Carmen Montón (Burjassot, 1976) llega al nuevo equipo de Gobierno de Pedro Sánchez desde el Govern de Ximo Puig en València, pero su nombre ya ha estado presente en varios de los grandes avances sociales que llegaron durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Montón fue ponente en el Congreso de las iniciativas que alumbraron la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y también la ley del aborto.

Es licenciada en Medicina por Universitat de València y ha sido diputada en el Congreso durante tres legislaturas. Completó su formación con un máster en estudios interdisciplinares de género y es una de las destacadas feministas del partido, en el que ha sido secretaria de Igualdad hasta este año, cuando tomó el relevo la nueva ministra de Igualdad, Carmen Calvo.

En la actualidad, la nueva ministra viene de abanderar las reformas en el sistema sanitario que el PP ensayó en la Comunitat Valenciana de la mano de Eduardo Zaplana y que Esperanza Aguirre importó rápidamente en la Comunidad de Madrid: la gestión privada de la sanidad pública. El pasado marzo, el hospital que dio nombre a este modelo sanitario, La Ribera, de Alzira, volvía a ser público tras 18 años gestionado por la empresa Ribera Salud. La decisión de Montón de no renovar la concesión no fue sencilla, ya que la empresa decidió litigar la reversión de la externalización de este hospital en los tribunales.

Hasta en nueve ocasiones han dejado claro los jueces que el proceso era correcto y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia decidió no suspender cautelarmente el proceso. Esta es sólo una de los cinco concesiones sanitarias de este tipo en la región, aunque el Gobierno Valenciano prometió acabar con todas según fueran finalizando los contratos.

Montón tiene claro el motivo de la reversión de este sistema de gestión: "No sale más barata al contribuyente ni aporta más calidad asistencial”, afirmó en una entrevista a Público el pasado abril. En concreto, las concesiones adeudaban en 2016 más de 260 millones de euros por liquidaciones a la Generalitat y Montón anunció la "intención de cobrarlos en nombre de los valencianos". Su nombramiento como ministra es un claro mensaje de lo que Sánchez quiere hacer con la Sanidad, del mismo modo que lo es el nombre de la Consellería que dirigía la nueva ministra en València: Sanidad Universal y Salud Pública.

Aunque con unas competencias transferidas a los Comunidades Autónomas, el papel de Montón será buscar acuerdos y facilitar el diálogo entre las consejerías de Sanidad y el Gobierno Central. No obstante, siempre ha sido una firme defensora de un cambio "urgente" en modelo de financiación autonómica. La nueva ministra apostaba desde la Consellería por establecer unos porcentajes mínimos sobre el PIB que, en el caso de la Sanidad, “podría fijarse en el 7% por ciento".

Sanidad Universal

Uno de los grandes objetivos de Montón en València ha sido devolver el derecho a la atención sanitaria a todo el mundo, incluidos los inmigrantes en situación irregular que, en 2012, quedaron excluidos del Sistema Nacional de Salud por Real Decreto. En 2015, la Consellería valenciana emitió un Decreto Ley que volvía a incluir a las personas indocumentadas en el sistema sanitario de Valencia, pero el Gobierno Central recurrió este decreto ante el Tribunal Constitucional, que acabó anulándolo por invadir las competencias del Gobierno Central (cinco magistrados emitieron un voto particular contra esta sentencia). Ahora, el nuevo Gobierno tiene muy fácil volver a incluir a los migrantes en istuación administrativa irregular en el sistema público de salud derogando el polémico Real Decreto de 2012.

También ha sido una gran detractora del copago farmacéutico que el PP instauró en el mismo Real Decreto que excluía a los migrantes. Desde la Consellería ha ido aprobando ayudas autonómicas a para medicamentos y ortoprótesis, sobre todo destinadas a pensionistas de rentas bajas. Unas decisiones que hacen pensar que quedan muy pocos días de copago.

Convenio con la patronal de la industria farmacéutica

Otro de los grandes retos de la Ministra de Sanidad será la renovación o la reforma del acuerdo entre el Estado y la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria. La compra de medicamentos es una de la partidas de gasto más importante para las administraciones, y el precio depende en buena medida de los convenios del Gobierno con Farmaindustria. Desde 2015, Hacienda, Sanidad y la patronal que agrupa a más de 160 laboratorios farmacéuticos acordaron que el aumento de gasto en medicamentos innovadores no puede superar el crecimiento de PIB, después de años consecutivos de incrementos en los que el gasto farmacéutico superó los 13.000 millones de euros. Las voces críticas con este acuerdo afirman que se trata de un convenio que, a largo plazo, prima la compra de medicamentos de marca sobre los genéricos, más baratos.

Son las propias Comunidades Autónomas las que deciden si suscriben con Farmaindustria este convenio, sin embargo, Hacienda obligó a firmarlo a las Comunidades que recibían dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Comunitat Valenciana estaba entre estas comunidades y la propia Montón afirmó que el Gobierno ponía a muchas comunidades "entre la espada y la pared" al obligarlas a formar un convenio que , además "desincentiva la adquisición de fármacos que no sean de marca y, por tanto, la búsqueda de otros mecanismos que puedan servir para abaratar el gasto". En definitiva, dijo Montón, es un "acuerdo a favor de la industria y no de las comunidades". De hecho, el PSOE anunció en la campaña electoral de 2015 que no mantendría ese pacto si llegaba al Gobierno.

Desde Farmaindustria no tardaron en reaccionar al cambio de Gobierno y automáticamente ofrecieron "colaboración y diálogo" al Ejecutivo socialista y este miércoles se ha mostrado como un "aliado" de las nuevas ministras de Sanidad y Hacienda para "garantizar la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario español".