenario nervioso y entusiasmado, solo por primera vez -aunque sí estuvo arropado desde las butacas por varios miembros de su Ejecutiva y líderes autonómicos de C's-, “mirando a los ojos a los ciudadanos” que le recibieron al grito de “presidente, presidente” y a los que prometió también garantizar “el derecho a la buena administración”, así como la promesa de que la financiación de todos esos servicios estarán garantizados, al incluir la “garantía presupuestaria” de los mismos en la Carta magna.

No obstante, hoy se ha abierto la puerta al establecimiento de “copagos” en el caso de que sea Rivera quien llegue a la Moncloa. “Las Comunidades que deseen incrementar los servicios prestados respecto de los garantizados podrán, en virtud del principio de responsabilidad fiscal, sufragarlos mediante el incremento de las cargas tributarias que recae sobre los ciudadanos que serán los que, en última instancia, deberán valorar la conveniencia de tales incrementos”, reza el dossier que C's ha entregado a la prensa a modo de resumen de su proyecto [Ver documento adjunto]. Ello supondría que si una Autonomía desea ampliar la cartera de servicios básicos de Sanidad, por ejemplo, serían los habitantes de la misma los que tendrían que pagarlo a través de una subida de impuestos.

En este sentido, los Ciudadanos han cumplido su promesa de promover una “clarificación de la distribución de competencias” que supondría tocar el Título VIII de la Constitución. Así promueve derogar los artículos 143, 144, 146, 148, 151 y el inciso primero del 152 que consideran “preceptos constitucionales que son meras disposiciones transitorias para acceder a la autonomía y que ya no son de aplicación”. Rivera pretende “fijar el mapa autonómico de manera definitiva” enumerando en la Carta Magna las 17 Comunidades y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y eliminando, con ello, la posibilidad de que Navarra llegue algún día a incorporarse al País Vasco.

Como avanzó, los cambios competenciales harán referencia a la exclusividad del Estado en algunas cuestiones legislativas y ejecutivas, en cuyo caso el poder autonómico para gestionar la normativa nacional quedará “sometido a vigilancia y control”. Otras competencias serán compartidas y otras, “residuales”, sólo autonómicas.

“Queremos concretar el Estado de las autonomías para dejar de hablar de quién tiene las competencias para poder ejercerlas”

“Queremos acabar con la transitoriedad y concretar el Estado de las autonomías para dejar de hablar de quién tiene las competencias para poder ejercerlas”, mitineó Rivera. “Los separatistas nunca estarán contentos con la reforma autonómica, así que lo que pretendemos es que esté contenta la mayoría de los españoles”, justificó también en este punto.

También eliminará, suprimiendo el 150.2, la posibilidad de transferir facultades del Estado a las Comunidades -para evitar, dijo, pactos como los de “Aznar y Pujol” en su día- y establecerá “normas de relación” entre el Gobierno y las Autonomías “para evitar conflictos sobre la prevalencia de la legislación del Estado”. Así, “si hay algún Gobierno autonómico que quiere quitar derechos a los españoles, el Estado podrá actuar; queremos una cláusula de cierre para garantizar esos derechos en cualquier rincón de España”, agregó Rivera, haciendo referencia al reciente conflicto independentista de Catalunya.

En cuanto a la financiación autonómica, Rivera quiere un sólo fondo de cohesión social común para todos (“para que un enfermo, un niño o un dependiente pueda dejar de tener garantizados sus derechos en cualquier rincón de España”, dijo) y pretende “revisar los cupos” vasco y navarro con el fin, dice, de “evitar desigualdades de una menor contribución a la solidaridad colectiva”. “Tarde o temprano Europa va a unificar la política social y no tiene sentido que no tengamos una caja común española donde todas las Comunidades participen y no queden fuera algunas de ellas”, argumentó. Y eso pese a que los dirigentes de dichas regiones repiten hasta la saciedad que ofrecen más de lo que reciben y que dicha cuestión no es un privilegio, sino un pacto histórico que no debe tocarse.

Entre lo que ya se esperaba, Rivera constató sus propuestas para eliminar el Senado (“o lo reformamos o lo suprimimos”, había avanzado), así como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las Diputaciones. También las de fusionar Ayuntamientos, reconocer en la Constitución la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) (“Soy un europeísta de pro”, se definió Rivera) y la de introducir cambios en el nombramiento de fiscales, jueces y magistrados tanto del Poder Judicial en general, así como en el propio Tribunal Constitucional (TC).

Así, en el caso de la Cámara Alta sería sustituida por un “Consejo de Presidentes de las Comunidades Autonómas”, que, tal y como explicó el líder de C's se traducirá en “una reunión permanente, en una Cámara legislativa, donde los Gobiernos autonómicos decidirán y hablarán de financiación, de infraestructuras, de planes hidrológicos, etc. donde las Comunidades no estén enfrentadas y si lo están, lo estén allí, y no en las televisiones”, ironizó Rivera, en referencia -aunque no les citó expresamente- a la batalla interna del PSOE entre Ximo Puig y Emiliano García-Page por el trasvase del Tajo-Segura. En cualquier caso, se trata, sentenció Rivera, de “acabar con las deficiencias de funcionamiento del Senado” para establecer un mecanismo de descentralización política pero coordinada. “Los que creemos de verdad en el Estado de las Autonomías creemos que es lo mejor para crear un verdadero Estado federal, y que en el Congreso se hable de temas de ámbito nacional”, zanjó.

