Catalá intenta frenar la revuelta de jueces y fiscales contra la reforma que favorece a los corruptos encausados

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, intentará refrenar este martes las protestas de los fiscales y jueces, que han reaccionado con alarma a una reforma del Gobierno que supone, a su juicio, toda una autopista para la impunidad de los corruptos y de las grandes redes criminales.

El ministro de Justicia acudirá este martes a la Fiscalía General del Estado para reunirse con los miembros del Consejo Fiscal para explicarles la razón por la cual no piensa suspender la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que entra en vigor el 5 de diciembre, a tan sólo 14 días de las elecciones generales.

Todas las asociaciones de fiscales y casi todas las de jueces –excepto la conservadora APM, que también cuestiona la reforma- han pedido al Gobierno que recapacite y que suspenda su entrada en vigor. Incluso 1.000 fiscales firmaron en sólo cuatro días una carta pidiendo al Ejecutivo que aplazara su entrada en vigor.

La razón de la alarma estriba en que la reforma impone plazos fijos a la instrucción de las causas penales, de 6 meses si son sencillas y de 18 meses si son complejas. Pero no aporta medios para que los juzgados puedan cumplir con este objetivo, cuando se encuentran saturados en esta larga crisis económica, y faltos de recursos humanos y medios materiales.

La reforma establece, además, que es el fiscal el que impone al juez instructor el tiempo máximo de instrucción hasta el límite de 18 meses.

El Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial… Todos los órganos de consulta prelegislativa emitieron informes contrarios, pero el Gobierno de Mariano Rajoy siguió adelante sin tener en cuenta estas observaciones.

Los especialistas y catedráticos de Procesal llevan meses clamando contra el conflicto que trae consigo la reforma. Sin embargo, el Gobierno ha hecho oídos sordos a unos y otros.

La sorpresa llegó el pasado 6 de octubre cuando se publicó la reforma en el Boletín Oficial del Estado: no sólo seguía adelante, sino que establecía un plazo de dos meses para su entrada en vigor –vacatio legis–, cuando lo habitual en reformas de esta profundidad es que este plazo sea de 6 meses o de un año, para dar tiempo a la adaptación a todos los operadores.

El resultado es que la reforma entrará en vigor a sólo 14 días de las elecciones, por lo que impedirá que el nuevo Gobierno que surja de los comicios pueda suspenderla, porque será una ley en vigor.

“Lo que solicitamos es que prorrogue la vacatio legis, para que no entre en vigor el 5 de diciembre”, sostiene Álvaro García Ortíz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. “Podría hacerlo a través de un Real Decreto, y habría que preguntarse la razón por la cual Rafael Catalá no quiere aplazarlo”.

La lectura de jueces y fiscales es que esta reforma favorecerá a las grandes redes criminales. Estas redes contratan a grandes despachos para localizar resquicios legales y quedar impunes y mueven dinero a gran velocidad entre paraísos fiscales, lo que obliga a los juzgados a entrecruzar comisiones rogatorias entre países e islas de nombre exótico, con el fin de conseguir la documentación necesaria para juzgar un caso.

Además de las grandes redes de corrupción económica, otros de los beneficiados van a ser los casos de corrupción política, según denuncian estas asociaciones.

Se calcula que en los juzgados y tribunales hay en fase de instrucción 1.400 causas de corrupción política –de alcaldes para arriba-, de tal manera que la limitación fija del tiempo de instrucción favorece a estas grandes tramas corruptas.

La Ley olvida que hay numerosas diligencias que requieren tiempo desde que se solicitan hasta que se cumplen. Por ejemplo, sólo la primera época de la trama corrupta de Gürtel ha supuesto más de 40 comisiones rogatorias giradas a Suiza, para desentrañar la trama del dinero público supuestamente robado a la sombra del PP.

Catalá no ha escuchado, por ahora, a las seis asociaciones de jueces y fiscales, que en un comunicado han tildado su reforma de toda una “ley de punto final” a los casos de corrupción en trámite.

Y allí donde los profesionales ven que su aplicación práctica supone una autopista a la impunidad para el crimen organizado –ya sea político o económico-, el ministro considera que, en realidad, lo que ocurre es que los fiscales y jueces se resisten al cambio.

Al ser una reforma procesal, significa que afectará tanto a los casos nuevos como a los que están aún “vivos” en los juzgados. En otras palabras, los fiscales deberán revisar los 700.000 casos de importancia que se tramitan en los juzgados y tribunales.

Poca gente sabe que los fiscales no están conectados telemáticamente con los juzgados, sino que cada causa tiene un número en sus registros. Por ello, tendrán que ir de juzgado en juzgado pidiendo al Letrado –el anterior secretario judicial- que le facilite las carpetas de cada caso penal abierto.

Se da la circunstancia de que la reforma no va acompañada de partida económica alguna para lograr esta revisión de 700.000 causas, mientras que el plazo de los 6 meses corre a favor de los encausados.

Ante las críticas surgidas, Catalá acaba de anunciar que elaborará un Reglamento para que los Letrados pongan orden en cada juzgado ante el lío que se va a organizar… Anuncio que ha hecho cundir la alarma entre asociaciones de Letrados. El Sisej, sindicato de secretarios judiciales, denuncia que nadie ha negociado nada con ellos y que desconocen el papel que se les piensa otorgar.

Mariano Rajoy ha logrado el doblete en esta legislatura: ha puesto por segunda vez en su contra a todos los operadores jurídicos, caracterizado por el eterno enfrentamiento entre profesionales, profesiones, colegios, asociaciones, departamentos universitarios...Si el primer plante unánime lo obtuvo su exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón con la generalización de las tasas judiciales, esta vez su sucesor, Rafael Catalá, se lleva el premio gordo al ponerse el proceso penal por montera.

Una reforma que, además, tiene un nombre de lo más evocador: Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (sic).