VALENCIA.- Cuando el nuevo gobierno municipal entró en el Ayuntamiento de Valencia, entre muchas otras cosas se encontró con que una funcionaria se dedicaba únicamente a prepararle el café a Rita Barberá. Dinámicas como ésta eran habituales en el entonces consistorio popular.

Quizás por eso este martes, cuando la Guardia Civil entró a practicar los registros de la operación Taula en las dependencias del grupo popular municipal, la policía local intentó impedir que los periodistas tomaran imágenes del momento. Fue entonces, al percatarse de esa circunstancia, cuando los nuevos responsables de los servicios municipales tuvieron que recordar de nuevo a los policías que la prensa podía hacer su trabajo. Que las cosas habían cambiado.

Pocos minutos antes, concretamente a las diez de la mañana de este martes, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habían entrado en el despacho del PP, pedido a los funcionarios que levantasen los manos de los teclados y que se retirasen de los ordenadores, y ordenado que se agruparan a un lado y prohibiéndoles usar sus móviles en los primeros momentos del registro.

Porque aunque el principal detenido de la macrorredada llevaba a cabo por el caso Imelsa es el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, la trama hundió también sus tentáculos en el Ayuntamiento dirigido por Rita Barberá y la investigación centra en buena parte sus esfuerzos en esclarecer qué penetración tuvo en el consistorio la red de trabajadores públicos que, presuntamente, aceptaban comisiones ilegales a cambio de otorgar suculentas adjudicaciones en la administración.

A un peldaño de Barberá

De momento, este nuevo caso en el que se investigan varios delitos de corrupción y blanqueo de capitales se ha cobrado tres arrestos de cargos del PP en el ayuntamiento valenciano y dos imputaciones. Todos ellos muy próximos a Barberá, que queda nuevamente señalada (como en el caso Nóos, el caso Emarsa, Gürtel o Valmor), pero evita de nuevo la imputación o el arresto por un único peldaño. Al ser senadora y estar aforada, su detención solo podría producirse si el Tribunal Supremo pidiese una autorización previa al Senado.

En el capítulo de detenciones municipales, resultaban en cambio afectadas la exconcejal de Cultura María José Alcón (que es, además, reciente esposa de Alfonso Grau, exvicealcalde de la ciudad a su vez procesado por el caso Nóos) y la actual secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, persona que entró de la mano de Barberá al consistorio, y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, “personal de confianza del grupo popular” —según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano— que no fue identificado.

El nombre de los imputados (ahora investigados, según la nueva nomenclatura tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) tampoco es baladí. El más significativo es Alfonso Novo, presidente del PP en Valencia y portavoz popular municipal, que tras el paso de Barberá al Senado al no conseguir ser alcaldesa se convirtió en el sucesor de la ahora senadora. Pero llama la atención que también haya resultado imputado el asesor municipal Luis Salom, beligerante responsable de redes sociales conocido por bloquear a discreción a tuiteros discordantes y que saltó a la palestra estatal por haber registrado las marcas Guanyem Barcelona y Guanyem València para intentar imposibilitar su uso a las nuevas plataformas políticas. Todos ellos deben presentarse a declarar este miércoles ante el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye el caso, en compañía de un abogado.

“¿Hablamos de Irán?”

Hace una semana, cuando la exalcaldesa reapareció en su primera rueda de prensa en Valencia tras seis meses de silencio reconvertida en senadora, se le preguntó por su relación en los casos Nóos y Valmor o por los gastos superfluos durante su etapa al frente de la alcaldía desvelados por Compromís bajo la etiqueta de #RitaLeaks. Por toda respuesta concedió: “¿Hablamos de Irán?”.

A mediodía de ayer, tras conocerse las primeras detenciones del día, el PPCV convocó una rueda de prensa en su sede en la que la presidenta regional del partido, Isabel Bonig, evitó comparecer. En su lugar hablaron la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, y el presidente provincial del partido, Vicente Betoret, quien relevó a Rus en el cargo, habiendo trabajado mano a mano con el de Xàtiva hasta su destitución. Además de leer un comunicado y mostrarse sorprendidos y preocupados por las detenciones, Ortiz aseguró que Rita Barberá estaba en su casa “tranquilamente”. Y respondió a los periodistas que habían preguntado por ella con referencias, de nuevo, a Irán y a Venezuela.

La diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que desató la investigación, vaticinó por la tarde que habría “más detenciones” y “más sorpresas” en los próximos días, porque a su parecer este no es el caso Imelsa o el caso Diputación, sino "la punta del iceberg de un caso mucho más grande". "Es muy difícil creer que Rita Barberá estaba al margen de todo", advirtió Pérez Garijo, considerando las detenciones practicadas como el último escudo que le quedaba a la exalcaldesa.