El CGPJ abre expediente disciplinario a la juez Victoria Rosell

MADRID.- El órgano responsable de la disciplina de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, ha abierto expediente a la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos por una supuesta falta muy grave al no haberse apartada de un procedimiento cuando fue recusada en el año 2013.

La decisión ha sido adoptada por el Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, una figura de nueva creación que concentra en su persona la competencia disciplinaria otorgada por la Constitución al CGPJ.

El CGPJ anunció el expediente a Victoria 
Rosell la víspera de la declaración de
Salvador Alba
por dos faltas muy graves

La falta muy grave se centra en que Victoria Rosell, como titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, continuó con un procedimiento durante un año y seis meses a pesar de haberse solicitado que fuera apartada y que estaba a la espera de la decisión de la Audiencia al respecto, según la versión del CGPJ difundida en un comunicado.

A juicio de Fonseca-Herrero, Rosell habría cometido una falta muy grave, sancionada por el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) respecto a la desatención en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, afronta como magistrada un expediente que podría terminar en el archivo -sin consecuencias para ella- o bien con la suspensión de la juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial por dos años.

En su versión, ella no estuvo un año y seis meses con el caso, sino que hubo que esperar este tiempo a que la Audiencia resolviera el incidente de recusación. En dicho intervalo, la magistrada tuvo que comparecer en esta causa dos veces para acordar la suspensión de la declaración del imputado porque el juez que lo sustituía no acudió a tomarle declaración. El juez sustituto en el incidente de recusación es Florencio, Barrera, titular del Juzgado de Instrucción 4, según fuentes jurídicas.

El imputado que la denunció es el abogado Eduardo López Mendoza, quien suspendió su propia declaración en el juzgado en cuatro ocasiones. Este letrado es investigado desde 2010 por la denuncia presentada por la abogada Miriam González por un supuesto delito patrimonial.

López Mendoza es un abogado canario que ya había sido denunciado por un cliente por quedarse con una provisión de fondos. Fue defensor de José Miguel Suárez Gil, expresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

El expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo remitida al CGPJ el pasado 8 de abril. Se trata de una denuncia contra la magistrada, en ese momento diputada de Podemos en el Congreso, y que había sido presentada por el imputado López Mendoza por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

Esta denuncia se produjo tres años después de la supuesta infracción de Rosell y seis años después de que el caso contra este imputado recayera en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas.

En un comunicado, el CGPJ explica que la Fiscalía del Supremo no apreció que existiera delito y acordó el archivo de esta denuncia, pero la remitió al Consejo por si "pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria".

"Tras estudiar el contenido de la denuncia -explica la nota-, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias", el Promotor concluye "que la juez Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013".

La nota destaca que en un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, la juez Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.

La recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó y que tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.

El Promotor señala en su acuerdo que entre los días 6 de noviembre de 2013 –fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 –fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado- “la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.

Esa intervención se produjo “concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014”, añade el Promotor.

Se da la circunstancia de que la recusación de López Mendoza contra Rosell se basó en una supuesta animadversión hacia él por parte de la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, quien había reclamado a su cliente Suárez Gil el pago de unas costas procesales después de ganar en el Supremo una denuncia por vulneración del derecho al honor.

La difusión del anuncio de la apertura de un expediente disciplinario a Victoria Rosell se produce la víspera de que el magistrado Salvador Alba compareciera ante el Promotor de la Acción Disciplinaria en el expediente abierto contra él por dos faltas disciplinarias muy graves.

Victoria Rosell siempre ha sostenido que es víctima de una persecución política liderada por el entonces presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria.

Nada más aceptar se candidata de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell vio complicada su vida con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía que fue frenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El alto tribunal determinó que el ministerio público había vulnerado los derechos fundamentales de la candidata y prohibió que continuara investigándola hasta que se celebraran las elecciones de diciembre de 2015.

