Esta es la historia del “atrapador atrapado”. Del que dice luchar contra las drogas y comercializa con ellas, o del que asegura perseguir a los malos… para acabar quedándose con su botín. Según datos del ministerio de Interior, entre 1990 y 2016 fueron detenidos 85 miembros de la Guardia Civil por “delitos relacionados con el tráfico de drogas”. Sólo el año pasado se produjeron nueve detenciones, alcanzando el mismo récord anual que en 2004 y 2010. Málaga, Almería y Algeciras son los destinos que más se reiteran en este listado de la vergüenza.

Tales datos aparecen en la respuesta enviada por el gobierno del PP al senador de EH Bildu Jon Inarritu, quien solicitó información sobre los integrantes de la Guardia Civil, Policía, Ejército, Agencia Tributaria y agentes de policías locales y autonómicos detenidos por tráfico de drogas “durante los últimos cuarenta años”. En el párrafo previo a su consulta, Inarritu citaba lo ocurrido a principios de este año en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor (Sevilla), donde “se había detenido a la mitad de los agentes” de su plantilla “como presuntos autores de un delito de narcotráfico”.

Además, el senador abertzale recordaba que “son numerosas y periódicas las noticias informando de la detención de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas” por este tipo de delitos. Por tales motivos, preguntaba además “cuántos casos se han producido de desaparición o robos de alijos de drogas custodiados en dependencias policiales o judiciales en los últimos 40 años”, así como “en cuántas ocasiones se han localizado alijos de drogas en vehículos, embarcaciones, aviones o helicópteros oficiales” a lo largo de esas cuatro décadas.

Del mismo modo, Inarritu reclamaba que el gobierno aportase los “datos de funcionarios policiales o militares detenidos por narcotráfico en otros Estados miembros de la Unión Europea”, al tiempo que pedía al gobierno su valoración sobre si los “niveles de delitos” por parte de “algunos miembros” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas “son usuales en la Unión Europea”.

Respuesta parcial

Varias de sus preguntas ni siquiera fueron respondidas por el gobierno, que se limitó a ofrecer datos relacionados con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Eso sí, en un periodo bastante inferior al que pretendía Inarritu. En el caso de la Benemérita, los datos de las 85 detenciones de agentes corresponden a los últimos 26 años. Sólo se especifica el número de detenidos por año y las provincias en que se produjeron. De acuerdo a esa información, a lo largo de esos años hubo detenciones de guardias civiles en 22 provincias, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla.

El informe no habla de condenas, pero alcanza con repasar la hemeroteca para encontrar varios casos de integrantes de la Guardia Civil que recibieron sentencia firme por su vinculación con el narcotráfico. Uno de los últimos –y más escandalosos- ocurrió en Málaga, donde en octubre pasado fue condenado el exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de esa ciudad, Valentín Fernández, por varios delitos contra la salud pública y falsedad.

En el caso de la Policía Nacional, el gobierno señala que “solo se dispone de datos a partir de la fecha en la que tal información es registrada y debidamente auditada conforme a los criterios del Sistema Estadístico de Criminalidad”. De esta manera, el periodo sobre el que se ofrece información arranca en 2011 y concluye en 2016. A lo largo de esos años se produjeron 28 detenciones de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Del periodo analizado resalta la cifra registrada en 2015, con nueve detenciones –dos en Madrid, otras dos en Ourense y una en Málaga, Sevilla, Murcia, Valencia y Melilla respectivamente-. El año pasado hubo cinco casos, de los cuales dos se registraron en Barcelona. Los restantes, según datos de Interior, fueron en Cantabria, Ceuta y Sevilla.

Ahora está, ahora no está

La respuesta ofrecida a Inarritu también permite conocer que entre 2011 y 2016 hubo 48 casos “en los que se ha sustraído drogas en dependencias policiales”. La provincia en la que se produjo el mayor número de “sustracciones” ha sido Madrid, con ocho episodios. Le sigue Cádiz, con seis. El resto de casos se reparte por distintas zonas de la geografía española a norte, sur, este y oeste. En ese contexto, el Ejecutivo informa también que “la Guardia Civil tiene conocimiento de un caso de desaparición de drogas en sus dependencias oficiales en Granada, en el año 2016”.

Asimismo, el documento señala que en 2014 se registró en Ávila un caso de “extravío de drogas en dependencias policiales”, mientras que dos años más tarde ocurrió lo mismo en un juzgado de Córdoba. Ni una sola palabra sobre el desenlace de ambas historias.