BARCELONA.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que su Govern prepara una ofensiva para reivindicar la construcción del corredor mediterráneo, haciendo piña con el ejecutivo valenciano y otros aliados y denunciando ante la Unión Europea los "incumplimientos del Estado español".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, en el pleno de este miércoles en el Parlament, Puigdemont ha explicado que el próximo lunes el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, se reunirá con la consellera valenciana de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.

Una reunión que, según Puigdemont, debe servir "para empezar a tejer las alianzas imprescindibles para que el corredor mediterráneo vaya prosperando", con la complicidad de otros territorios que pueden estar interesados, como Baleares, Murcia o Andalucía.

Puigdemont convocará en las próximas semanas el primer encuentro de una "mesa estratégica por el corredor mediterráneo", en la que espera que se impliquen "administraciones y agentes económicos y sociales".

El Govern quiere establecer asimismo una "interlocución" directa con las instituciones europeas para "explicar que el Estado español no está cumpliendo" sus compromisos para que el corredor mediterráneo sea una realidad.

"En el Estado español nos sentimos muy solos", ha denunciado Puigdemont, que en respuesta al presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha garantizado que este proyecto es de su "máxima prioridad".

La de hoy ha sido una sesión de control atípica, en la que el proceso soberanista sólo se ha abordado de refilón y en el que no ha habido menciones a la reunión celebrada ayer entre Puigdemont y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en el Palau de la Generalitat.

Declaraciones del IRPF

La presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado que el Govern "está obligando" a funcionarios de la Generalitat a presentar sus declaraciones del IRPF en la ventanilla de la Diputación de Barcelona, que posteriormente las derivará hacia Hacienda.

Según la jefa de la oposición en Catalunya, el Govern está utilizando a los funcionarios como "conejillos de indias": "Les quieren hacer partícipes de sus estructuras de Estado, los obligan a participar de su obsesión separatista".

En la réplica, Puigdemont ha exigido a Arrimadas que "deje de hacer servir a los funcionarios como arma política" y les permita "trabajar tranquilamente", porque hasta ahora los únicos que están siendo perseguidos judicialmente por el proceso soberanista son, según ha recordado, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por su papel en la organización de la consulta alternativa del 9-N.

Recursos financieros

El presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol, ha alertado por su parte de que, según las agencias de calificación, las finanzas de la Generalitat están cerca de la "quiebra".

García Albiol ha asegurado que Catalunya es "económica y financieramente menos independiente que en 2012", ya que si entonces el 4% de su endeudamiento estaba en manos del Gobierno central, ahora el porcentaje se eleva al 60%.

En la réplica, Puigdemont ha recalcado que es "obligación" del Gobierno central proveer de recursos financieros a la Generalitat y ha denunciado que, pese a ello, "no cumple nunca bien ni a tiempo".

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al Govern que impulse un "gran pacto por el trabajo" con los agentes sociales y económicos, algo que Puigdemont no descarta siempre que no se utilice la "demagogia".

El presidente del grupo de Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, ha reclamado la derogación de órdenes de copago de servicios públicos "que engullen los recursos de muchas personas".

Por otro lado, y a pregunta del diputado de la CUP Benet Salellas, Puigdemont ha asegurado que el Govern se siente "muy cercano" a la reivindicación del derecho de autodeterminación del pueblo kurdo y ha expresado su "preocupación" por la situación de los derechos humanos en Turquía, un país con el que quiere que la Unión Europea mantenga "las mejores relaciones".