La Fiscalía Anticorrupción investigaba si Rosell dilató un caso en su juzgado abierto contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, quien había comprado al periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, los derechos de una emisora por 300.000 euros. Esta venta se realizó después de que la magistrada diera el salto a la política.

Esta investigación de la Fiscalía contra Rosell fue archivada en febrero pasado por el Promotor de la Acción Disciplinaria.

Fue José Manuel Soria quien se querelló contra Rosell en el Tribunal Supremo, donde ella estaba aforada como diputada. Rosell optó por dimitir para defenderse. La causa fue remitida entonces al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Para complicar el caso, el sustituto de Rosell en el tiempo que estuvo en política, el magistrado Salvador Alba, es el autor del informe que decantó la decisión del Supremo de investigar el caso. 

Fue entonces cuando el imputado López Mendoza denunció a Rosell ante el Supremo, tres años después de la supuesta infracción de la juez. Medios judiciales sostienen que este abogado mantiene relaciones de amistad con Alba. 

Una grabación reveló que Alba se había entrevistado con Miguel Ángel Ramírez para, al parecer, acordar los términos de su declaración sobre este caso y contra Rosell. El empresario reconoce haber tenido negocios con Carlos Sosa desde el año 2009.

Salvador Alba siempre ha defendido que esta conversación fue manipulada por Ramírez y exigía que fuera entregada de manera íntegra en el sumario que investiga al magistrado, quien, a su vez, se ha querellado contra el empresario.

Por si fuera poco, Alba grabó una conversación con el magistrado Carlos Vielba, en la que éste le propone un encuentro con Ramírez para zanjar el conflicto.  Alba entregó en el juzgado la grabación íntegra, donde aparecen otros compañeros de su sección en la Audiencia de Las Palmas quienes, en un receso, hablan entre sí de los casos que manejan y hacen comentarios comprometedores. Uno de ellos llega a decir que todas las rumanas son "putas". Esta grabación fue revelada por Canarias Ahora, publicación digital dirigida por Sosa.

Los jueces de Canarias se reunieron el pasado 14 de noviembre ante la "extrema gravedad" de las grabaciones de Alba y para protestar por la pasividad del CGPJ en esta escalada ya que "siquiera de forma cautelar" debía de haber actuado para restaurar "la imagen de la Justicia y la dignidad de la función". La Junta de Jueces exigió la apertura de expedientes disciplinarios o investigaciones penales para"todos aquellos" que han puesto a la Justicia en Canarias al pie de los caballos.

En este momento hay cuatro procesos penales abiertos: 

1) El Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga a Rosell por la denuncia presentada contra ella por José Manuel Soria. Se investigan los delitos de dilaciones indebidas y retraso malicioso en una investigación de fraude a la Hacienda Pública abierta en su juzgado contra Miguel Ángel Ramírez.

2) El TSJ de Canarias investiga a Salvador Alba por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. En este procedimiento se investiga la grabación que realizó Ramírez a Alba donde ambos habrían abordado la declaración del primero con el fin de involucrar a Rosell en el retraso de la instrucción de la causa abierta contra el empresario.

3) El Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas investiga una  querella de Alba contra Ramírez y el abogado Sergio Armario por grabarle y difundir la conversación en su despacho de forma fragmentada. La querella fue interpuesta por descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones.

4) El Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas continúa con la investigación abierta contra  Miguel Ángel Ramírez. Se investigan supuestos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social que habría cometido el empresario con un supuesto fraude a la Seguridad Social de 13 millones de euros.

Por otro lado, el Promotor de la Acción Disciplinaria tiene abierto un expediente contra Salvador Alba a raiz de una denuncia presetada contra él por Rosell. El Promotor investiga dos faltas muy graves referidas a una posible revelación de secretos, incumplimiento del deber de abstenerse y abuso de autoridad.

Y, ahora, el Promotor abre este expediente a Victoria Rosell por una supuesta falta muy grave por unos hechos cometidos en 2013.