Este artículo se publicó hace 2 años.
Castilla y León defiende su "autonomía" para aplicar "cualquier protocolo" a embarazadas
La Junta integrada por PP y Vox pide al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
El Gobierno de la Junta de Castilla y León, integrado por PP y Vox, ha contestado en la noche de este domingo a través de un comunicado a la dura advertencia del Gobierno de que se abstenga de aprobar o aplicar medidas contra la ley del aborto.
La Junta ha asegurado que tiene "plena autonomía" para aprobar cualquier "protocolo" que "establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas" y ha pedido al Gobierno de España que se abstenga de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".
"Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", ha argumentado. La Junta no menciona en ningún momento las medidas sobre el aborto anunciadas por el vicepresidente Juan García Gallardo -como escuchar el latido fetal- y habla de "medidas de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia".
De esta forma, la Junta señala que lo anterior se aplicará "siempre sobre tres premisas: el respeto absoluto a la ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes".
El Gobierno ha hecho un requerimiento formal al Ejecutivo de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" ante el plan antiabortista anunciado a mediados de esta semana por Juan García Gallardo.
En un comunicado difundido a los medios, el Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".
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