La Justicia europea ha retirado la inmunidad parlamentaria al expresident Carles Puigdemont, allanando, de esta manera, el camino a la extradición. Sin embargo, cualquier procedimiento judicial que tenga que ver con él o los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, también de JxCAT, sigue condicionado a la decisión de los tribunales europeos.

Por el momento, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha revocado la decisión provisional de concederles la inmunidad temporal, al menos,hasta que resuelva el recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de aceptar el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo. Esto puede suponer que se reactiven las euroórdenes en su contra, que quedaron paralizadas cuando asumieron su escaño en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, queda por resolver la cuestión que planteó el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al Tribunal de Justicia europeo (TJUE): decidir si mantiene o retira la orden europea de detención de los tres eurodiputados implicados en el Procés, puesto que, a pesar de haber sido retirada la inmunidad, no se puede retomar a vía judicial, en Bélgica (que decide sobre Puigdemont y Comín) y Escocia (que resuelve sobre Ponsatí), hasta que lo ordene el TJUE.

Su entrega vulneraría derechos fundamentales

Llarena acudió a la Justicia europea una vez que las autoridades judiciales belgas habían denegado la entrega del exconseller Lluis Puig, puesto que, desde Bélgica, entienden que el órgano competente para instruir dicha causa no es el Supremo, sino un tribunal catalán. Además, consideran que su entrega vulneraría sus derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Y es que, hasta la fecha, los tribunales escoceses y belgas no se han mostrado proclives a los intereses españoles en ninguna de sus decisiones.

Llarena solicitó al TJUE que se pronunciara sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una euroorden, así como las razones para su denegación y, con su respuesta, decidirá si mantiene, retira o emite nuevas órdenes respecto al expresident, los dos exconsellers y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, todos ellos procesados en rebeldía por los delitos de sedición, malversación o desobediencia.

De hecho, la sentencia de hoy se hace eco de esta cuestión, recordando que, hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, las euroordenes dictadas contra los eurodiputados se han suspendido: "mientras el Tribunal de Justicia no se pronuncie en el asunto prejudicial, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", destaca la resolución.

Sin embargo, esto llevará un tiempo, puesto que el TJUE ha acordado tramitar la cuestión prejudicial por el procedimiento ordinario y no acelerado.