En cuanto al poder judicial, Rivera sorprendió de nuevo al promover no sólo la “despolitización” -ya anunciada- del Tribunal Constitucional y el CGPJ, sino abogando por la supresión del mismo. Lamentando que en España ya no exista casi la separación de poderes, Rivera apostó por que “quienes gobiernen el Poder Judicial no sean tentáculos de la política”, sino que éstos sean sustituidos por presidente del Tribunal Supremo, “la última parte de la pirámide judicial”, que será elegida por las 2/3 partes del Congreso, pero deberá contar con al menos 20 años de ejercicio en la carrera judicial, no podrá haber tenido vinculación con ningún partido, y ejercerá el cargo durante un máximo de seis años. Asimismo, de llevarse a cabo el programa naranja, todos los nombramientos de todas las plazas de juzgados, audiencias y tribunales se realizarán por oposición, “por mérito”, y no a dedo o por mayorías parlamentarias. Se impondrá, además, que los jueces y magistrados que acepten cargos políticos se vean obligados a “un periodo de excedencia mínimo de dos años tras el correspondiente cese”.

El mismo principio de “mérito y capacidad” regirá también para el Fiscal General del Estado para evitar, dijo Rivera, que se produzcan casos como el de los Pujol o, incluso el caso Noos, en el que la infanta Cristina podría acogerse a la doctrina Botín al no estar el Ministerio Público personado en la causa. Así, se le exigirá veinte años de carrera fiscal y la no vinculación con ningún partido ni el haber ostentado cargo público de algún tipo.

25 años de carrera deberán tener en su haber también los magistrados del Tribunal Constitucional, que no podrán ser nombrados si en los cinco años anteriores han tenido cargos orgánicos en alguna formación política o han ocupado algún escaño o tenido un puesto en el Ejecutivos de ningún tipo. Para frenar “resoluciones politizadas” -como las que teme que se puedan producir en el caso de Catalunya-, C's ha propuesto que la pertenencia al TC sea por 12 años “para separarlo de las legislaturas”, así como el deber de atenerse a un estricto régimen de incompatibilidades “previo y posterior” para “acabar con las puertas giratorias”. “Que no se les puedan pagar favores cuando cesen con una silla en un despacho”, ejemplificó Rivera.

Otras medidas relativas a este ámbito son también la supresión de los aforamientos para “todos” los representantes públicos sin excepción, la limitación de los indultos (“en ningún caso será posible indultar a los condenados por delitos de corrupción o contra la Administración ni los de violencia de género”, reza el documento) y el impulso a las comisiones de investigación parlamentarias. Rivera también incluye la supresión de la figura del decreto-ley a fin de evitar que se produzcan legislaturas en las que el Gobierno cambie las normas a golpe de 'decretazo', como ha hecho Mariano Rajoy.

Y, cómo no, desveló al fin su reforma “absoluta” de la ley electoral que, finalmente, no va dirigida a cambiar sólo las circunscripciones (para hacerlas autonómicas y no provinciales como hasta ahora), sino a imitar el régimen electoral alemán. Ello supone “que la elección de los diputados se hará simultáneamente entre escaños unipersonales y listas proporcionales, disponiendo en consecuencia cada elector de dos votos”, reza el documento de los naranjas, que también incluye la inclusión de la protección de datos personales y a la transparencia como derechos fundamentales de la Constitución. Rivera matizó que, de llevarse a cabo la propuesta, los ciudadanos elegirián a “175 diputados que irán en una lista nacional y otros 175 elegidos por distritos para que por primera vez se pueda elegir a personas y no a partidos”.

Asimismo, el presidente de C's prometió “más proporcionalidad para que todos los votos valgan igual”, “más cercanía” (rendición de cuentas de los cargos públicos y mejora de la participación ciudadana en la política, que también se vería reflejada en una mayor facilidad para presentar Iniciativas Legislativas Populares -ILPs-) y una reforma de la ley de partidos -que supondrá cambios en el artículo 6 de la Constitución- para que todos tengan que someterse a primarias y sean los militantes quienes escojan a sus candidatos.

Al final, la propuesta de Regeneración democrática e institucional de Ciudadanos que, según él, “es el anhelo de millones de españoles”, sí supondrá algunos cambios sustanciales y desarrollo de la Carta Magna. Pero para lograrlo Rivera deberá hacerse con las riendas de la Moncloa y liderar el Gobierno que resulte de las urnas en las próximas elecciones generales. “Tenemos que ganar para poder cambiar las reglas del juego y los españoles vuelvan a confiar en sus instituciones”, asumió Rivera, que pidió el voto presentando al partido como la “marea naranja que quiere ganar para cambiar España y no sólo para llegar al Gobierno, como PP y PSOE”. “Somos los únicos que podemos canalizar el cabreo para, desde la ilusión, reformar el país”, dijo también, en referencia a Podemos, contra quienes recientemente los naranjas lanzaron una campaña encaminada en esa misma dirección.

“Tenemos difícil ganar las elecciones pero también cambiar España”, concluyó Rivera, que dijo presentarse a las elecciones para dejar “un futuro mejor” a sus hijos. Y, aunque para Rivera, “imposible es sólo una opinión”, no parece probable que vaya a conseguir su meta. Al menos, según se desprende del último barómetro del CIS, que sitúa a Ciudadanos como tercera fuerza, aún a 10 puntos del PSOE. Pese a todo, o tal vez por ello, Rivera parece haber dado un giro para no sólo robar votos al PP sino también a socialistas y morados. De ahí la inclusión de los derechos sociales en la Constitución, una promesa a la que también se han comprometido dichos partidos.